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Alberto Fernández presentó a los miembros de su Gabinete

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El presidente electo dio a conocer los integrantes del Gabinete nacional y de los principales organismos del Estado, que asumirá el próximo 10 de diciembre.

El presidente electo, Alberto Fernández, presentó esta tarde a los integrantes del Gabinete nacional y de los principales organismos del Estado, que asumirá el próximo 10 de diciembre. “Sé de la calidad moral y la calidad técnica de cada uno de quienes me acompañan”, sostuvo Fernández y destacó: “Estoy muy contento porque somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad”.

Jefe de Gabinete: Santiago Cafiero. Es politólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Di Tella. Fue subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Buenos Aires, viceministro de Desarrollo Social, subsecretario de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires y subsecretario de Modernización.

Cecilia Todesca Bocco (vicejefa de Gabinete). Es economista, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue jefa de Gabinete y subgerenta de Relaciones Institucionales en el Banco Central de la República Argentina. Ocupó distintos puestos técnicos de alta responsabilidad en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Luis Basterra. Es ingeniero agrónomo, graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue Ministro de Producción de la Provincia de Formosa y Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es diputado nacional.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Juan Cabandié. Es docente de escuela primaria. Se encuentra cursando la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes y rindió materias de la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Fue Presidente del Bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteño. Impulsó iniciativas parlamentarias vinculadas al medio ambiente y a la salud alimentaria. Es diputado Nacional.

Ministerio de Ciencia y Tecnología: Roberto Salvarezza. Es bioquímico, graduado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el título de Doctor en Bioquímica. Fue secretario de Ciencia y Técnica, de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), coordinador alterno de la Comisión de Ciencias Química del Sistema de Evaluación del CONICET, presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director de YPF-Tecnología (YTEC) en representación del CONICET. Es diputado nacional.

Ministerio de Cultura: Tristán Bauer. Es director de cine, graduado en el Centro Experimental del Instituto Nacional de Cinematografía. Fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos y de la señal educativa Encuentro, y presidió RTA (Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado). Es director de la Licenciatura en Cine de la Universidad Nacional de San Martín.

Ministerio de Defensa: Agustín Rossi. Es ingeniero civil, graduado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario. Fue concejal en Rosario, ministro de Defensa, legislador del Parlasur y presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Es diputado nacional.

Ministerio de Desarrollo Productivo: Matías Kulfas. Es economista, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó una Maestría en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un doctorado en Ciencias Sociales en la misma casa de estudios. Fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, director del Banco de la Nación Argentina y gerente general del Banco Central de la República Argentina. Es profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín.

Ministerio de Desarrollo Social: Daniel Arroyo. Es politólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fue secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación, ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Es diputado nacional.

Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat: María E. Bielsa. Es arquitecta, graduada en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Fue directora de Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de Rosario, vicegobernadora de Santa Fe y diputada provincial por Santa Fe.

Ministerio de Economía: Martín Guzmán. Es economista, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Economía en la Universidad de Brown (Estados Unidos). Investigador y director del programa de Reestructuración de Deuda Pública de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) y miembro del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico (INET). Dirige, junto al premio Nobel Joseph Stiglitz, el programa de formación académica “Iniciativa para el diálogo”, de la Universidad de Columbia, que estimula un diálogo alternativo y crítico sobre políticas de desarrollo y globalización. Asesoró a la Asamblea General de la ONU en temas de reestructuración de deuda soberana.

Ministerio de Educación: Nicolás Trotta. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y se encuentra realizando un doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Tecnologías de Gestión de Jefatura de Gabinete. Es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y director general de la Editorial Octubre. Publicó el libro “Latinoamérica Piensa. Diálogos a fondo con los principales referentes del continente”.

Adriana Puiggrós (viceministra de Educación). Es pedagoga, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional de México y la distinción honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Tucumán. Recibió la beca de la fundación John Simon Guggenheim. Fue investigadora principal del CONICET y es profesora consulta de la UBA. Publicó 25 libros de su autoría y más de 50 en colaboración. Fue directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y diputada nacional.

Ministerio del Interior: Eduardo De Pedro. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es diputado nacional.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Marcela Losardo. Es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete y secretaria del Ministerio de Justicia.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta. Es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor. Se especializó en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, y en Ciencias Políticas y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación y en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ministerio de Obras Públicas: Gabriel Katopodis. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Postgrado en Gestión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y cursó los estudios de Maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, gerente general del Fondo de Capital Social (FONCAP), subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires e intendente de San Martín.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Felipe Solá. Es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es diputado nacional.

Ministerio de Salud: Ginés González García. Es médico cirujano, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Diplomado en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Administración en Salud, Especialista en Salud Pública del Consejo de Médicos de Córdoba, Diplomado como Médico Sanitarista en la Academia Nacional de Medicina y Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Fundación ISALUD con la Tesis “Políticas de Medicamentos basadas en la demanda”. Obtuvo los reconocimientos como “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Morón y de la Universidad de Buenos Aires. Fue ministro de de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Salud de la Nación y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante el Gobierno de Chile.

Ministerio de Seguridad: Sabina Frederic. Es antropóloga, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un Doctorado en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos; y un pos doctorado en la Escuela Normal Superior Laboratorio Maurice Halbwach, en Francia. Fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación, asesora del Ministerio de Seguridad y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora del CONICET.

Ministerio de Trabajo: Claudio Moroni. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue docente titular de la Cátedra de Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo de la Carrera de Relaciones del Trabajo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue titular de la AFIP, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de la Sindicatura General de la Nación, de la Superintendencia de Seguros de la Nación y consultor en seguros del Banco Interamericano de Desarrollo. También se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires y miembro del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Ministerio de Transporte: Mario Meoni. Fue Intendente de Junín, diputado provincial y director del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Ministerio de Turismo y Deportes: Matías Lammens. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente del Club Atlético San Lorenzo.

Secretaría de Asuntos Estratégicos: Gustavo Béliz. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, senador nacional y ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Secretario General de la Presidencia: Julio Vitobello. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de la Jefatura de Gabinete, estuvo al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y presidió la Oficina Anticorrupción.

Secretaria Legal y Técnica: Vilma Ibarra. Es abogada y procuradora, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue senadora y diputada nacional. Participó de la Convención Nacional Constituyente.

Procurador del Tesoro de la Nación: Carlos Zannini. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secretario de Gobierno Municipal en Río Gallegos, ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación.

YPF: Guillermo Emilio Nielsen. Es economista graduado en la UBA que transcendió por su rol clave como secretario de Finanzas en la renegociación de la deuda del 2005, por US$ 82.000 millones, considerada hasta entonces la mas grande de la historia, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

INADI: Victoria Donda. Es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es diputada nacional.

Banco Central: Miguel Pesce. Es economista graduado en la UBA. Entre los años 2004 y 2015 desempeñó el cargo de Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y Presidente del Comité́ de Fondo de Garantía de los Depósitos.

AFIP: Mercedes Marcó del Pont. Es economista, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue diputada nacional y presidenta del Banco Central de la República Argentina.

Consejo Federal de Políticas Sociales: Victoria Tolosa Paz. Es contadora, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata. Fue subsecretaria de Urbanismo Social de la Provincia de Buenos Aires. Es concejal de la ciudad de La Plata.

AYSA: Malena Galmarini. Es politóloga, graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano (Universidad de Belgrano). Fue secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del partido de Tigre. Es concejal en Tigre.

PAMI: Luana Volnovich. Es politóloga, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora nacional de Ampliación y Fortalecimiento de Derechos Educativos. Es diputada nacional.

 

Fuente: Vía País

 

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Politica

Presupuesto 2027: el Gobierno prepara cambios en el capítulo de discapacidad tras la polémica

El Gobierno nacional trabaja en una nueva redacción del apartado de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027, luego de las objeciones planteadas por aliados políticos y legisladores. La intención es alcanzar un texto consensuado y llevar modificaciones al proyecto de ley.

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Foto: Diego Santilli y Martín Menem durante las negociaciones por el Presupuesto 2027.

La propuesta oficial busca reemplazar el esquema de emergencia por una legislación permanente, aunque todavía se negocian los alcances de los cambios.

El Gobierno prepara una nueva propuesta

La polémica surgió después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso incluyera modificaciones vinculadas con el sistema de prestaciones por discapacidad.

Entre los cambios cuestionados se encuentra la eliminación de la actualización obligatoria de las prestaciones y la posibilidad de que las obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan sus propios valores.

Tras las críticas, funcionarios del Ejecutivo comenzaron a trabajar en una nueva redacción.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la diputada Laura Rodríguez Machado y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron una reunión para delinear una propuesta que será presentada a los sectores aliados.

Buscan reemplazar la emergencia por una ley permanente

Uno de los planteos que llevará el oficialismo a la comisión es reemplazar la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, por una legislación permanente.

Según la postura que expondrá el Gobierno, el nuevo esquema debería establecer objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, de manera de incorporar esos parámetros al Presupuesto 2027.

Una fuente del Ejecutivo señaló que buscan alcanzar un texto consensuado que permita pasar de una situación de excepcionalidad a un esquema permanente. Otra fuente sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a modificar parte de su propuesta, aunque no todos los puntos cuestionados.

Qué puede pasar en el Congreso

Si los aliados aceptan la nueva propuesta, el oficialismo pretende obtener un dictamen favorable la próxima semana.

A partir de allí existen distintas alternativas para avanzar con el tratamiento legislativo. Una posibilidad es tratar específicamente el tema de discapacidad y obtener su aprobación en Diputados. Otra es avanzar junto con el proyecto relacionado con la morosidad.

También se analiza que los cambios vinculados con discapacidad queden incorporados directamente al tratamiento del Presupuesto 2027.

El contenido definitivo todavía depende de las negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques que participan del debate.

También está en discusión la AUH

Otro punto del proyecto que genera debate está relacionado con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiares.

El Ministerio de Economía propuso modificar el mecanismo mediante el cual estas prestaciones se actualizan automáticamente en función de la inflación de los meses anteriores.

Desde la Casa Rosada señalaron que esa modalidad ya había sido planteada en los anteriores presupuestos enviados por la actual gestión, aunque los cambios no habían sido aprobados por el Congreso.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, señalaron que existe un compromiso de garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y mencionaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura se ubique alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

Un dato relevante sobre las prestaciones por discapacidad

En paralelo a esta discusión legislativa, este viernes el Gobierno oficializó una actualización del 1,7% para septiembre en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.

La Resolución 3487/2026 establece que el incremento se calcula sobre la variación del IPC de agosto y alcanza a las distintas prestaciones contempladas por el sistema.

De esta manera, mientras continúa el debate sobre el Presupuesto 2027 y el futuro esquema legal para el sector, el Congreso deberá definir el alcance de las modificaciones que finalmente serán incorporadas al proyecto.

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Quinta de Olivos: despidieron a 12 trabajadores por presuntas filtraciones y Casa Militar asumirá el control

El Gobierno confirmó el despido de 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, en medio de una reorganización vinculada con la seguridad de la residencia presidencial. Otros empleados serán reasignados y Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad.

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Foto: Quinta de Olivos, residencia presidencial donde se implementará el nuevo esquema de seguridad.

La decisión generó cuestionamientos de ATE, mientras que desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema busca reforzar la seguridad presidencial y reorganizar el funcionamiento interno de la residencia.

Doce trabajadores fueron despedidos

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, 12 trabajadores civiles fueron desvinculados de la Quinta de Olivos debido a presuntas filtraciones de información relacionada con la actividad que se desarrolla dentro de la residencia presidencial.

En un primer momento, desde ATE Presidencia habían informado sobre diez despidos y la posible reasignación de otros empleados. Finalmente, el Gobierno confirmó que fueron 12 las personas despedidas.

Otros trabajadores serán trasladados a distintas dependencias, mientras avanza una reorganización que contempla una reducción del personal civil que permanece en la Quinta.

Casa Militar asumirá el control

En paralelo con los despidos, el Gobierno anunció un cambio en la estructura de la Residencia Presidencial de Olivos.

La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de las funciones y los bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La reorganización también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Qué explicó oficialmente el Gobierno

Un punto central de la medida es que el comunicado oficial no menciona las filtraciones como fundamento de los despidos.

La explicación formal del Gobierno sostiene que los cambios tienen como objetivo fortalecer la seguridad y elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.

También se mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.

Las filtraciones fueron señaladas por fuentes oficiales como el motivo que habría precipitado la salida de los trabajadores, por lo que ambas explicaciones forman parte del contexto de la reorganización.

El reclamo de ATE

La medida fue cuestionada por la Asociación Trabajadores del Estado.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas con normalidad y que no recibieron explicaciones sobre las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, la delegada Melisa Abate había advertido inicialmente sobre los despidos y señaló que algunos empleados serían reasignados. También había planteado la posibilidad de que todo el personal civil fuera desafectado de la Quinta de Olivos.

Versiones sobre las supuestas filtraciones

En las últimas horas circularon distintas versiones sobre situaciones ocurridas dentro de la residencia presidencial. Entre ellas se mencionaron cuestiones relacionadas con la compra y el manejo de alimentos, el supuesto uso de elementos de la Quinta sin autorización y una versión sobre la intoxicación de uno de los perros del Presidente.

Estas situaciones no fueron confirmadas oficialmente en detalle.

De esta manera, la Quinta de Olivos atraviesa una reorganización que incluye 12 despidos, reasignaciones de personal y el traspaso de las funciones de seguridad a Casa Militar. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse dentro de los próximos 60 días.

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Politica

Biocombustibles: el Senado dio media sanción a una reforma que eleva los cortes obligatorios

El Senado aprobó por 41 votos contra 25 el proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles. La iniciativa eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%. Ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

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Foto: El Senado aprobó la reforma de la ley de biocombustibles.

La Cámara de Senadores dio media sanción a la reforma de la ley de biocombustibles, una iniciativa que establece nuevos porcentajes de mezcla obligatoria para los combustibles utilizados en el país.

El proyecto fija que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%, mientras que el de biodiésel aumentará del 7% al 10%. De acuerdo con la propuesta, los nuevos porcentajes comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La votación terminó con 41 senadores a favor y 25 en contra. Ahora el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Qué establece para las pymes de biodiésel

El tratamiento del proyecto pudo avanzar luego de que se alcanzara un acuerdo respecto de la participación de las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.

Las pymes buscaban conservar una participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto original contemplaba una reducción progresiva de esa participación hasta su eliminación en 2031.

Con las modificaciones acordadas, las empresas no integradas tendrán garantizado un piso mínimo del 4% entre el 1 de enero de 2031 y 2036, asegurando de esta manera una participación dentro del mercado durante ese período.

Los argumentos durante el debate

La presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, sostuvo que el dictamen busca preservar las capacidades productivas existentes y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema con mayor competencia y apertura a nuevas tecnologías.

Según explicó, la iniciativa no solamente modifica los porcentajes de corte, sino que también establece reglas sobre el abastecimiento y la comercialización de los biocombustibles.

Respecto del biodiésel, destacó que se plantea una transición hasta 2036, con una reducción progresiva de la participación reservada a empresas no integradas.

La senadora de Independencia Beatriz Ávila respaldó el aumento del corte al 15% y sostuvo que la reforma puede tener impacto en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional.

También destacó la importancia de la caña de azúcar para las provincias del norte, particularmente para Tucumán, y vinculó la reforma con la reducción de emisiones, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el senador y exgobernador tucumano Juan Manzur apoyó la iniciativa y señaló que puede beneficiar a pequeños productores y a las economías regionales de su provincia.

Desde Córdoba, la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo destacó el desarrollo de la industria de biocombustibles en esa provincia y señaló que Córdoba concentra, según sus declaraciones, casi el 70% de la capacidad instalada de producción de etanol.

En una posición diferente, el senador peronista Fernando Salino planteó reparos sobre distintos aspectos del proyecto. Entre sus cuestionamientos, señaló que algunas cuestiones deberían quedar establecidas en la propia ley y no ser delegadas a la reglamentación.

A su vez, la senadora Carolina Moisés, presidenta de Convicción Federal, manifestó su respaldo al proyecto y destacó su vínculo con la actividad azucarera de la provincia de Jujuy.

La iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada para determinar si finalmente se convierte en ley.

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