Allanamientos, medidas de prueba y análisis de elementos secuestrados. Hay un imputado y puede haber más implicados.

La justicia analiza elementos tecnológicos hallados en un domicilio en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, que fue allanado en el marco de la causa en la que se investiga la difusión de un falso decreto presidencial que disponía la cuarentena por el coronavirus.

Los delitos por el cual hay una persona sospechada e imputada son «intimidación pública, interrupción de las comunicaciones y delitos conexos» respecto de F.B (por ahora solo se difunden iniciales), «y/o toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito».

El domicilio allanado es el de una de las personas que viralizó el mensaje y se investiga si fue él quien la originó. Por ello se analizan los elementos tecnológicos hallados en la vivienda.

La causa judicial que impulsan la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Horacio Azzolin comenzó con motivo de haber tomado conocimiento de que el día 19 de marzo estaba circulando, mediante redes sociales y sistemas de mensajería instantánea, información falsa, recibida en los teléfonos móviles del personal de esta Fiscalía, que daría cuenta de la existencia de un decreto presidencial en el que se dispondría la crisis nacional, cuarentena y la prohibición de circular desde las 15 horas del día de la fecha, junto con un enlace del Boletín Oficial de la República Argentina.

Ante la alarma social que podría generar, se dispuso abrir una causa penal y se ordenaron medidas de pruebas para dar con la identidad del remitente del mensaje.

Se compulsó la base del Ente Nacional de Comunicaciones, del que surgió que la empresa prestataria del servicio de telefonía del abonado xxxxxxx resultó ser la empresa Movistar.

Además, se requirió a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., a través de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina, “que remita, de manera urgente, los datos de facturación de la línea xxxxxxx, tales como domicilio, titular, medios de pago, números asociados, amigos, y demás información relativa a ese abonado”.

Del resultado de las medidas dispuestas se obtuvo que el referido abonado telefónico es utilizado por un usuario de la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, pudo establecerse que, de acuerdo a la información de geolocalización aportada por la División Ciberpatrulaje de la Policía Federal Argentina, el nombrado se encontraba utilizando su aparato celular en las inmediaciones de ese domicilio.

La hipótesis delictiva inicialmente investigada ha sido la posible comisión de los delitos de intimidación pública e interrupción de las comunicaciones.

Los fiscales pidieron el allanamiento del domicilio del imputado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires y el juez Luis Rodríguez, que intervino originalmente en el caso, lo dispuso en el domicilio de la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires.

En su denuncia, los fiscales pidieron que una vez obtenido el aparato celular utilizado por el denunciado, «se ordene la extracción o copia forense de la información contenida en él para luego buscar elementos de interés para la investigación, relacionados especialmente con la creación y/o la difusión del mensaje descripto en la presente y con la posible intervención de otras personas en los sucesos denunciados».

Esta operación de copiado no es técnicamente una pericia sino un resguardo de la evidencia del material secuestrado para su conservación adecuada y posterior análisis, asimilable a la copia de un objeto secuestrado, informaron las fuentes consultadas.

La búsqueda posterior de información entre los datos extraídos del dispositivo «puede implicar la observación de correspondencia y comunicaciones –incluidos sus registros- del imputado».

Los fiscales sugirieron además requerir a los funcionarios responsables de la administración de la web del Boletín Oficial de la República Argentina un informe que indique si la cantidad de visitas registradas al sitio a partir de la distribución del mensaje y si, eventualmente, si ello impidió su normal funcionamiento.

El informe podría acompañar los registros (logs) de visitas al sitio correspondientes al día del hecho y corroborar si la URL 12 contenida en el mensaje correspondía a una publicación legítima del Boletín Oficial, recomendaron los fiscales.

Fuente: Minuto Uno