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Prepagas: una decisión judicial complica la devolución de dinero a los afiliados
Se trata de un trámite decidido por una jueza que puede alargar los plazos para decidir este tema clave.

La devolución de fondos por parte de las prepagas a los afiliados se puede alargar. Es que la demanda que impulsó el Gobierno contra el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas sufrió un revés en las últimas horas cuando la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira decidió cambiar de manos el expediente.
Sostuvo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados y remitió el caso a un proceso colectivo que impulsaron muchos ciudadanos comunes contra el DNU de Javier Milei.
Fue el DNU el que permitió los aumentos en las cuotas. Lo insólito de la situación es que, ahora, el propio Ejecutivo que habilitó la desregulación litigará, en un mismo proceso, junto a los afectados y contra las empresas que defienden esas subas.
El Gobierno pretendía que, en el marco de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga -las más importantes del mercado como OSDE, OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor-, “con carácter urgente” se les ordenara a esas empresas dejar sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que “solo se permita un eventual incremento” según un índice que establezca el tribunal.
También se buscaba “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”.
La sugerencia oficial, que receptaron tribunales en amparos individuales, aludía a permitir subas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Varias empresas salieron a defender en la causa los aumentos: no solo cuestionaron la legitimidad de la SSS para actuar, sino que afirmaron que lo que el Gobierno pretendía, en oposición a “la libertad” que fijó el decreto, era la derogación judicial de lo dispuesto por el propio DNU.
La jueza entonces le pidió a la fiscalía que opinara sobre la competencia en el caso “en razón de la materia, el territorio y el grado, como asimismo en función de los procesos colectivos que se encuentran en trámite vinculados a la cuestión aquí debatida”.
Con un guiño a la jueza, el fiscal Rafael Espínola advirtió que el “análisis de tales aspectos involucra, sin margen de duda, una evaluación por parte de V.S. de los alcances de la acción en trato, definiendo si la misma encuadra o no como proceso colectivo”, pero no opinó al respecto porque es “materia excluyente del Magistrado que interviene”.
Al analizar la cuestión, la jueza Maquiera sostuvo que “queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”.
Y subrayó: “la Superintendencia de Servicios de Salud no reclama en función de un derecho que le es propio, sino para tutelar los de los millones de afiliados a las empresas demandadas, que ‘…componen aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud’. De esta manera, la acción es promovida por la actora como órgano de fiscalización de las entidades de medicina prepaga, en virtud de cuyo rol se encontraría obligada a accionar ‘…para la preservación irrestricta de los derechos de los usuarios’” que resultaron perjudicados.
Según la magistrada, “debe tenerse en cuenta también que los bienes que se encuentran involucrados en el litigio -y en virtud de los cuales se acciona- revisten un claro carácter colectivo”. Y añadió que en la demanda del Ejecutivo se hace referencia a que el accionar de las demandadas “…agravia constitucionalmente EL DERECHO A LA SALUD…”. En función de ello, y en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, la jueza sostuvo que la demanda impulsada por el Gobierno es un actor más del proceso colectivo.
Y recordó que ya existe una demanda colectiva que impulsaron afiliados a prepagas contra el DNU de Javier Milei: la causa “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” que busca que se declare “la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023″.
Aquella acción de amparo fue promovida por el ciudadano Eduardo Santiago Wilson, en su carácter de asociado directo de Swiss Medical S.A., que entendió que el Poder Ejecutivo Nacional ha excedido, en forma arbitraria y manifiestamente ilegítima, sus facultades previstas en el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional, sin existir la necesidad y urgencia que en este se requieren al efecto.
El juez Juan Rafael Stinco abrió el 29 de diciembre pasado “el proceso colectivo no susceptible de división, puesto que lo que se persigue es el restablecimiento de funciones de contralor a un organismo especializado (la Superintendencia de Servicios de Salud), lo cual -según indica el Sr. Juez- ‘no puede ser declarado para algunos afectados y rechazado para otros, es decir actuales usuarios y los futuros o potenciales interesados en tales servicios’”.
“Se puede concluir que entre la causa colectiva ‘Wilson’ y estas actuaciones existe una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, lo que determina que ambos expedientes deban tramitar de manera conjunta ante un mismo magistrado para evitar el escándalo jurídico que implicaría el dictado de sentencias que sean contradictorias entre sí. Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a ‘la salud’ como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad”, dijo la jueza.
Fuente: NA
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Una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con pastillas de éxtasis y alcohol
La acusada Natalia Etcheverry había declarado que la nena había muerto de causas naturales por su enfermedad. Sin embargo, las sospechas del padre de la nena establecieron que fue un crimen.

Una mujer de 48 años podría ser condenada a prisión perpetua por haber asesinado con alcohol y éxtasis a su hija de ocho años con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. El crimen ocurrió en 2022 y la causa fue caratulada como homicidio doloso.
El juicio empezó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, en donde la fiscal Florencia Salas expuso las pruebas contra la imputada Natalia Etcheverry. Una de ellas es la pericia que corroboró que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y que consumió benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.
El caso fue dado a conocer el 30 de noviembre de 2022, cuando Etcheverry fue detenida en una casa en la calle Luzuriaga al 1200.
De acuerdo a la reconstrucción, su hija murió el 3 de septiembre de ese año. En ese momento, la mujer afirmó haber encontrado muerta a la nena, que tenía un retraso madurativo y trastornos epilépticos. Al no detectar indicios de golpes, los médicos certificaron que falleció por causas naturales.
Sin embargo, el padre de la nena se presentó en la fiscalía y aseguró que tenía sospechas de que Etcheverry pudo haber estado involucrada en el fallecimiento de su hija. De esta manera, la Fiscalía N°1 solicitó al Juzgado de Garantías la ex humación del cuerpo y se realizó una autopsia.
El avance de la investigación permitió localizar restos de metanfetamina y metilendioxi -compatibles con la droga conocida como “éxtasis”- en la casa de la acusada. Los peritos también detectaron una gran cantidad de alcohol en sangre en la víctima, correspondiente a un litro de vino o un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica. Con esas pruebas, detuvieron a la mujer.
En el juicio, la fiscalía argumentó que fue un “homicidio doloso”, ya que la droga y el alcohol fueron suministrados por Etcheverry con la intención de matar a su hija.
La defensa de la imputada pidió la absolución. En el caso de que no cumplir con esa petición, solicitaron que una sentencia menor por el delito de abandono de persona.
El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, anunciará la sentencia el 16 de septiembre.
Fuente: TN
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Se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas
Se buscará restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, comunicó en la Resolución 1038/2025 del Boletín Oficial que se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, en busca de restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Según el último Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, publicado el 26 de junio de 2025, “el consumo alcanzó a 316 millones de personas, lo que representa un aumento con respecto a la última década que supera el crecimiento de la población”.
Frente a este panorama, las autoridades nacionales destacaron la rápida expansión del mercado de drogas sintéticas en los últimos tiempos, la cual no muestra signos de desaceleración.
De esta manera, destacaron que es necesario la creación de un Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, con especial foco en las drogas sintéticas y las sustancias psicoactivas (NSP).
En la Resolución describen que tendrá como objetivo colaborar, a partir de la consolidación y análisis de la información disponible, con las áreas operativas y forenses de restricción de la oferta ilícita de drogas.
Asimismo, buscará convertirse en una “instancia de cooperación interinstitucional e internacional para la detección temprana de patrones y tendencias delictivas que puedan contribuir con las dinámicas de tráfico ilícito de estupefacientes, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos; y para el diseño e implementación de estrategias, políticas y acciones para brindarle una respuesta dinámica y eficaz”.
Las autoridades nacionales señalan en el escrito que se constituye como una herramienta clave en pos de “optimizar el uso de los recursos disponibles y perfeccionar el intercambio de información en un contexto en el que el tráfico ilícito de estupefacientes y, específicamente, el de drogas sintéticas y NSP requiere de respuestas estatales flexibles, adaptables y veloces”
Tenderá también al intercambio de información de carácter no sensible, que no afecten causas judiciales en curso, con otros actores de la Administración Pública Nacional y con otros organismos estatales e internacionales con competencia en la materia a nivel regional.
Acerca de qué estructura dependerá el Centro, confirmaron que será la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, que planteará los lineamientos estratégicos y la coordinación integral del mismo centro.
Dicha Secretaria tendrá como objetivo la “identificación temprana de tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas y el desvío de precursores químicos a nivel regional; y el diseño e implementación de estrategias y políticas para brindar una respuesta efectiva a esos problemas”.
Para que se cumpla el dictamen, se deberán respetar los objetivos específicos:
Centralizar y sistematizar información sobre el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el desvío de precursores químicos de carácter no sensible, que no afecte causas judiciales en curso.
Realizar análisis regulares sobre la situación del tráfico ilícito de drogas, focalizándose, fundamentalmente, en las drogas sintéticas y en las NSP en el país y la región.
Identificar y difundir información sobre tendencias, patrones o modalidades delictivas emergentes relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP y el desvío de precursores químicos.
Asesorar, técnicamente, para el desarrollo y la actualización de marcos legales y regulatorios que permitan un abordaje efectivo e integral de los desafíos planteados por las drogas, con énfasis en drogas sintéticas, NSP y precursores químicos.
Asesorar técnicamente en la implementación y en la utilización de nuevas metodologías y tecnologías para las áreas forenses, así como también, contribuir en las investigaciones científicas y aportar a la construcción de consensos en el área.
Apoyar técnicamente a la Subsecretaria De Lucha Contra El Narcotráfico en el diseño e implementación del Plan Nacional De Capacitación De Los Recursos Humanos Para La Lucha Contra El Tráfico Ilícito De Drogas dentro del “Plan Federal De Prevención De La Droga dependencia Y De Control Del Tráfico Ilícito De Drogas”.
Apoyar a la Secretaría De Lucha Contra El Narcotráfico Y La Criminalidad Organizada, y sus áreas dependientes, y a las Fuerzas Policiales Y De Seguridad Federales en la promoción de investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos.
Fuente: NA
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Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses
Sucedió después de una investigación articulada por pesquisas de Capturas de la PDI Región I en Santa Fe con policías de Investigaciones de Córdoba. Un llamado telefónico encendió las alarmas y confirmó una primera hipótesis que ubicaba a R. A. D., de 61 años, en la vecina provincia.

El pasado miércoles, en una esquina del barrio Marcos Sastre de la ciudad de Córdoba, el tiempo pareció detenerse para un hombre que llevaba meses intentando escapar de la justicia. R. A. D., de 61 años, acusado como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia, fue sorprendido y detenido por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, en un operativo conjunto con sus pares cordobeses.
La investigación
El arresto no fue fruto del azar. Desde hacía semanas, pesquisas de la División Capturas de la PDI Región I habían seguido las huellas del prófugo, que permanecía oculto desde junio, cuando la justicia santafesina había librado su captura. La tarea no fue sencilla: se requirió un minucioso entrecruzamiento de datos, seguimientos discretos y el intercambio de información entre ambas policías provinciales.
Sorprendido y aprehendido
La caída se produjo en plena vía pública. Los investigadores aguardaban el momento preciso y lo interceptaron sin darle margen de reacción. Testigos del barrio relataron que apenas se percibió el movimiento de los pesquisas, que actuaron con rapidez para neutralizar al sospechoso y evitar cualquier sobresalto en la zona.
Una vez asegurado, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Control de Córdoba. Paralelamente, la fiscal santafesina Jorgelina Moser Ferro inició los trámites de exhorto de extradición para que el acusado pueda ser trasladado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde lo espera la causa que lo señala como responsable de un delito de extrema gravedad.
Audiencia imputativa
Con esta captura, la PDI no solo logró cerrar un operativo de alto riesgo, sino también devolver a la justicia la posibilidad de avanzar en un expediente que había quedado en suspenso por la ausencia del imputado.
Fuente: Uno de Santa Fe
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