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El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para todo el mes de febrero

Serán desde el 1º hasta el 28. El el temario se destacan los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

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Quedó afuera el proyecto de promoción de hidrocarburos que había defendido en el Congreso el secretario de Energía, Darío Martínez.

El Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1 de febrero y hasta el final de ese mes, con un temario de 18 iniciativas en el cual se destaca el proyecto de reforma de la carta orgánica del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

También se incluyó en la agenda de el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), el proyecto que crea un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal.

A su vez, el temario incorpora una iniciativa de promoción de la Electromovilidad, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria automotriz y autopartista, la iniciativa que crea el «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador», el proyecto de Ley de Compre Argentino, las modificaciones al «Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda», y el proyecto de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

Quedó afuera, en tanto, el proyecto de promoción de hidrocarburos que había defendido en el Congreso el secretario de Energía, Darío Martínez, y el Plan Plurianual que había anunciado en noviembre el presidente Alberto Fernández pero que luego no pudo hacer pie debido al empantanamiento de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Consenso Fiscal 2022, que fue firmado por el Gobierno nacional y todos los gobernadores a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, faculta a las provincias a modificar impuestos a la alza o a la baja en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria.

El otro proyecto de relieve que se tratará presumiblemente en febrero es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces.

Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano, ya que en su fallo de mediados de diciembre el máximo tribunal de Justicia otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del Consejo.

La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.

De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.

El proyecto del oficialismo, que reunirá la mayoría en el Senado si el Frente de Todos tiene asistencia perfecta y suma dos aliados a la causa (no así en Diputados donde la cuenta es mucho más compleja) apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y dos representantes del ámbito académico y científico.

De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).

Siguiendo la perspectiva de género presente en el proyecto oficialista, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, y el de los abogados, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Fuente: NA

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Politica

El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

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Foto: La propuesta consiste en una recomposición en dos etapas con un ajuste en julio y otro en octubre.

Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo será el aumento salarial

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.

El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.

Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.

También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.

Más fondos para becas y hospitales universitarios

El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.

Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Cientos de personas participaron en la ’Marcha Federal Universitaria’ del 12 de mayo en Buenos Aires

La demanda judicial continuará

Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.

Desconfianza de los gremios universitarios

Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.

Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.

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Politica

Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe

La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.

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Foto: Senador Alcides Calvo

El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.

El objetivo del proyecto

La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.

De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:

  • Cierre de empresas
  • Suspensiones laborales
  • Falta de pago de salarios
  • Caída abrupta de ingresos
  • Paralización productiva

Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”

El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.

“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.

Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.

Crisis empresariales y preocupación social

El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:

  • Verónica
  • SanCor
  • Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.

Una medida excepcional y transitoria

Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.

La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.

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Politica

Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.

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Foto: El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026

Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.

La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.

Las razones de la demora

De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:

  • Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
  • Reducir la presión interna dentro del oficialismo.

En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.

Bullrich pidió acelerar los plazos

La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.

Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.

La causa que complica al funcionario

La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.

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