La línea telefónica 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar presiones dentro de las organizaciones sociales para entregar parte del monto de un plan social a cambio de mantenerlo, o extorsiones para participar de marchas como la que encabezará mañana la CGT en el marco de un paro general, recibió en un mes 57.300 llamados. Dentro de ese universo, 30 movimientos sociales quedaron mencionados en 3515 denuncias.

En un informe de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al que accedió LA NACION, se menciona un caso de la zona de Guernica (partido de Presidente Perón, en el sur del conurbano bonaerense), en el que una beneficiaria del plan Potenciar Trabajo denuncia que una referente de un movimiento social le pedía una transferencia que varió entre los $5000 y los $10.000, para mantener el beneficio.

Esa denunciante también afirmó que fue dada de baja en noviembre del año pasado y aportó el número de cuenta de la persona a la que debía transferirle el dinero (realizaba pagos por ella y por su marido, que también recibía un plan social).

Entre las pruebas aportadas en esa denuncia (las identidades de sus protagonistas se preservan), figura una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp en la que la referente denunciada recuerda: “No se olviden que tienen que realizar la transferencia del 20%. El bono es de $20.000, el 20% es $4000. Y el depósito del beneficio de $25.000, por lo tanto el 20% será de $5000?.

En un mensaje anterior, la misma referente aclara: “Todo aquel que no responda, que no envíe comprobante o captura para reclamar, será dado de baja automáticamente para darles la oportunidad a otros chicos que lo necesitan”.

Un planteo similar que se recibió en la línea 134, según el informe del ministerio, tiene como sede el distrito de Berazategui, también en el sur del Gran Buenos Aires. Bajo anonimato, una persona acusó a la referente de la agrupación a la que pertenece de exigirle durante tres años $27.000 de un plan que cobra, y $3000 por cada bono percibido. Como en el caso anterior, aportó el nombre, el apellido y el CBU de la persona acusada.

Otra denuncia al 134 que consta en el informe sobre “instigación o coacción para cortar calles, rutas o avenidas” llegó desde Wilde, partido de Avellaneda. Una mujer, que brindó su identidad, pero se la mantiene en reserva, señaló que la referente de su cooperativa “le pide un aporte de 3000 pesos en efectivo y transferencia”, y apuntó que, “para faltar a una marcha, tiene que pagarle al suplente 3000 pesos el mismo día de la marcha”. Además, según consta en el informe, “si no abona, la amenazan con darle de baja el plan Potenciar Trabajo”. La denunciante ofreció datos como el CUIT y el CBU de la referente contra la que apuntó su acusación.

En 20 de los casos denunciados, quienes se comunicaron al teléfono habilitado por el ministerio que conduce Bullrich aportaron el CBU o el alias de las cuentas bancarias de los referentes de organizaciones sociales que los habrían presionado.

Según la información recopilada en la línea 134, se presentaron 927 denuncias ante el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y más de 1200 fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

En el listado de 30 agrupaciones que figuran en el informe de la cartera de Seguridad aparecen las vinculadas a partidos de izquierda y las que orbitan en sectores de Unión por la Patria. Están el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, Barrios de Pie, Libres del Sur, el Frente Darío Santillán, la CTA y el Movimiento Teresa Rodríguez. También, otros grupos como CUBA-MTR, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentinas Rebeldes, Forja, Movimiento 17 de Octubre, Movimiento 17 de Noviembre y El Cambio es Posible.

Completan la lista de agrupaciones denunciadas las denominadas William Cooke, Las Américas, Felipe Vallese, Agrupación Desocupados de Eva Perón, Evita Solano, Cooperativa Unión de Productores Familiares, Nuevos Pasos, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Agrupación Martín Fierro, Organización Corriente Pueblo Unido, Mariano Ferreyra, Frente de Organizaciones en Lucha y Movimiento Barrial de Trabajadores.

En tanto, en el tramo referido a las denuncias vinculadas al paro previsto para mañana que se consigna en el informe, se sintetizan tres llamados que llegaron desde Tigre, en los que se mencionan supuestas presiones a comerciantes para que participen de la movilización a la Plaza del Congreso.

En uno de los casos se hace referencia a una mujer que denuncia, por haberse enterado a través de la red social TikTok, que “se está obligando al pueblo a manifestarse en contra del Presidente” y puntualiza que hubo amenazas a comerciantes del Puerto de Frutos.

En otra llamada, una mujer aporta un audio que circuló en un grupo de WhatsApp en el que se habla de aprietes a puesteros para que asistan a la marcha porque, de lo contrario, serían despojados de sus espacios de trabajo. El mismo audio llegó también desde otra fuente que presentó una denuncia en la línea 134.

Fuente: Contexto Tucumán