Politica
Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que declara la esencialidad educativa
El oficialismo busca garantizar el dictado de clases ante las medidas de fuerza y establece que deberá haber guardias mínimas en los colegios de todo el país cada vez que haya paro docente.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial», con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.
La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes.
También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
Otro punto del proyecto fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.
Las intervenciones de los diputados
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que «este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”.
«Claramente en nuestro país en los últimos años hay una coalición entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse», agregó.
Agregó que el proyecto busca que «en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda. Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario».
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna dijo que el proyecto lo único que busca «es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo»
«A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza», agregó y dijo que el verdadero problema «es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud» del país.
El diputado de la Libertad Avanza, José Luis Espert, afirmó que es “central que logremos sancionar a la educación como un servicio estratégico esencial, darle esa impronta, como mucho de nuestros antepasados lo hicieron con muchas de las reformas que se hicieron en la Argentina” y dijo que la iniciativa defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar ya que le otorga ”un carácter de prioridad a través del concepto de esencialidad de la educación para igualar oportunidades vitales para el desarrollo de nuestro país».
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos dijo que respaldaba este proyecto porque «tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días».
La diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi dijo desde ese sector van a “defender la docencia, el derecho a la protesta”, y contrastó con “quienes quieren prohibirlo”, a los que acusó de ser «los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro repasó que en este debate “hay dos derechos en pugna” y recordó que “ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes”.
“Al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos tomando una decisión – que algunos comparten más, otros menos- pero que reafirma el papel central que deben tener los alumnos y la educación en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa”, concluyó.
A su turno, la radical Carla Carrizo aseguró que “los niños no son objetos de nadie, ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres”.
“Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, concluyó.
Daniel Arroyo (Unión por la Patria) reconoció que “es evidente que si un alumno tiene más horas de clases va a aprender más, tendrá mayor conocimiento y tendrá un mejor trayecto educativo”.
«Ahora creer que esto se resuelve recortando el derecho a huelga es absurdo. Estamos abordando el problema desde el costado, no desde el centro, en su total dimensión. Argentina tiene que dar vuelta el sistema educativo. Pero es con los docentes y no contra los docentes. No hay forma de hacer una reforma educativa en la Argentina sin los docentes», reflexionó.
Héctor Stefani (PRO) resaltó que no tiene duda de que «el derecho preferente en la Argentina es la educación de nuestros hijos» y prevalece sobre los derechos sindicales.
Pablo Carro (Unión por la Patria) opinó que “está recontra claro que este es un proyecto anticonstitucional y que es pura demagogia del peor populismo de derecha en la Argentina”.
«El derecho a huelga es un derecho consagrado por la Constitución y los tratados internacionales. O sea sabemos que esto no va a ningún lado. Solamente estamos teatralizando acá una preocupación por la educación», remarcó el cordobés.
Fuente: NA
Politica
El Gobierno logró sostener el mega DNU de Milei: la oposición quedó a ocho diputados del quórum
La sesión convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023 fracasó en la Cámara de Diputados. La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los necesarios para abrir el debate, mientras las ausencias de representantes vinculados a varios gobernadores resultaron decisivas.
El Gobierno nacional consiguió evitar que la Cámara de Diputados debatiera la derogación del DNU 70/2023, el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión que impulsó una amplia desregulación de la economía.
La sesión solicitada por sectores de la oposición se cayó este jueves por falta de quórum. Según la información publicada, 121 diputados se sentaron para habilitar el debate, pero quedaron a ocho del número necesario.
El resultado representó un alivio para la Casa Rosada, aunque el decreto ya había sido rechazado por el Senado y todavía no consiguió la ratificación de la Cámara baja.
Las ausencias que complicaron a la oposición
La falta de quórum estuvo marcada por la ausencia de varios legisladores vinculados a gobernadores provinciales. Entre ellos, el artículo fuente menciona representantes de Tucumán, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut y Jujuy.
En el caso de Santa Fe, Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, no se sumaron al pedido de quórum.
También faltaron los diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo y los representantes sanjuaninos vinculados a Marcelo Orrego, entre otros legisladores mencionados en la cobertura.
El bloque de Provincias Unidas mostró posiciones divididas: de acuerdo con la publicación, diez de sus diputados apoyaban la derogación del decreto y ocho se inclinaban por mantenerlo.
Qué pasó después de la caída de la sesión
Tras comprobarse que no había quórum, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó un debate en minoría.
Durante esa instancia, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los tiempos de la Corte Suprema para pronunciarse sobre el DNU y comparó esa demora con otras decisiones judiciales vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano criticó al oficialismo y a los sectores aliados que contribuyeron a impedir el inicio de la sesión.
El DNU sigue en el centro de la disputa política
El DNU 70/2023 ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Para que pierda vigencia por el mecanismo de rechazo legislativo, ambas cámaras deben rechazarlo; por eso, el resultado de este jueves dejó al decreto sin una nueva votación en Diputados.
La discusión también se desarrolla en medio de controversias judiciales sobre distintas disposiciones del decreto. La publicación señala que un fallo de la Corte Suprema relacionado con la Ley de Tierras y cambios debatidos en materia de propiedad privada modificaron el escenario político previo a la sesión.
El Gobierno evitó así que avanzara el debate en la Cámara baja, mientras la oposición volvió a exhibir dificultades para reunir los apoyos necesarios para tratar la derogación.
Con información de Clarín
Politica
La Justicia le puso multas a Santilli por no cumplir una orden sobre las universidades
La Justicia aplicó multas diarias de $100.000 a Diego Santilli por el incumplimiento de una orden vinculada con el financiamiento de las universidades públicas. El juez advirtió que las sanciones podrían aumentar y extenderse a otros funcionarios.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 resolvió aplicar sanciones económicas al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por no cumplir una resolución judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien hizo efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y ordenó aplicar astreintes: multas económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una decisión judicial.
Las multas podrían aumentar
Según el fallo, los $100.000 diarios corresponden a una primera etapa. El magistrado dejó abierta la posibilidad de modificar el monto y advirtió que las sanciones podrían alcanzar a otros funcionarios si persiste el incumplimiento.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, en el marco del reclamo por la aplicación de las normas que regulan el financiamiento de las universidades públicas.
Qué reclaman las universidades
El expediente está relacionado con el Decreto 759/2025 y la Ley 27.795, referida al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente.
El reclamo busca que el Gobierno nacional garantice la actualización de los salarios de docentes y no docentes, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La sanción judicial busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la resolución vinculada a esos reclamos.
También denunciaron penalmente a Milei y Caputo
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la medida judicial.
La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en desobediencia a la autoridad u otros posibles delitos.
El denunciante también pidió que se investigue la eventual participación de otros funcionarios. Para fundamentar el planteo, mencionó artículos del Código Penal relacionados con la desobediencia y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
La denuncia deberá ser evaluada por la Justicia. Su presentación no implica que Milei, Caputo u otros funcionarios hayan sido declarados responsables de un delito.
Con información de Cadena 3
Politica
Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno admitió que podría cambiar la agenda tras su diagnóstico
El Gobierno nacional expresó su acompañamiento al papa León XIV luego de que se confirmara un tumor maligno en uno de sus pulmones y reconoció que la agenda prevista para su visita a la Argentina podría modificarse según la evolución de su salud.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la situación este martes durante una conferencia de prensa en Casa Rosada y señaló que el Ejecutivo espera conocer la decisión de las autoridades del Vaticano.
“De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto, la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del Papa”, sostuvo Ravier al ser consultado sobre las posibles consecuencias del diagnóstico.
Qué dijo el Gobierno sobre la visita
Antes de que se confirmara el resultado de los estudios, el Gobierno había señalado que no tenía información sobre cambios en los planes del pontífice para viajar a Sudamérica.
Sin embargo, tras conocerse el diagnóstico, el vocero reconoció que la situación podría modificar los preparativos. La definición final dependerá de las autoridades de la Santa Sede.
La visita de León XIV a la Argentina estaba prevista originalmente entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El estado de salud del Papa
Según el comunicado del Vaticano, León XIV fue sometido a una cirugía torácica programada en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.
El examen posterior confirmó que el nódulo era un tumor maligno, tal como se sospechaba a partir de los estudios previos. El Vaticano informó que la operación fue exitosa y que no se registraron complicaciones.
La lesión había sido detectada durante una revisión médica y, según lo informado previamente, estaba localizada y había sido identificada en una fase temprana.
Como parte de su recuperación, el Papa canceló sus audiencias hasta el martes 20 de octubre. Mientras tanto, la Santa Sede deberá definir si mantiene los planes del viaje a Sudamérica o introduce cambios en el calendario previsto.
Con información de TN
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