El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron hoy suscribir un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Al promediar la reunión resolutiva de un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que obraba en secretaría un despacho con 77 firmas.

La iniciativa acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria, el cual mantiene los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.

En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.

Tras ocho reuniones en la que participaron expertos de la sociedad civil y de la Justicia, en su gran mayoría críticos de la reforma planteada por el Gobierno, el oficialismo y sus aliados permanentes y coyunturales lograron sintetizar una nueva reforma del régimen de minoridad inspirada con modificaciones respecto al proyecto original.

A lo largo de la jornada, el kirchnerismo ensayó algunas maniobras para intentar obstaculizar el dictamen de mayoría, empezando por cambiar a los diputados massistas que estaban a favor de bajar la edad de imputabilidad.

Además, el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez, planteó una moción para posponer la firma de los dictámenes, al esgrimir que “el tema no estaba lo suficientemente maduro”, pero la propuesta no prosperó.

El debate

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), destacó que la reforma del régimen penal juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso».

“Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización», afirmó.

Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido”, agregó.

A su turno, el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo calificó la propuesta del oficialismo y sus aliados como “una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver”.

“La evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de edades a las cuales se extiende la punibilidad sino que incluso han aumentado”, advirtió.

Para el legislador trotskista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “se quiere transformar los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio”.

“En lugar de pensar en como todos los niños niñas y adolescentes pueden tener acceso a la vivienda digna, educación y salud, acá se pone el eje en cómo los mandamos a las cárceles. Eso invierte las prioridades”, lamentó Castillo.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli aclaró que “este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto original que ha mandado el Poder Ejecutivo”.

Frente a las críticas que formuló la Iglesia, la legisladora cercana a Elisa Carrió explicó que “se han hecho modificaciones muy importantes”, y subrayó en especial la incorporación de “garantías procesales” para los jóvenes de entre 16 y 18 años.

“Hoy esas garantías los jóvenes de 16 a 18 años no tienen, como sí los adultos. Son el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, que puede detenerlo sin dar los argumentos para practicar esa detención”, aseguró Campagnoli.

Según dijo, la baja de edad por sí sola no resuelve nada, por eso el enfoque es integral con una mirada no punitiva sino socioeducativa que aplica medidas para la reinserción social del menor bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario».

“Hoy si un menor de 14 años delinque nada puede hacer el Estado por él. Vuelve a su cotidianeidad sin que se pueda tomar ninguna medida para ayudarlo. Con este proyecto histórico va a poder ser oído, con todas las garantías del debido proceso y tener en caso que corresponda medidas socioeducativas que lo contengan en su desarrollo y formación. Hoy el Estado está ausente», concluyó.

En tanto, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal acompañó el dictamen de mayoría y marcó diferencias con la propuesta original del Gobierno.

«Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Esta frase lamentable repetida por los operadores del Gobierno y que el señor Jefe de Gabinete (Guillermo Francos) trajo a este recinto está repudiado y rechazado en el dictamen que existe. Porque el régimen de pena establecido no contempla esa barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, aclaró.

En efecto, “el proyecto de ley dice que un joven que se ha condenado a una pena de 0 a 3 años no se le puede aplicar pena de prisión efectiva” y que si la pena es “de 3 a 10 años, el juez tiene que evaluar la posibilidad de combinar esa aplicación de pena de prisión efectiva con cualquiera del menú de medidas que contempla el dictamen”.

«Y solamente podrá aplicarse pena efectiva cuando sea superior a 10 años que estamos hablando evidentemente de delitos o de hechos extremadamente graves”, siguió el formoseño.

El kirchnerista Matías Molle lamentó que la mayoría de los diputados no haya escuchado los argumentos críticos que expuso la mayoría de los expertos que concurrieron a las audiencias informativas.

“Vio mucha gente a participar, pero en fondo siento que vinieron como parte de una escena ya montada, de una obra de teatro que era necesaria para legitimar una decisión ya tomada desde antes, que el día de mañana el titular de todos los medios sea que se bajó la edad de imputabilidad”, reprochó.

Según el diputado opositor, es “irrisorio” discutir una propuesta “sabiendo que no hay presupuesto” para financiarla, en el marco de un Estado “que ha desfinanciado todas las políticas”.

“Estamos discutiendo cómo los vamos a encerrar y a qué edad, pero no cómo vamos a prevenir, porque no nos importa. solamente queremos ese titular en la semana en que se da la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un lindo gol para cantar”, analizó.

Molle comentó que el año pasado el Comité contra la Tortura reportó que “hay mas de 13 mil personas en comisarías en la Argentina cumpliendo penas”.

“¿Qué se piensan? ¿Que a los pibes no lo van a mandar a comisarías? Nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos con un Gobierno que le saca el cuerpo al Estado. Esto es un problemón que lo tendríamos que haber resuelto con una discusión mucho más integral”, consideró.

José Glinski, de Unión por la Patria, denunció que el tratamiento que se le está dando al tema es “una farsa” con “el único objetivo de generar espacios en los medios”.

“Usan argumentos garantistas para defender la baja de la edad de imputabilidad. La hipocresía es total”, sentenció sobre el proyecto que baja a los 14 años la edad de punibilidad y establece penas máximas de 15 años para menores (no admite prisión perpetua).

Fuente: NA