De acuerdo a lo informado por la Policía de Córdoba, los delitos eran coordinados mediante teléfonos celulares ingresados de forma ilegal al establecimiento penitenciario.

Los operativos se llevaron a cabo en La Calera, donde efectivos policiales lograron aprehender a los implicados y secuestrar una importante cantidad de elementos vinculados a la causa. Entre lo incautado figuran más de dos kilos de cocaína, teléfonos, chips, cartuchos, sustancias de corte y dos motocicletas.

Durante las requisas realizadas dentro del penal, los agentes hallaron nuevos dispositivos móviles y estupefacientes, lo que permitió reforzar las pruebas contra los sospechosos.

Los cinco detenidos —tres de ellos internos del penal— quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación avanza para determinar el alcance completo de la red delictiva.

Fuente: NA

Las fuerzas federales y provinciales, con apoyo de buzos especializados, bomberos y peritos, comenzaron el rastrillaje en una de las lagunas más grandes y de difícil acceso del terreno propiedad de Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53), ambos imputados en la causa.

Se estima que los trabajos, coordinados por la Prefectura Naval y la Policía Federal, podrían extenderse por varias semanas, avanzando posteriormente hacia otras tres lagunas identificadas como puntos clave para esclarecer el misterio que rodea a Loan.

A pesar de los múltiples operativos y las diversas hipótesis judiciales, el paradero del niño de cinco años sigue siendo desconocido. Los siete principales sospechosos, entre ellos allegados y autoridades locales, permanecen bajo investigación mientras la esperanza se centra en este nuevo megaoperativo.

La causa, que conmueve a la provincia y al país, sigue abierta y ahora pone la mirada en el fondo de estas lagunas para hallar pistas que puedan aportar respuestas definitivas.

Por Móvil Quique con información de TN

Un día después, gracias a los datos aportados por los detenidos, se localizaron otros 228 kilos enterrados en un campo cercano, en la localidad de Antillas. El avión, que impactó de lleno contra un Volkswagen Gol utilizado para marcar la pista clandestina, dejó una escena de destrucción total.

Las investigaciones revelaron que se trata del segundo episodio aéreo vinculado al narcotráfico en los últimos dos años, aunque forma parte de una red que opera desde hace más de una década. El denominador común: el uso del espacio aéreo salteño como corredor de la “Ruta Blanca”, una vía utilizada para ingresar cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina.

Según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana, más de 200 avionetas dadas de baja en Estados Unidos fueron importadas y reacondicionadas en Santa Cruz de la Sierra, donde se calcula que operan unas 200 pistas clandestinas. Estas aeronaves, muchas con más de 30 años de antigüedad, son utilizadas para transportar hasta 500 kilos de cocaína por vuelo.

Las fuerzas de seguridad estiman que, por cada aeronave que cae o es incautada, al menos diez más siguen activas, cruzando la frontera a baja altura para lanzar su carga en fincas del sur salteño.

Entre 2018 y 2023, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) detectó más de 440 pistas ilegales en territorio boliviano, de las cuales unas 270 continúan operativas. Siete de cada diez avionetas caídas o decomisadas en Argentina tenían matrículas recicladas provenientes de Bolivia.

Los investigadores aseguran que la tragedia de Horcones es solo una pieza dentro de un engranaje criminal mucho más amplio, que combina logística profesional, pilotos formados en academias privadas y falta de control fronterizo.

“Cada tanto, una avioneta cae —señalan fuentes judiciales—, pero decenas más siguen volando con rumbo al sur argentino”.

Por Móvil Quique con información de Contexto Tucumán