De acuerdo con la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio del período a $944,5 millones al cierre de la declaración.

Según se informó, el incremento patrimonial se explica principalmente por ingresos no gravados, herencias, donaciones y revalorización de activos.

Las propiedades y bienes declarados

Entre los inmuebles declarados por Adorni figuran un departamento en el barrio porteño de Caballito, otro departamento en La Plata, una vivienda en Exaltación de la Cruz —ubicada en el country Indio Cuá— y otro departamento con cochera adquirido durante 2025.

El valor total de las propiedades supera los $570 millones.

Además, el jefe de Gabinete declaró un vehículo Jeep Compass modelo 2021, dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones y más de 200 mil dólares en efectivo, valuados en más de $300 millones al tipo de cambio declarado.

También informó depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares y bienes del hogar valuados en $41,3 millones.

Deudas y gastos

En el apartado de deudas, la declaración muestra un fuerte incremento: mientras al inicio del período ascendían a $92,4 millones, al cierre treparon a $317,3 millones.

Respecto a los ingresos, Adorni declaró $48,1 millones por salarios y rentas, además de $270,7 millones correspondientes a ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

A eso se suman $73 millones provenientes de herencias y donaciones.

Por otra parte, el funcionario informó gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles por $129,3 millones.

Con información de NA

Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo será el aumento salarial

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.

El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.

Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.

También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.

Más fondos para becas y hospitales universitarios

El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.

Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La demanda judicial continuará

Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.

Desconfianza de los gremios universitarios

Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.

Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.

Con información de Infobae

El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.

El objetivo del proyecto

La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.

De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:

• Cierre de empresas
• Suspensiones laborales
• Falta de pago de salarios
• Caída abrupta de ingresos
• Paralización productiva

Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”

El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.

“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.

Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.

Crisis empresariales y preocupación social

El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:

• Verónica
• SanCor
• Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.

Una medida excepcional y transitoria

Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.

La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.

Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo