El unitarismo porteño que se expresa en la distribución de los recursos que el gobierno nacional destina a publicidad oficial es obsceno. No hay criterio lógico que resista el hecho de que los medios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan recibido el 70 por ciento de los más de 3200 millones de pesos que se destinaron a la pauta publicitaria oficial entre enero y septiembre de este año. Ni siquiera el obsoleto criterio de dar más avisos a los medios con más alcance justifica que más de 2 mil de esos 3200 millones se hayan otorgado a medios de la ciudad donde viven apenas tres de los cuarenta millones de habitantes del país, dicho en números redondeados, claro está.

Para graficarlo con datos exactos, vale un recorte sobre los medios gráficos: en los primeros 9 meses de 2020 solo el diario Clarín recibió 78.450.418 pesos, es decir más del doble de los 35.957.203 destinados a diarios y periódicos de la provincia de Santa Fe. Lógicamente ese monto que se distribuyó en apenas diez de las varias decenas de medios gráficos santafesinos es mucho más insignificante aún si se lo coteja con los más de 441 millones que fueron a los medios porteños, que son porteños aunque a muchos de ellos se los califique como ¨nacionales¨ en el informe oficial que brinda los datos y se difundió hace unos días.

Sería necio negar que ejemplares de Clarín y otros diarios ¨nacionales¨ se distribuyen en todas o varias de las provincias argentinas y por ende son líderes en la venta de ejemplares a nivel nacional; pero hasta si el parámetro fuera mera o principalmente el de la circulación, la desproporción entre lo recibido por las publicaciones gráficas con sede en Capital Federal respecto de lo otorgado a las del resto del país sería muy notoria.

Con todo, ni aunque fuera en proporciones parejas es válido como criterio exclusivo o principal el de que a más distribución, más pauta. En estos tiempos de oligopolios de la comunicación que responden a intereses de grandes corporaciones privadas, al propósito inicial de la inversión en pauta oficial que es difundir las acciones del gobierno de turno se debería agregar, con el mismo o mayor nivel de importancia, el criterio de promover la pluralidad de voces, indispensable si se entiende como derechos humanos básicos de la vida de estos tiempos a la comunicación, el acceso a la información, la libertad de expresión.

En cuanto a lo de la pluralidad, promoverla implica revisar la distribución tanto para revertir la tendencia de engordar a los glotones grandes grupos que desde su posición dominante ya se comen también la mayoría de la inversión publicitaria del sector privado como para desconcentrar el reparto de los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Porque probablemente ni el más salvaje unitario del siglo XIX hubiera podido explicar esta manifestación tan impúdica de centralismo porteño que parte de calificar como ¨nacionales¨ a medios con domicilio legal en la Capital Federal.

Ya se ha hecho mención al rubro gráfico, en el que la denominación de ¨nacionales¨ a algunos medios porteños podría sostenerse en el hecho de que su distribución exceda los límites de la city gobernada por Rodríguez Larreta, en contraposición a los del resto de los distritos del país que suelen circular solamente en ciudades o provincias. Es decir, si se toman sus versiones impresas y sus circulaciones territoriales, puede que Clarín sea más ¨nacional¨ que La Capital de Rosario, que no llega regularmente a otras provincias. Pero nuevas tecnologías mediante, lo de la territorialidad se desvanece, como en el caso de los portales de noticias de internet, que están todos a un click de cualquier lugar del mundo por lo que vendrían a ser todos ¨mundiales¨ Sin embargo, en el informe oficial también se le llama ¨nacional¨ a la web de Clarín mientras la de La Capital sigue siendo de ¨Rosario, Santa Fe¨. Aquí la desproporción de unitarismo también es enorme: 80 a 20. Y las webs santafesinas recibieron 5 millones sobre un total de 323 millones de pesos asignados.

Centralismo cooperativo

Lo de engordar a los más voluminosos y lo del porteñismo se manifiesta incluso más crudamente si se mira desde otro recorte posible, como el de la distribución de pauta a medios gráficos cooperativos. Por un lado, las cooperativas editoras recibieron solo unos 13 millones de los 671 millones invertidos en diarios y periódicos impresos. Y al mismo tiempo las cooperativas de la Capital Federal se llevaron 11 millones mientras sus pares del interior recibieron apenas 2 millones.

Lo de la discriminación a las cooperativas respecto de las empresas privadas refulge en algunos casos puntuales: en Resistencia, la capital chaqueña, se editan cuatro diarios y todos fueron destinatarios de pauta oficial, pero los tres privados se llevaron en total casi 9 millones de pesos mientras que al Diario de la Región, empresa recuperada por sus trabajadores organizados en una cooperativa de trabajo desde el año 2003, recibió 104.785 pesos. En la ciudad cordobesa de Villa María, en tanto, son dos los diarios y el privado, Puntal, percibió 884.761 pesos mientras que al también recuperado por sus trabajadores Diario del Centro del País se le otorgaron 418.450 pesos, pese a que éste último vende no menos de cinco veces más ejemplares que el primero.

Proyectos hay

Aunque ni la mayoría de los legisladores ni el Ejecutivo tengan el tema al tope de su agenda en estos todavía pandémicos días, son varios los proyectos de regulación de la distribución de la pauta publicitaria oficial presentados en el Congreso Nacional. Y todos prevén establecer criterios generales a la hora de la asignación de campañas y avisos publicitarios. La iniciativa del diputado cordobés y del Frente de Todos Pablo Carro dice en su artículo 2 que ¨la distribución de la publicidad oficial se rige por los principios de transparencia, federalismo, interés público, utilidad pública, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad, eficiencia y eficacia del gasto público, igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución, diversidad, no discriminación, accesibilidad y respeto a la libertad de expresión¨.

El proyecto de Carro también prevé que para asignar las partidas se deben combinar cinco criterios: alcance del medio en función de su circulación o audiencia; pertinencia del mensaje en función de la especialización del medio y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje, zona geográfica, fomento del federalismo y de las pequeñas y microempresas de comunicación y fomento de la pluralidad de voces.

En cuanto a cómo combinar estas premisas, precisa que el criterio de alcance no puede superar el 50 por ciento de la ponderación total, que los criterios de fomento del federalismo y pymes y fomento de la pluralidad de voces no pueden ser inferiores al 20 por ciento y que el monto asignado a cada proveedor no podrá ser superior al 25 por ciento del total previsto. También fija que ningún proveedor en forma individual, o grupo de proveedores que se encuentren vinculados mediante participación societaria, puede recibir más del 15 por ciento del monto total previsto para cada semestre.

En el plano provincial tampoco hay regulación de criterios para asignar las partidas correspondientes a la publicidad oficial. Sí hay ingresado a la Legislatura un proyecto del diputado Carlos del Frade que establece que se debe destinar un 33 por ciento de esas partidas a los medios cooperativos, comunitarios y populares.

Santa Fe es una de las pocas provincias que publica los datos sobre cómo se utilizaron los fondos destinados a publicidad, tal como lo hace el gobierno nacional.

Salir del sótano

Esto que sucede con la distribución de la pauta oficial no es nuevo, no se le puede achacar exclusivamente a la actual gestión, que además todavía está a tiempo de ir modificando criterios y así lo vienen anunciando algunos de sus funcionarios. Tiene que ver con una configuración estructural del vínculo entre los establishment de los medios, la economía y la política que es tan difícil como urgente transformar. Así se expresa en el pronunciamiento rubricado por sindicatos de prensa y redes de medios cooperativos, comunitarios y populares, que se va a difundir masivamente a partir de este domingo 11 de octubre, en el marco de un nuevo aniversario de la aprobación, en el año 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego cercenada durante el período de gobierno macrista. En el texto se señala que hoy ¨la propiedad de los medios de comunicación aún sigue concentrada y centralizada en pocas manos¨y eso ¨daña y atenta contra la calidad de la vida democrática¨, por lo que ¨son necesarias reformas en la política de comunicación¨ de los distintos niveles del Estado. ¨La más urgente es la federalización y la democratización de la pauta publicitaria pública¨, se puntualiza luego. ¨Su distribución se ha convertido en otro sótano de la democracia, donde las grandes corporaciones se llevan la mayor parte de estos recursos económicos destinados a difundir las políticas de Estado¨, se concluye en ese sentido.

Fuente: El Departamental.