En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tuvo lugar el acto de firma de convenios pertenecientes al Programa 1000 Aulas, presidido por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la vice gobernadora, Gisela Scaglia y el ministro de Educación, Jose Goity, entre otros, en el cual el senador Provincial, Alcides Calvo, acompañó a los Presidentes comunales del Departamento Castellanos quienes suscribieron convenios, entre ellos Tacural, Adrián Sola, para la Escuela Primaria Nº654 «Joaquín V. Gonzalez», Ramona, José Barbero, para el Jardín de Infantes Nº300 «María Elena Walsh», Zenón Pereyra, Verónica Gallo, para la Escuela Fiscal Nº396 «Domingo Faustino Sarmiento», y Estación Clucellas, Raúl Cuggino, para la Escuela Nº588 «Fortín Romero».

El Programa 1000 Aulas busca generar una mejor infraestructura escolar para posibilitar que los procesos educativos se desarrollen en contextos adecuados para los alumnos, docentes y directivos, destacándose que hasta el momento en todo el territorio provincial se han construido 586 aulas, destacándose que 31 de ellas pertenecen a localidades o ciudades del Departamento Castellanos.

En el momento Calvo expresó “Es una muy buena noticia para el Departamento Castellanos que se sigan construyendo aulas en los establecimientos educativos de pueblos y ciudades para que sigan creciendo en educación, este programa brinda la posibilidad de generar un entorno de aprendizaje organizado y propicio para posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados para los estudiantes y docentes, y de la misma manera celebramos y acompañamos la iniciativa de que muy pronto se inicie un programa para la construcción de Salones de Usos Múltiples SUM en las escuelas de la Provincia de Santa Fe, en especial en aquellas escuelas de localidades donde no cuentan con dicha infraestructura”.

Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo

Mientras el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad oscila en la discusión política, en la administración libertaria de Javier Milei continúan con el plan de acción para revisar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) que fueron otorgadas durante gestiones anteriores, bajo la hipótesis oficial de que hubo una irregularidad manifiesta en el otorgamiento de un número importante significativo de estas.

El Gobierno tomó la decisión de continuar con la suspensión de estas pensiones. Esto se deduce de una licitación iniciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada el 30 de julio en Compr.Ar, el portal de licitaciones de la administración pública, el cual hace un llamado para la contratación de 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el territorio argentino.

La ronda de revisión de pensiones fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero de este año. Allí informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI se encargarían de liderar la logística para el envío de cartas documento para llegar a cada uno de los beneficiarios de las 1.013.400 pensiones que estaban habilitadas hasta entonces. En ese operativo se les iban a requerir los documentos obligatorios que justificaban el otorgamiento de esa prestación, para determinar quienes no los cumplían y darlos de baja.

Coincidentemente, Adorni comunicó la semana pasada en conferencia de prensa que el gobierno canceló más de 110.522 de estas pensiones y que, además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión. Autoridades de ANDIS ya le habían explicado a este medio que se esperaba que el proceso continuara.

Este pliego establece la licitación de 720.000 servicios postales, siendo este el número máximo a contratar. Esto no implica que se vayan a suspender la misma cantidad de prestaciones, aunque sí es orientativo de que el número podría ser significativo. “A veces hay que mandar dos cartas documentos”, explican en el Gobierno.

“Estas van a servir para notificar las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez laboral”, confirmaron fuentes oficiales.

El pliego establece que la entrega de las cartas documento debe realizarse en cualquier punto del país dentro de las 48 horas hábiles luego de su imposición. Si el envío no puede concretarse en el primer intento, la empresa tiene la obligación de realizar un segundo intento al día siguiente, y en caso de persistir la imposibilidad, gestionar la devolución al remitente tras cinco días hábiles.

Además de las cartas documento, el pliego incluye la provisión de servicios para cartas certificadas, cartas expreso y diversos tipos de encomiendas, abarcando un volumen total superior a 730.000 piezas entre todas las modalidades previstas.

Dentro de la restricción presupuestaria que tiene el gobierno de Milei, la administración de la ANDIS estima que el desvío de fondos producto de las pensiones por invalidez laboral pueden estimarse en una cifra cercana a 1.000 millones de dólares por año. Con la baja de las pensiones de estas últimas semanas, el Ejecutivo indicó que comenzará a ahorrar unos 35 mil millones de pesos mensuales. Actualmente, el monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Aun así, todavía hay domicilios en diferentes puntos del país que no pudieron ser identificados, por lo que el proceso de auditoría terminó resultando algo incompleto. Adorni esgrimió en declaraciones de la semana pasada que no habían presentado su documentación el 60% de todos los beneficiarios a nivel nacional.

El año pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había consignado que “entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2005 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones”, acusando que bajo la gestión de Cambiemos el número se mantuvo estable, pero que con la presidencia albertista la cifra creció sustancialmente.

En su conferencia del miércoles pasado, Adorni mencionó que “este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales“. “Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Solo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas“.

Mientras tanto, la cuestión vinculada al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad continúa siendo un asunto de relevancia pública. La legislación busca regularizar pagos y actualizar aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y las prepagas están obligadas a dar a quienes prestan servicios en discapacidad. No hay incremento de aranceles desde noviembre de 2024.

La emergencia fijada en esa ley aplica hasta el 31 de diciembre de 2027 y, a su vez, prevé reformar el sistema de pensiones no contributivas e implementar cambios en el manejo de la ANDIS.

Fuente: Infobae

La expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su gestión no cumplieron con el pago equivalente a más de 500 millones de dólares que les impuso la justicia por el perjuicio al Estado y cuyo plazo se cumplía este miércoles.

El tribunal que ordenó la medida puede proceder a decomisar y rematar los bienes que están embargados, aunque el trámite no será inmediato porque los condenados interpusieron recursos de apelación ante instancias superiores.

La exmandataria (2007-2015) y líder del peronismo opositor recibió una sentencia de seis años de cárcel a fines de 2022 por administración fraudulenta que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Los mismos jueces que condenaron a Fernández, a exfuncionarios y a un empresario de la construcción les ordenaron a mediados de julio pagar unos 535 millones de dólares —cifra que se calcula fue el desfalco al Estado y que fue definida por peritos de la Corte Suprema de Argentina—. El tribunal dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno.

En vísperas de que se cumpliera el plazo este miércoles, la defensa de la exmandataria presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país—argumentando que sus bienes tienen origen legítimo y no pueden ser decomisados, según el escrito.

Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los culpables. Al mismo tiempo, sostuvo que los asuntos patrimoniales deben resolverse ante el fuero Civil y Comercial Federal y no el penal. Una vez que estas instancias de apelación se resuelvan, la justicia podrá o no avanzar sobre los bienes de la expresidenta, de 72 años.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada.

Entre los otros condenados alcanzados por la decisión también están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.

Fuente: Cadena 3