El presidente Javier Milei firmó un decreto mediante el cual declaró al 2025 como el «Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina», con el objetivo de profundizar las reformas iniciadas durante su gestión y consolidar los avances económicos y sociales alcanzados.

En el comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, se destacó que 2024 fue designado como el «Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».

Durante ese período, según el documento, se llevaron a cabo reformas estructurales y la aprobación de la Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», con el fin de estabilizar la economía y restablecer los derechos fundamentales.

El texto presidencial subrayó que, tras lograr detener la hiperinflación y restaurar valores esenciales para el desarrollo del país, el desafío de este nuevo año será «reconstruir los cimientos de la Nación Argentina».

Asimismo, se reafirmó el compromiso del gobierno con «las ideas de la libertad, los valores históricos del pueblo argentino y el esfuerzo conjunto de los ciudadanos».

Finalmente, el comunicado concluyó con una invocación simbólica: «Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen».

Este anuncio marca el inicio de un año clave para la administración libertaria, en el que se espera avanzar hacia una economía más sólida y un Estado más eficiente.

Fuente: Cadena 3

El Senador Provincial Alcides Calvo ha sido distinguido por la Federación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales, destacando su labor legislativa y, en particular, su rol como autor de la Ley N.º 14.231, que busca la «Promoción y Protección Integral de las Personas Mayores». Este reconocimiento nacional subraya su compromiso con los derechos humanos y su esfuerzo por visibilizar y atender las problemáticas de este sector de la población que es vulnerable y que necesita una contención especial.

La Ley N.º 14.231, impulsada por Calvo, establece un marco de derechos para las personas mayores en el ámbito provincial, en sintonía con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reconocida en Argentina a través de la Ley N.º 27.360. Esta normativa santafesina promueve la igualdad, la autonomía, y la participación activa de las personas mayores, mientras asegura medidas de prevención contra abusos, discriminación y malos tratos.

En palabras del Senador Calvo, «Es un orgullo recibir este reconocimiento, una noticia que cierra el año 2024 de la mejor manera y nos impulsa a iniciar el 2025 con energía renovada. Esta Ley busca garantizar que nuestros mayores sean visibilizados, protegidos y respetados, mientras concientizamos y abrimos espacios de diálogo sobre sus derechos fundamentales.»

La Ley, además, articula la labor de distintos ministerios y organismos públicos para garantizar el acceso integral a la salud, la seguridad social, la educación y otras políticas que aseguren una vida digna para las personas mayores. «Nuestro trabajo legislativo abarca muchas temáticas, pero nunca perdemos de vista nuestra misión de representar a cada santafesino y santafesina, algo que nos llena de orgullo», destacó Calvo.

Este reconocimiento no solo realza la trayectoria del legislador por el Departamento Castellanos, sino que también pone en valor el impacto transformador de la Legislatura Santafesina que protege y promueve los derechos de las personas mayores en Santa Fe, marcando un ejemplo a nivel nacional, con esta norma provincial.

Es de destacar que en el 2024 Calvo presentó 39 proyectos de Ley logrando la sanción definitiva de 6 de ellos, estando el resto con media sanción en el Senado Provincial y en estudio en las Comisiones de tratamiento respectivas.

Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo

El Gobierno determinó restricciones en la contratación de empleados, sumado a la obligatoriedad de aprobar un examen. El decreto 1148/2024 publicado en el Boletín Oficial estableció que las designaciones deberán ser validadas por el ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Las restricciones alcanzan a la Administración Nacional y “entes públicos “excluidos expresamente” en esta órbita, “cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y por Sturzenegger, argumentó que “en lo que respecta a la transformación de la política de gestión del empleo público corresponde adoptar medidas que optimicen los recursos del Estado asignados a las designaciones transitorias y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional”. Los pedidos de designaciones deberán ser validados por el ministerio liderado por Sturzenegger.

La resolución determinó que estas medidas “tienen por objeto garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional y propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional”. Aclaró que “los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal cuando respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional”.

El Gobierno determinó la obligatoriedad a que los estatales deban aprobar un examen

El Gobierno determinó además por medio del decreto 1149/2024 publicado en el Boletín Oficial que los empleados públicos deberán aprobar un examen, “la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024, y que las personas que no lo hubiesen aprobado “no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 31 de marzo de 2025?.

El 95% de los empleados públicos aprobaron el examen de idoneidad en el primer intento

El 95% de los empleados públicos que rindieron el “examen de idoneidad” impulsado por el Gobierno aprobaron en el primer intento. Según datos del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hasta el momento 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas.

Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice. Los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección.

Cada trabajador cuenta con tres intentos para aprobar el examen aunque, por ahora, casi la totalidad de los evaluados los rindió bien en la primera oportunidad.

La evaluación se implementa “por etapas”, y la primera fase alcanza a Jurisdicciones y Entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con alrededor de 2000 exámenes diarios.

Fuente: TN