Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se espera que «Pequeño J» y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

Fuente: NA

La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. Si matan a un delincuente, los policías recibirían hasta 150% de premio en sus salarios.

Una medida similar, bautizada “bono del Lejano Oeste”, estuvo vigente 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

Esta bonificación “incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”, criticó el miércoles en X el diputado federal de izquierda Henrique Vieira, electo por Rio de Janeiro.

“La seguridad no se logra mediante la barbarie”, aseveró.

Para su entrada en vigor, el texto aprobado el martes por amplía mayoría, debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

En los años 1990, los agentes de la policía militar, legado de la dictadura (1964-1985), tenían derecho a esa bonificación.

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar un bono de hasta 150% de su salario “cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales”.

“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, dijo Djeff Amadeus, abogado de la ONG Instituto de Defensa de la Población Negra.

La población afro es la que sufre más muertes a manos de la policía, según las estadísticas.

Esta ley podría “abrir la puerta a que la prima se extienda a la policía militar y a otros miembros de las fuerzas del orden”, agregó Amadeus.

El año pasado, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio, esto es, casi dos personas por día, según cifras oficiales. Este total representa sin embargo una caída de 19% respecto a 2023 (871).

Fuente: Contexto Tucumán

Barcelona se convirtió en escenario de un fallo judicial sin precedentes en España. El Juzgado de lo Social número 31 dictaminó que los efectos adversos provocados por la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca pueden ser considerados accidente laboral, marcando un hito en la jurisprudencia nacional.

La resolución favorece a Pedro García, docente de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó, quien en 2021 recibió la vacuna como parte del grupo de trabajadores esenciales.

Semanas después, García desarrolló una trombosis severa que lo mantuvo hospitalizado durante más de tres semanas, incluyendo una semana en cuidados intensivos. El diagnóstico médico apuntó a una trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria, una reacción reconocida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El profesor, que entonces tenía 45 años, fue convocado a vacunarse en febrero de 2021, en plena campaña de inmunización nacional. Según relató, la asignación de la vacuna se realizó en función de su rol laboral, lo que lo llevó a recibir AstraZeneca en lugar de otras alternativas disponibles para su grupo etario.

Tras presentar una demanda con el respaldo del abogado Francesc Feliu, especialista en Derecho Sanitario, el tribunal reconoció que existía un vínculo directo entre la vacunación y la actividad profesional del afectado. El fallo, emitido el pasado 17 de marzo, establece que las secuelas médicas sufridas por García deben ser tratadas como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica beneficios adicionales en términos de cobertura y protección social.

La Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA), que agrupa a decenas de personas en situaciones similares, celebró la sentencia como “el primer gesto de justicia” tras años de lucha. “Es un reconocimiento público al recorrido de estos cuatro años de silenciamiento”, expresaron desde la organización.

Actualmente, García continúa bajo seguimiento médico debido a la obstrucción permanente de la vena que conecta con el hígado. Aunque su estado funcional es estable, los especialistas advierten que podrían surgir complicaciones en el futuro.

Este fallo abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de otros trabajadores esenciales que hayan sufrido efectos adversos similares, y plantea un precedente

Fuente: NA