El caso del triple crimen de Florencio Varela suma un nuevo capítulo en los tribunales de Perú. Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, enfrentó este viernes una audiencia en el Juzgado de Chilca, en Lima, por su extradición.

Su abogado defensor, Marcos Sandoval, rechazó la extradición a la Argentina de “Pequeño J” y afirmó: “El acusado es inocente de todos los cargos. No existen pruebas sólidas que lo vinculen con los crímenes en Florencio Varela”.

También buscó explicar por qué escapó a su país. “Al ver su nombre y apellido en la televisión y en las crónicas de Argentina, como se encuentra solo y tiene 20 años, pensó: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?’. Esa ha sido la idea de mi patrocinado para venir al Perú”.

Además, el abogado resaltó la presunta trayectoria laboral de “Pequeño J”, quien es señalado como líder de una banda narco. “Él tiene que volver a trabajar. Siempre se dedicó a recolectar arándanos y vender medias de manera ambulante. También trabajó como albañil en la construcción y tiene que volver a trabajar”, dijo, agregando que es un joven que puede aportar mucho a la sociedad y al Estado peruano.

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa”, objetó Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar.

En su alegato, Sandoval solicitó que se otorgue la libertad condicional a “Pequeño J”, quien permanece detenido en Perú tras la captura realizada por la policía local a pedido de Interpol.

“Pido la libertad de mi patrocinado para que pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo. Es joven y tiene mucho por dar a la sociedad y al Estado peruanos. En consecuencia, solicito que se aplique el principio de humanidad para él”, planteó el defensor.

La acusación formal contra el joven incluye cargos por homicidio agravado con alevosía y violencia de género, delitos que en la Argentina podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

En paralelo, la investigación en territorio argentino avanza sobre la supuesta participación de Matías Agustín Ozorio, considerado la “mano derecha” de Valverde.

Ozorio, que fue expulsado de Perú y llegó el jueves a Buenos Aires con chaleco antibalas, se negó a declarar en su primera indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas. “Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó el fiscal.

Fuente: TN

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se espera que «Pequeño J» y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

Fuente: NA

La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. Si matan a un delincuente, los policías recibirían hasta 150% de premio en sus salarios.

Una medida similar, bautizada “bono del Lejano Oeste”, estuvo vigente 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

Esta bonificación “incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”, criticó el miércoles en X el diputado federal de izquierda Henrique Vieira, electo por Rio de Janeiro.

“La seguridad no se logra mediante la barbarie”, aseveró.

Para su entrada en vigor, el texto aprobado el martes por amplía mayoría, debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

En los años 1990, los agentes de la policía militar, legado de la dictadura (1964-1985), tenían derecho a esa bonificación.

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar un bono de hasta 150% de su salario “cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales”.

“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, dijo Djeff Amadeus, abogado de la ONG Instituto de Defensa de la Población Negra.

La población afro es la que sufre más muertes a manos de la policía, según las estadísticas.

Esta ley podría “abrir la puerta a que la prima se extienda a la policía militar y a otros miembros de las fuerzas del orden”, agregó Amadeus.

El año pasado, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio, esto es, casi dos personas por día, según cifras oficiales. Este total representa sin embargo una caída de 19% respecto a 2023 (871).

Fuente: Contexto Tucumán