El senador Felipe Michlig celebró la decisión política y destacó:

“A partir de esta gran decisión política, este ambicioso proyecto de transformación lo vemos cercano y posible. Será una obra que potenciará el turismo y el desarrollo regional”.

Detalles de las licitaciones

📅 Fecha de apertura: 11 de noviembre
📍 Lugar: Club Caza y Pesca, Laguna La Verde – Huanqueros.

Se abrirán sobres correspondientes a dos licitaciones públicas:

1. Azud Nivelador Laguna La Verde, con un presupuesto oficial de $3.309 millones y un plazo de obra de 18 meses.
2. Obras de Puesta en Valor Laguna La Verde, con un presupuesto de $1.952 millones y un plazo de ejecución de 360 días.

Ambos proyectos cuentan con financiamiento internacional y tienen como objetivo convertir este espacio natural en un punto turístico clave para la región.

Detalles del Azud Nivelador

El proyecto contempla la construcción de un azud nivelador para elevar los niveles de embalse de la laguna, mejorando la gestión hídrica y asegurando la sostenibilidad ambiental.
Tendrá una longitud de 250 metros, una cota de +59,40 mIGN y bordos laterales a +60,00 mIGN, con obras complementarias como cuenco disipador y protecciones.

Obras de puesta en valor

El plan incluye una renovada costanera de 700 metros, tres nuevas rotondas y accesos, bicisendas, sendas peatonales, espacios verdes recuperados, parque lineal con juegos infantiles, alumbrado moderno, equipamiento deportivo y recreativo, forestación y una planta de ósmosis inversa con bebederos públicos.

Además, se proyectan bares, proveedurías y nuevos sectores de descanso, garantizando una infraestructura turística moderna, segura y accesible.

“Queremos que lo que hoy es un tesoro escondido se convierta en un lugar para que muchos puedan descansar, vacacionar y disfrutar de nuestra naturaleza con todas las comodidades”, concluyó Michlig.

Por Móvil Quique con información de Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR) —organismo que reemplazó a la ANMAC—, y establece un régimen especial de autorización y control para quienes deseen poseer este tipo de armamento.

Estas armas incluyen fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto semiautomáticas con cargadores removibles y calibre superior al .22 LR, es decir, modelos similares a los de uso militar, aunque adaptados para uso civil.

🧾 Requisitos clave para la tenencia

Según el texto oficial, los legítimos usuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

• Tener al menos cinco años de antigüedad como usuario de armas de uso civil condicional.
• No registrar sanciones ni actuaciones administrativas pendientes ante el RENAR.
• Contar con un Sector de Guarda tipo G2, con medidas de seguridad específicas para el almacenamiento.
• Presentar una declaración jurada con los fundamentos de la solicitud y fotografías del material (marca, modelo, número de serie, calibre, etc.).

🎯 “Usos deportivos probados”: el punto central

El nuevo régimen exige además que el solicitante acredite probados usos deportivos, lo que se podrá demostrar mediante:

1. Una certificación emitida por una Entidad de Tiro habilitada, que avale al solicitante como tirador asiduo.
2. La participación comprobada en torneos o certámenes de tiro nacionales o internacionales.

Asimismo, las entidades de tiro podrán solicitar estos materiales para uso compartido o con fines didácticos dentro de sus instalaciones.

El trámite tendrá un costo equivalente a una “Tenencia Express” más una “Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)”.

Con esta resolución, el RENAR deja sin efecto varias disposiciones anteriores del ex ANMAC, actualizando así el marco normativo para la tenencia de armas de uso civil condicional en el país.

Por Móvil Quique con información de Cadena 3

El relevamiento del organismo dependiente de la Presidencia de la Nación indicó que el proyecto, iniciado en 2010 con un presupuesto de $447 millones, alcanzó en 2025 un monto superior a $40.500 millones, es decir, un incremento del 9.000%.

🔹 Cifras que alarman:

• El avance físico de la obra llega al 95,61%, pero el avance financiero apenas al 59,44%.
• Existen diferencias superiores a los $1.100 millones entre lo certificado y lo efectivamente facturado.
• El plazo original de 36 meses se extendió a más de 10 años, con seis modificaciones contractuales y dos períodos de suspensión.

Según la SIGEN, la Dirección Nacional de Vialidad aplicó redeterminaciones de precios sin sustento técnico, alterando la ecuación económica original. Además, no se conformaron los comités de control previstos por ley, lo que generó una cadena de decisiones sin supervisión efectiva.

El proyecto —que nació como una simple autovía de doble calzada— se transformó en 2019 en una autopista de 130 km/h con puentes, distribuidores e intercambiadores, disparando los costos. “Lo originalmente previsto como tareas menores se convirtió en un trabajo totalmente distinto”, reconoció la propia contratista.

La obra atravesó cuatro gestiones presidenciales y se convirtió en un símbolo de la falta de control, planificación y eficiencia. Hoy, la auditoría concluye que el proyecto “evidencia deficiencias de planificación, cambios técnicos no justificados y débil control financiero”.

La autopista Rosario–Sunchales, que debía ser un ejemplo de conectividad regional, terminó siendo un caso testigo de burocracia, inflación y descoordinación estatal.

Por Móvil Quique con información de Infobae