La Cámara de Diputados sancionó en forma exprés un proyecto que permite acelerar los contratos con los laboratorios. La ley concede un «blindaje» a las empresas farmacéuticas y le permite al Gobierno ejecutar un procedimiento especial para aprobar la vacuna. Tres diputados mendocinos se opusieron.

A la Argentina todo le cuesta demasiado. Lidiar con el coronavirus y sus efectos económicos es una odisea. Pero la propia vacuna, que todavía no pasa de ser un deseo, ya es un problema.

En medio de una agenda explotada de temas y muchas rispideces políticas, la ley planteada por el oficialismo para acelerar contratos con los laboratorios que desarrollan la vacuna y permitir que el Gobierno nacional haga «reservas de producción», se hizo un hueco especial esta semana. La votó la Cámara de Diputados con rapidez, tras un tratamiento veloz en comisiones. Hubo avales opositores, pero quedaron flotando dudas y temores.

Esta discusión quebró la uniformidad habitual de Juntos por el Cambio. Los diputados por Mendoza de la coalición opositora votaron en forma diferente. La mayoría se inclinó a favor de la iniciativa, pero tres lo hicieron en contra. Entre ellos, nada menos que Alfredo Cornejo.

Tampoco apoyaron el proyecto oficialista los radicales Luis Petri y Jimena Latorre. Los tres legisladores de JxC lo hicieron como reacción a un artículo (número 9), que no había sido tratado en la comisión de Salud, sino que fue introducido en el recinto a la hora de votar.

El artículo vetado establece, según Petri, un acelerado e impreciso procedimiento para la aprobación de la vacuna cuando aparezca, que deberá durar menos de 30 días. “Es un cheque en blanco para el Gobierno”, cuestionó el radical. Según indicó el legislador, el día que se votaba esta ley, el país era noticia por acaparar nada menos que el 37,5 por ciento de los casos de Covid-19 a nivel mundial.

La idea principal de la ley es cumplir con exigencias previas de los laboratorios que trabajan en la solución para el coronavirus. De hecho, en la semana, se consideró que es una ley de “blindaje” para los laboratorios, que no podrán ser demandados por el Estado Nacional ante eventuales efectos adversos de la vacuna en los pacientes. O en todo caso, habrá que litigar en el exterior.

La “prórroga de jurisdicción” es una condición frecuente de las emisiones de deuda, pero también es un reclamo de los laboratorios abocados a elaborar la vacuna del Covid-19, según advirtió el Gobierno en la discusión de comisiones.

Pero para algunos diputados, ciertas cláusulas del proyecto fueron intolerables. “Esto es grave, porque han fijado un procedimiento que saltea la aprobación regular y normal de una vacuna”, aseguró Petri. El resto de los diputados mendocinos de JxC no votó en contra, pero se abstuvo en el artículo 9.

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“La vacuna es la luz al final del túnel”, contrapuso en los debates el presidente de la comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, quien defendió la prórroga de jurisdicción y otros beneficios para las empresas farmacéuticas como la indemnidad patrimonial, cláusulas de confidencialidad y exención en el pago de impuestos nacionales.

“¿No debería pasar por otras comisiones este proyecto, además de Salud?”, preguntó una diputada en la única reunión de comisión del 30 de setiembre. No pasó esto. En la comisión de Salud, un subsecretario (Mauricio Monsalvo, de Gestión Administrativa) y no el ministro Ginés González García fue el funcionario que lo defendió.

Pero no solo en el Congreso hubo quejas. El abogado mendocino Fernando Armagnague puso el grito en el cielo y advirtió que el proyecto desprotege a los pacientes.

Es que, si bien cualquier persona podría demandar al Estado Nacional ante efectos nocivos de la vacuna, para Armagnague los legisladores “no saben que el Estado Nacional no va a responder nunca”.

“No hay responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios porque la Corte, en la época de Lorenzetti, se encargó de modificar el artículo 1765 del Código Civil. El Estado Nacional solo puede ser demandado por una cuestión administrativa”, afirmó Armagnague.

Y aseguró, explícito: “La cuestión administrativa es de los estados locales, es decir, de las provincias. Es un engaña pichanga. El pobre huevón que se contagie o le pongan mal la vacuna, cagó, no puede demandar a nadie”.

La polémica incluso se ramificó en las redes sociales, con la suposición de que el proyecto torna obligatoria la vacuna del coronavirus. Esto fue desmentido en Diputados.

Una vez más: la vacuna del Coronavirus todavía no existe. En la Argentina, de todos modos, se están desarrollando varias pruebas en fases críticas (2 y 3).

Además, el Estado Nacional ha tenido contactos con los laboratorios Pfizer, Aztraseneca y la firma china Sinopharm, entre otras, y ha desarrollado al menos dos “contratos preliminares” para la adquisición de las dosis, según contó el subsecretario Monsalvo en la comisión de Salud.

Estados Unidos, para establecer un parámetro en este sentido, ya firmó cuatro contratos por una cifra sideral de dosis. Argentina, en contraste, solo cuenta con un protocolo de la OMS que le permitiría vacunar al 10 por ciento de los habitantes.

Queda a la vista que la carrera internacional por la vacuna es vertiginosa y millonaria. “Esto hay que resolverlo en un tiempo perentorio”, pidió Monsalvo. “Para hacer las compras, necesitamos los contratos”, apuró por su lado, el diputado oficialista Yedlin.

Salió el proyecto rápido en Diputados, como pedía el oficialismo, pero la última palabra la tiene el Senado.

Fuente: MDZ Online