La justicia citó a Belliboni y otros jefes piqueteros: podrían ir a la cárcel por extorsión con los planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Eduardo Belliboni para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales. Se les atribuye los delitos de extorsión y administración infiel sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.

Los números bajo investigación son por muchos ceros. Las agrupaciones piqueteras manejan mensualmente, cifras elevadas de dinero que provenía del Estado nacional. Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ’Asociación Polo Obrero’ y ’Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, dijo el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria.

El llamado a indagatoria incluye a otros referentes del Polo Obrero. El juez Casanello indicó que se comprobó, además, el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Esto podría representar operaciones de lavado de activos.

Se trató -continuó desarrollando el magistrado- de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”.

Es decir: “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, señaló Casanello.

El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.

Fuente: Contexto Tucumán