En su intervención, el diputado Perotti recordó que “en enero del 2021 fue puesto en marcha este programa con el objetivo de ayudar al poder adquisitivo de las familias en un momento tan delicado como la pandemia, generar movimiento en el consumo y, particularmente, en los comercios minoristas y de cercanía, muy afectados por esa situación”.

El programa alcanzó a más de 1.700.000 beneficiarios mayores de 18 años y a más de 37.000 comercios en toda la provincia. “Sin duda, lo que fue un alto impacto para las familias, un esquema de movilización importante para el comercio, también sumó un alto nivel de formalización de muchísimos pequeños comercios que no estaban en esa situación”, destacó el legislador.

Además advirtió que “hoy nadie puede dejar de observar la fuerte caída del consumo. La suba de las tasas de interés va a generar mayor recesión, y es hora de que las herramientas que tiene la provincia estén a disposición. Que se acompañe con medidas concretas al sector industrial que acude a procedimientos de crisis y que se acompañe con herramientas al comercio, que genera empleo y que está muy afectado”.

Finalmente, el diputado provincial sostuvo: “Creo que es el momento de poner estas herramientas en práctica. No alcanza con tener un discurso diferencial respecto del gobierno nacional: hay que poner en marcha las políticas que ya demostraron ser efectivas.

Santa Fe cuenta con recursos y debe usarlos para ayudar al poder adquisitivo, al sector comercial y a dinamizar la economía en todo el territorio”.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción un proyecto de ley presentado por la diputada Ximena García que fija los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación de perros considerados peligrosos.

“Estamos lamentablemente acostumbrados a escuchar episodios trágicos que dejan cicatrices emocionales y físicas en las familias. Necesitamos herramientas para que estas situaciones no se repitan con la misma gravedad”, explicó la legisladora en exclusivo por la Nueva Nueve.

La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores, que incluirá la identificación con microchip, datos de vacunación y antecedentes de comportamiento. Además, obliga a los dueños a contratar un seguro de responsabilidad civil para responder ante eventuales daños.

Bozal, correa y sanciones

Según el texto, los perros deberán circular con bozal y correa de no más de un metro de extensión, y el adiestramiento solo podrá realizarse por entrenadores registrados. Asimismo, queda prohibido reforzar la agresividad o promover peleas entre animales.

“Cada uno puede tener el perro que quiera, no buscamos estigmatizar razas. Pero quienes decidan tener animales con mayor capacidad de daño deben asumir responsabilidades distintas para garantizar la convivencia ciudadana”, sostuvo García.

La lista de razas incluidas contempla pitbull, rottweiler, doberman, dogo argentino, fila brasilero, presa canario, bullmastiff, mastín napolitano, entre otras. También podrán sumarse mestizos u otros ejemplares con antecedentes de ataques.

El proyecto prevé sanciones económicas para quienes incumplan con la inscripción en el registro, la contratación del seguro o el uso de bozales y correas.

Próximos pasos

La diputada señaló que ahora será el Senado el que deberá tratar la iniciativa. “Hemos hablado con varios senadores y hay consenso en que es necesario avanzar rápido sobre este tema” anticipó.

Si la ley es sancionada, Santa Fe se sumará a provincias como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con normativas de este tipo.

Fuente: LT9

La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes

-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.

-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

-La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.

-La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

-El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.

-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

Fuente: NA