Politica
Con apoyo macrista, el Gobierno mantuvo el veto al financiamiento universitario
En Diputados, el oficialismo consiguió las 84 voluntades para blindar la decisión de Milei. La intervención del expresidente fue crucial para ordenar al PRO. También fueron claves dos gobernadores del PJ y varias ausencias.
La Cámara de Diputados dejó firme este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.
De esta forma, el Gobierno de Javier Milei logró que la Cámara de Diputados sostenga el veto presidencial.
Tras una sesión llena de cruces, la votación terminó con 160 votos a favor, 84 y 5 abstenciones. La oposición no consiguió reunir los votos para insistir con la normativa que brindaba fondos para las casas de estudio.
El PRO, sectores dialoguistas y La Libertad Avanza apoyaron el veto de Milei, además de tres diputados radicales y tres tucumanos de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Por otra parte, Unión por la Patria, la izquierda, buena parte de la UCR y la Coalición Cívica lideraron la oposición.
También pidió votar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haciendo uso de un artículo que le permite participación de una votación.
Los cuatro diputados misioneros y el radical Pablo Cervi decidieron abstenerse mientras que ocho legisladores estuvieron ausentes en la votación.
La intervención de Mauricio Macri fue crucial para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesando fuertes tensiones internas.
La sesión comenzó a las 11.18 solo para tratar de forma exclusiva el veto de Milei al financiamiento educativo.
El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, embistió contra los sectores de la oposición que están en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, a los que acusó de querer “golpear a un Gobierno que tiene debilidad parlamentaria”.
“No les importa la educación. Es una mentira. Lo que les importa es golpear a un gobierno que tiene debilidad parlamentaria”, afirmó al exponer en la sesión especial.
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, aseguró que «es falso» que el aumento de partidas para la educación superior pública pueda «quebrar el equilibrio fiscal» y lamentó el «discurso absolutamente lesivo» que tiene el Gobierno sobre las universidades nacionales».
Al justificar el voto a favor de la insistencia de la ley de financiamiento de las universidades, el legislador radical dijo: «No nos podemos dar el lujo las naciones en la carrera por el conocimiento de desaprovechar la exploración de sus talentos».
«Es falso que esto pueda quebrar el equilibrio fiscal, porque el 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10% del superávit primario», agregó.
El diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, consideró que “no hay ningún plan de desmantelamiento de la universidad pública” y calificó de “mentirosos” y “caraduras” a quienes pretender instalar esa interpretación.
“No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan desmantelamiento. Mienten sin pruebas los que dicen eso”, indicó al exponer en la sesión especial en la que se estaba tratando el veto a la ley de Financiamiento Universitario.
El diputado nacional de la UCR Facundo Manes aseguró hoy que “la educación es la mejor política económica en el siglo XXI”.
Al defender la ley de Financiamiento Universitario durante la sesión especial, el legislador radical argumentó que “los países que están desarrollados es por sus sistemas educativos y científicos”.
La diputada libertaria Lourdes Arrieta (FE) profundizó su distancia con el Gobierno Nacional, y señaló que su voto es para respaldar a los estudiantes que hacen todos los esfuerzos para estudiar en la Universidad Pública.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño aseguró que con la lucha del movimiento estudiantil y docente, hay «fuerzas» en la sociedad para “derrotar la política de este Gobierno» nacional en relación al financiamiento universitario.
Fuente: Cadena 3
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
Politica
Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe
La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.
El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.
El objetivo del proyecto
La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.
De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:
- Cierre de empresas
- Suspensiones laborales
- Falta de pago de salarios
- Caída abrupta de ingresos
- Paralización productiva
Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”
El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.
“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.
Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.
Crisis empresariales y preocupación social
El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:
- Verónica
- SanCor
- Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad
“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.
Una medida excepcional y transitoria
Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.
La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.
El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026
Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.
La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.
Las razones de la demora
De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:
- Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
- Reducir la presión interna dentro del oficialismo.
En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.
Bullrich pidió acelerar los plazos
La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.
“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.
Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.
La causa que complica al funcionario
La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.
Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.
Con información de NA
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