Este miércoles 10 de septiembre se desarrolló la sesión N°11 de la Convención Constituyente de la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, con la participación de los 69 Convencionales, entre los que participó Alcides Calvo, representando, como convencional, al Departamento Castellanos, en la misma se realizó una exposición de los convencionales en la que pudieron plasmar las sensaciones, experiencias de su participación del proceso constitucional, para luego dar paso al tratamiento del texto definitivo que formará parte de la nueva Constitución Provincial.

En el momento Calvo haciendo un análisis de lo que implica la convención constituyente, compartió con los demás convencionales, “Hoy me toca cerrar una etapa, hoy es un momento de balances, de repaso, pero sobre todo de agradecimiento y reafirmación. Esta Reforma ha sido un acto de compromiso democrático, una experiencia transformadora, y tengo el orgullo de decir que desde mi lugar como Convencional, he estado presente, activo, comprometido, proponiendo con convicciones firmes y con una clara vocación de diálogo, no vine a especular, vine a construir.

Es un sueño cumplido, en el que participé con mis ideas, con mi experiencia en la gestión, con el respaldo de quienes confiaron en mí para estar en este recinto, y también con la humildad de escuchar y acordar cuando fue necesario, porque así se construye una Constitución, no para una parte, sino para todos y todas.

Una Constitución más moderna, más justa, más cercana, lo que tengo que destacar un aspecto esencial de este proceso, es sin duda la participación ciudadanos e instituciones civiles. Impulsamos, junto al bloque, el reconocimiento formal a esa participación. También trabajamos con firmeza en la transformación del funcionamiento del Estado buscando equilibrio y eficacia en cuanto a reelección limitada e igual duración de mandatos para todas las categorías electorales, incluido Presidentes Comunales, Gobernador y Vice, Intendentes y Concejales a 4 años. Pero también logramos avances estructurales como la reforma del artículo de materia tributaria, que siempre defendí, reconociendo entre otros con rango constitucional el tratamiento fiscal diferenciado a cooperativas y mutuales, no se trata de un gesto simbólico, Santa Fe reconoce así su propia historia, con Sunchales como Capital Nacional del Cooperativismo y Rosario como Capital Nacional del Mutualismo.

Con esta nueva Constitución la Provincia de Santa Fe reconoce además a la Iglesia Católica, como parte del patrimonio histórico, cultural y espiritual de la comunidad santafesina, garantizando a su vez la libertad de cultos.

Acompañé y defendí la autonomía plena de los municipios, lo hice convencido de que Santa Fe solo se desarrolla si cada ciudad y cada pueblo puede autodefinirse, gobernarse y asociarse, siempre con transferencia de recursos. La regionalización, hoy con jerarquía constitucional, es también una apuesta a la integración, al desarrollo equitativo y al federalismo real.

Apoyé una visión integral de la salud, con eje en lo físico, mental, emocional y social. Celebré que se reconozca al medicamento como bien social como así también su producción y defiendo el sistema público, gratuito y de calidad de la salud. Con la misma convicción, defiendo el trabajo decente como derecho humano y columna vertebral de la inclusión social, desde la tutela preferente al trabajador, construimos un capítulo que dignifica y proyecta. El derecho a un ambiente protegido y cuidado desde lo social y productivo; y el derecho al agua también fueron principios a cumplir.

Propusimos una visión con enfoque de control y protección de cuencas hídricas, de su sostenibilidad y equidad territorial. Y lo hicimos con coherencia, porque desde la gestión también impulsamos obras hídricas y acueductos estructurales.

Nos pusimos a la vanguardia constitucional, no solo defendiendo la protección de los datos personales, sino también el derecho a la conectividad, al acceso equitativo e igualitario a la tecnología, y al uso ético de la inteligencia artificial, derechos digitales que garantizan ciudadanía en el siglo XXI. Defiendo una educación gratuita, pública, laica, científica, democrática e integral en todos sus niveles, incluida a la educación superior y la especial con modalidades y tipo de gestión, lo dije y lo sostengo: la formación docente debe ser gratuita.

Y nada me emociona más que saber que, desde mi banca, acompañé a que la Causa Malvinas pase a ser un concepto constitucional. Ya no es solo una fecha, es una política de Estado.

Desde mi lugar, apoyé que la caja de jubilaciones de Santa Fe sea intransferible y permanezca en la órbita del Estado santafesino, y por otro lado, de que exista una justicia independiente y autárquica.
Estamos ante una Constitución para transformar y ampliar derechos. Por eso a quienes me eligieron como convencional, quiero decirles gracias, participé con la convicción de representar a una Santa Fe que trabaja, que produce, que lucha, que no se resigna y que exige un Estado presente, justo y eficiente. Nos espera un futuro de más derechos, con igualdad, más producción y, sobre todo, más justicia social y bienestar para los santafesinos y santafesinas”.

Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

En ese sentido, advierte que las fuentes indicadas para el financiamiento (como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y la reasignación de partidas) resultan “genéricas”, no se relacionan de manera directa con los nuevos gastos previstos y no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos.

El Gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.

Este gasto “sin respaldo real”, según la Casa Rosada, sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Es la segunda vez que el presidente Milei veta una ley que busca aumentar el financiamiento universitario. El año pasado logró juntar un tercio de los votos en Diputados para blindar su decisión gracias al apoyo de algunos gobernadores y de los radicales “con peluca”, que hoy forman parte de un interbloque con el oficialismo.

La oposición analizaba por estas horas convocar a una sesión para la semana que viene y debatía si incluir en el temario el rechazo al veto. Los bloques más duros argumentaban que llevar los vetos al recinto lo antes posible serviría para aprovechar el momento de debilidad del Gobierno tras la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires y la tensa relación con los gobernadores. Este jueves por la mañana se llevará adelante una reunión clave entre los secretarios parlamentarios de los bloque opositores para definir los próximos pasos a seguir. También están pendientes los vetos a la declaración de Emergencia por Bahía Blanca y la Moratoria Previsional.

Fuente: Infobae

El Congreso iniciará mañana el proceso de designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, luego del exhorto de la Corte Suprema de Justicia de finales de agosto pasado en el que le pidió al Poder Legislativo que ocupara los cargos que están vacantes desde 2009.

Se trata de un organismo independiente que tiene como fin la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en la Argentina.

El Defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras y dura cinco años en su cargo.

El último en ejercer el cargo -entre 1999 y 2009- fue el peronista Eduardo Mondino. El año pasado se cumplieron 15 años de vacante en el área, lo que fustigado por diversas organizaciones civiles.

La institución fue creada en 1993 por ley y, con la reforma de 1994, adquirió rango constitucional. La Defensoría solo tuvo dos representantes, desde el ’94 al 2009, y el predecesor de Mondino fue Jorge Luis Maiorano.

Fuente: NA