Buena parte de las familias coinciden en que los integrantes de la Armada son responsables. Aseguran que los propios tripulantes del San Juan les hablaban sobre las irregularidades y fallas en la nave.

A dos años de la desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, la Justicia intenta determinar los motivos por los que se produjo la mayor tragedia en la historia de la Armada Argentina en tiempos de paz. El expediente que se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, le tomó testimonio a más de 120 personas e incorporó 50 cajas con documentación acerca de la unidad naval, además de las fotografías de la nave en el lecho marino que fueron tomadas por la empresa Ocean Infinity.

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En este contexto, la Justicia tiene probado que el agua ingresó al tanque de baterías N° 3 a través de la válvula E19, un mecanismo de ventilación «by pass» que se abre y cierra para permitir el flujo de aire que luego se utiliza, entre otras cosas, para recargar las baterías. La norma indica que mientras la unidad navega debe permanecer cerrada, pero por algún motivo no impidió el paso del líquido.

Para determinar qué ocurrió la Justicia analiza un documento clave. Durante la navegación de julio de 2017, tres meses antes de la tragedia, el Capitán Pedro Martín Fernández, había alertado que en una maniobra de snorkel se produjo el ingreso de agua al ventilador de batería de proa. «La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la E19», afirmó. En otras palabras, la válvula no cerró correctamente.

¿El mecanismo se reparó entre julio y noviembre de 2017?; ¿Los altos mandos de la Armada Argentina dejaron que el submarino zarpe con un inconveniente de esta clase?; sí se solucionó la falla, ¿se hizo correctamente? Estas preguntas son las que motivaron a la Justicia a llamar a indagatoria a siete integrantes de la fuerza. Los primeros siete imputados. En rigor, numerosos testigos aseguraron que para haber solucionado esta cuestión el submarino debió haber ingresado a dique seco, lo que no ocurrió en los últimos 45 meses.

Entre los imputados se encuentran Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; José Marti Garro, jefe de operaciones del COAA; Eduardo Malchiodi, jefe de mantenimiento de la Armada; Jorge Andrés Sulia, exjefe logística del COFS; Hugo Migle Correa, exjefe de operaciones de la fuerza; y Héctor Alonso, el jefe del Estado Mayor del COFS al momento del hundimiento.

Villamide y López Mazzeo son dos imputados importantes para el expediente. Para la Justicia son las autoridades que pueden decir si el submarino estaba en condiciones de navegar y no podían desconocer el estado en el que se encontraba la nave al momento de zarpar. «Todos estaban alertados por la válvula E19», repiten entre las fuentes con acceso al expediente.

Buena parte de las familias coinciden en que los integrantes de la Armada son responsables por la tragedia. Aseguran que los propios tripulantes del San Juan les hablaban sobre las irregularidades y fallas en la nave.

Otro reclamo de los familiares es que se periten las imágenes del submarino en el lecho marino. Desde la justicia aseguran la mayoría de los peritos navales están vinculados a la Armada y que esperan una conclusión del fabricante alemán del ARA San Juan, Thyssen-Krupp, que accedió a las imágenes y emitirá una especie de dictam.

Fuente: Diario Panorama