Politica
Bullrich lanzó un programa para que todos los presos trabajen en las cárceles ocho horas por día
Patricia Bullrich presentó el programa Manos a la Obra, que tiene como objetivo que todos los presos del país trabajen
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el programa Manos a la Obra, que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país con el objetivo de que todos los presos trabajen ocho horas por día en las cárceles. “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo la funcionaria esta mañana. Minutos antes, dialogó con las internas y realizó actividades con un grupo de mujeres.
”Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”, afirmó la integrante del Gabinete de Javier Milei y sostuvo: “Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó”, dijo enfática la titular de la cartera de Seguridad.
Para la funcionaria, el programa Manos a la Obra es “ocio cero” y opinó: “El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, afirmó.
El programa también incluye un sistema biométrico de control de asistencia, para garantizar que los detenidos cumplan con ocho horas diarias de trabajo, principalmente en el mantenimiento de los establecimientos penitenciarios.
La ministra de La Libertad Avanza adelantó que el objetivo del Gobierno Nacional es “devolverle a la sociedad lo que se le quitó” y reflexionó: “No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada. No vamos a aceptar esa injusticia, ni vamos a aceptar que el salario de una persona que sí trabaja en las cárceles sea igual o mayor al de aquella persona que ha hecho las cosas bien”.
Bullrich también diferenció a los ciudadanos que respetan las leyes de los que delinquen. Lo expresó así: “Distinguimos a los hombres y las mujeres de bien de aquellos que han roto el compromiso de mantener la ley y una sociedad segura”, y, a diferencia de sus predecesores del Gobierno de La Libertad Avanza, afirmó: “Se terminó que todos los presos cobren sin trabajar”.
Por otra parte, la titular del Ministerio de Seguridad adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre otros cambios de fondo, propuso “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.
En otro tramo de su discurso de puesta en marcha del nuevo programa para el SPF, Bullrich remarcó que: “Cada una de estas cárceles son impuestos acumulados de ciudadanos que son robados, asesinados, violados y que después tienen que poner plata para pagar la cárcel que no arreglan los que están adentro. Esa injusticia se termina”.
También resaltó “el profesionalismo” del personal penitenciario y dijo que con Manos a la Obra espera expresar el sentimiento de todos los integrantes del SPF “que trabajan todos los santos días”. “El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar”.
La funcionaria nacional entendió que con esta y otras iniciativas que serán puestas en marcha “estamos aplicando la filosofía de terminar con la impunidad y la injusticia que da lo mismo robar que no robar, matar que no matar. Claramente no da lo mismo”.
En el mismo acto, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, repasó la gestión del SPF de los últimos 10 meses: “Hemos instalado el sistema de presos de alto riesgo. Hemos soportado 620 hábeas corpus y ganamos todos”, y adelantó que se comenzará a cruzar bases de datos entre las personas que cobran pensiones por invalidez y las personas que están dentro del sistema penitenciario, ya sea que estén cumpliendo condenas o estén procesadas, para dar de baja a los internos que estén cobrando una pensión por invalidez a pesar de haber infligido un daño a la sociedad.
Curi señaló que se está trabajando en un proyecto para modificar la ley orgánica del SPF, para volverla “más corta, más concisa, que recoja las necesidades de la institución”. También dijo que se modificaron los pliegos para que las licitaciones de compra de comida sean más amplias, donde cualquier empresa pueda competir. “Estamos generando mecanismos de transparencia para superar los problemas que todos sabemos que existen en esta cuestión de la vida intramuros”.
A su turno, Fernando Martínez, director nacional del SPF, dijo que la implementación del programa anunciado por Bullrich reafirma el compromiso del Servicio Penitenciario Federal para modificar “las cosas que están mal desde hace mucho tiempo”. En ese sentido, reveló que en el período 2020-2024, el presupuesto del ente cooperador penitenciario subió casi un 700% “con un solo objetivo, que era pagar un subsidio encubierto a los internos que no trabajaban y cobraban igual, con un presupuesto millonario”, y recordó: “En paralelo, era un reclamo histórico de los directores de las Unidades que los talleres no funcionaban, que estaban vacíos, que los internos no tenían producción”.
El relevamiento que realizó el Ministerio de Seguridad durante la gestión a cargo de Bullrich demostró que solo estaba ocupada el 34% de la capacidad laboral, cuando se puede alcanzar más del 60%. Martínez también detalló que los detenidos confeccionarán los uniformes del personal penitenciario y de los internos, entre otras labores.
La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Rápidamente, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios. Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país. El programa también incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios. Además, la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas, bajo la estricta supervisión del SPF.
Fuente: Infobae
Politica
La declaración jurada de Manuel Adorni: cuánto creció su patrimonio y qué bienes declaró
La nueva declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni fue difundida este jueves y reveló un importante crecimiento de su patrimonio durante el último año, impulsado por inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y nuevas deudas hipotecarias.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio del período a $944,5 millones al cierre de la declaración.
Según se informó, el incremento patrimonial se explica principalmente por ingresos no gravados, herencias, donaciones y revalorización de activos.
Las propiedades y bienes declarados
Entre los inmuebles declarados por Adorni figuran un departamento en el barrio porteño de Caballito, otro departamento en La Plata, una vivienda en Exaltación de la Cruz —ubicada en el country Indio Cuá— y otro departamento con cochera adquirido durante 2025.
El valor total de las propiedades supera los $570 millones.
Además, el jefe de Gabinete declaró un vehículo Jeep Compass modelo 2021, dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones y más de 200 mil dólares en efectivo, valuados en más de $300 millones al tipo de cambio declarado.
También informó depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares y bienes del hogar valuados en $41,3 millones.
Deudas y gastos
En el apartado de deudas, la declaración muestra un fuerte incremento: mientras al inicio del período ascendían a $92,4 millones, al cierre treparon a $317,3 millones.
Respecto a los ingresos, Adorni declaró $48,1 millones por salarios y rentas, además de $270,7 millones correspondientes a ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
A eso se suman $73 millones provenientes de herencias y donaciones.
Por otra parte, el funcionario informó gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles por $129,3 millones.







Con información de NA
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
Politica
Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe
La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.
El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.
El objetivo del proyecto
La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.
De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:
- Cierre de empresas
- Suspensiones laborales
- Falta de pago de salarios
- Caída abrupta de ingresos
- Paralización productiva
Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”
El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.
“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.
Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.
Crisis empresariales y preocupación social
El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:
- Verónica
- SanCor
- Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad
“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.
Una medida excepcional y transitoria
Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.
La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
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