El Gobierno de Donald Trump analiza retirar hasta 200.000 visas de negocios y turismo a extranjeros que solicitaron o están solicitando asilo en Estados Unidos. La medida todavía no es definitiva y podría enfrentar desafíos judiciales.

La mayor revocación de visas de Estados Unidos

La administración Trump prepara una nueva medida para endurecer la política migratoria estadounidense. El plan contempla la posible revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que ingresaron al país como visitantes y posteriormente solicitaron asilo.

De concretarse, sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.

Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por Associated Press (AP) y declaraciones de funcionarios estadounidenses, el Gobierno trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los extranjeros alcanzados.

El anuncio oficial podría realizarse durante las próximas semanas, aunque el proceso todavía puede sufrir modificaciones y eventualmente enfrentar impugnaciones judiciales.

¿Qué pasará con las personas afectadas?

La cancelación de una visa no implicaría automáticamente una deportación inmediata.

De acuerdo con funcionarios citados por AP, muchas de las personas cuyos pedidos de asilo continúan pendientes serían reclasificadas. Sin embargo, perderían el estatus de visitantes de negocios o turistas que les otorgaba la visa B1 o B2.

El Departamento de Estado confirmó que trabaja con el DHS para detectar a extranjeros que ingresaron bajo la condición de visitantes de corta duración y luego iniciaron solicitudes de asilo con la intención de permanecer en Estados Unidos.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, señaló que la cantidad definitiva de visas que podrían ser revocadas todavía no está establecida, ya que la revisión continuará de manera progresiva.

La investigación comenzó luego de que el Departamento de Estado recibiera información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre solicitudes de asilo presentadas por titulares de estas visas.

Qué son las visas B1 y B2

Las visas B1 están destinadas principalmente a viajes relacionados con negocios, mientras que las B2 corresponden a turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.

El Gobierno estadounidense sostiene que algunas personas utilizan estos permisos para ingresar como visitantes y posteriormente iniciar pedidos de asilo con el objetivo de permanecer en el país.

Actualmente, quienes solicitan una visa B1 o B2 deben demostrar que tienen intención de regresar a su país de origen y que no planean solicitar asilo en Estados Unidos.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó públicamente a quienes, según su postura, utilizan las visas de visitantes para acceder al sistema de asilo.

El endurecimiento de la política migratoria de Trump

La posible revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 se suma a otras medidas impulsadas por la administración Trump para endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros.

Entre ellas figuran mayores controles sobre el historial de los solicitantes en redes sociales, fianzas para determinados trámites y restricciones en la emisión de visas para ciudadanos de algunos países.

Durante los últimos 18 meses, además, el Departamento de Estado revocó alrededor de 175.000 visas a personas condenadas o acusadas de delitos, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol, violación y robo. También se retiraron permisos a personas involucradas en determinadas manifestaciones públicas contra políticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Medio Oriente.

La nueva iniciativa tendría una escala considerablemente mayor si finalmente alcanza a las 200.000 personas estimadas.

También buscan aumentar el costo de las visas H-1B

El endurecimiento migratorio también alcanza a las visas de trabajo.

La administración Trump volvió a proponer una tasa de US$103.265 para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, utilizadas principalmente para profesionales especializados como científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el cargo permitiría recuperar costos relacionados con la administración del sistema de inmigración legal.

La propuesta retoma una medida que Trump había intentado aplicar en septiembre de 2025, cuando estableció una tasa de US$100.000.

Sin embargo, en junio un juez federal bloqueó aquella orden después de una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Los estados argumentaron que el cobro constituía un impuesto ilegal que excedía las facultades del Ejecutivo y las atribuciones del Congreso.

Mientras esa decisión continúa bajo revisión judicial, la Casa Blanca busca avanzar nuevamente con el cargo mediante otra vía regulatoria.

Actualmente, Estados Unidos otorga alrededor de 85.000 visas H-1B por año.

El turismo de maternidad también está bajo la lupa

Otra práctica cuestionada por la administración Trump es el denominado turismo de maternidad, mediante el cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Trump intentó en distintas oportunidades limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero esas iniciativas fueron cuestionadas judicialmente y no lograron avanzar, incluso después de intervenciones de la Corte Suprema.

En este contexto, el Gobierno también busca impedir que las visas destinadas a visitantes sean utilizadas como mecanismo para permanecer en Estados Unidos mediante solicitudes de asilo.

La eventual revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 podría convertirse así en un nuevo frente de conflicto judicial y marcar otro capítulo del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Con información de iProfesional

Un despliegue de más de 9.500 kilos de carga

La misión humanitaria es coordinada por el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa argentino, en conjunto con la XV Brigada del Ejército Nacional de Colombia y autoridades locales.

El operativo comenzó el 18 de agosto, cuando desde la I Brigada Aérea de El Palomar partieron un Hércules C-130 y un Embraer ERJ-140 de la Fuerza Aérea Argentina.

Los aviones trasladaron personal, equipamiento y aproximadamente 9.500 kilos de carga, incluyendo una planta potabilizadora de agua por ósmosis inversa, una cocina de campaña, carpas sanitarias y equipos de comunicaciones.

El contingente está encabezado por el coronel Miguel Ángel Wissinger y reúne especialistas en comando, comunicaciones, sanidad, intendencia y tripulaciones aéreas.

Ayuda para comunidades de difícil acceso

Tras arribar al aeropuerto El Caraño, en Quibdó, los militares argentinos se incorporaron a la Unidad Ejecutora del Apoyo a Colombia y comenzaron a coordinar las tareas junto con las autoridades colombianas.

El 20 de agosto, parte del personal se trasladó hasta Pie de Pató, en el municipio de Alto Baudó, donde entregó alimentos, material sanitario y otros elementos de asistencia humanitaria a comunidades de difícil acceso.

En Quibdó también fue instalada una cocina de campaña con capacidad para elaborar hasta 1.500 raciones diarias.

Potabilización y distribución de agua

Uno de los principales objetivos del operativo es garantizar el acceso a agua segura.

La planta potabilizadora instalada por el contingente argentino tiene una capacidad proyectada de 30.000 litros de agua potable por día.

Además, bioquímicos argentinos realizan análisis de las fuentes de agua para controlar el proceso de potabilización y garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

El sistema de ensachetado permite producir alrededor de 10.000 sachets de agua, destinados a las poblaciones que más necesitan asistencia.

Las tareas se concentran en el Centro de Acopio Bodegas del Pacífico, ubicado en el sector Cabi de Quibdó, donde también funciona el centro logístico de la gobernación local.

Asistencia médica y prevención sanitaria

El personal de Sanidad Militar argentina también brinda apoyo al contingente y trabaja en coordinación con el hospital de Quibdó.

Entre las especialidades desplegadas se encuentra traumatología, mientras que los equipos sanitarios realizan jornadas de medicina preventiva, vigilancia epidemiológica y controles de las condiciones sanitarias en la zona afectada.

La misión argentina continuará desarrollando tareas de asistencia junto a las autoridades colombianas para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.

Con información de TN

Un importante procedimiento contra el narcotráfico se llevó a cabo en las últimas horas en Bolivia, donde fueron secuestrados 378 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en un camión frigorífico.

El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y se realizó durante la madrugada del jueves 20 de agosto en el puesto de control de La Pintada, en el departamento de Tarija.

Según la investigación, el vehículo tenía como destino la ciudad boliviana de Bermejo, uno de los principales puntos utilizados para el ingreso de droga hacia territorio argentino.

La droga estaba escondida en un doble fondo

Durante la inspección del camión, los agentes detectaron un compartimiento oculto en la estructura de la caja frigorífica.

En el interior había cientos de paquetes con forma de ladrillo, recubiertos con nylon amarillo y cinta transparente. Los envoltorios estaban distribuidos en los laterales y en parte del techo interno del vehículo.

Las pruebas realizadas en el lugar confirmaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína.

El procedimiento formó parte del denominado plan “Escudo Verde”, implementado por las autoridades bolivianas para impedir que grandes cargamentos de droga lleguen a los pasos fronterizos y a los sectores utilizados para cruzar el río Bermejo hacia Argentina.

Detuvieron al conductor

Como consecuencia del operativo fue detenido el conductor del camión, Gerardo A.V.L., de 40 años, quien era el único ocupante del vehículo.

El hombre quedó a disposición de la Justicia boliviana.

La fiscal que interviene en la causa, Paola Gómez, explicó que el comportamiento del camionero durante la inspección generó sospechas y llevó a los agentes a realizar una revisión más exhaustiva del transporte.

Fue entonces cuando descubrieron el lugar donde se encontraba escondida la droga.

La investigación apunta al ingreso de la cocaína a Argentina

Los investigadores buscan ahora establecer dónde debía descargarse el cargamento en Bermejo y reconstruir la logística utilizada por la organización.

La hipótesis es que la droga sería trasladada posteriormente hacia Aguas Blancas, en Salta, para ingresar a territorio argentino y continuar su distribución hacia distintas localidades del norte del país.

Las autoridades bolivianas consideran que el procedimiento permitió impedir el ingreso de una importante cantidad de cocaína a la Argentina y representa un fuerte golpe para las organizaciones que operan en el corredor Tarija-Bermejo-Aguas Blancas.

Por el momento, no se informó oficialmente el valor económico del cargamento.

Con información de Contexto Tucumán