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El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae