La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes

-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.

-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

-La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.

-La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

-El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.

-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

Fuente: NA

En una jornada legislativa que marca un nuevo revés para el Gobierno nacional, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad.

Con una amplia mayoría de 63 votos afirmativos y sólo siete rechazos, la Cámara alta reactivó la normativa que había sido objetada por el presidente Javier Milei, en lo que constituye el primer veto desactivado por el Congreso en más de dos décadas.

El resultado expone una vez más la falta de respaldo parlamentario del oficialismo, incluso en temas donde intenta imponer una línea de contención presupuestaria.

En esta ocasión, un bloque opositor heterogéneo —integrado por legisladores kirchneristas, radicales, macristas y representantes de fuerzas provinciales— se alineó para sostener la ley que, entre otros puntos, mejora las condiciones de acceso a pensiones no contributivas, actualiza aranceles del sector y establece compensaciones económicas para personas con discapacidad.

La ley, que vuelve a tener vigencia, estará en efecto hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año más. Su objetivo central es responder a las urgencias de un colectivo históricamente postergado, en un contexto económico de alta inflación y recortes que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables.

Un revés institucional con alto voltaje político

Más allá del contenido de la ley, el desenlace de la votación tiene un peso político considerable. Se trata de la primera vez en más de 20 años que el Congreso logra desactivar un veto presidencial. En esta ocasión, lo hizo con los dos tercios necesarios, dejando en evidencia la capacidad de articulación de la oposición frente a un Gobierno que ha perdido buena parte de su margen de maniobra legislativa.

Por cuestiones protocolares, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidió la sesión —se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei al exterior—, y la conducción del debate quedó en manos del senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, representante de San Luis.

Qué contempla la ley

La normativa reinstaurada contempla una serie de medidas de urgencia en el ámbito de la discapacidad, entre ellas:

-La reformulación y agilización del acceso a pensiones no contributivas.

-La actualización de los aranceles de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

-Compensaciones económicas especiales para afrontar los sobrecostos que impactan directamente en este colectivo.

-Fortalecimiento del rol del Estado como garante de derechos en el sistema de salud y asistencia.

Organizaciones sociales y colectivos vinculados a la discapacidad venían reclamando con fuerza la necesidad de que la ley permaneciera en pie, frente a lo que consideran un retroceso en las políticas públicas del área. La votación en el Senado fue recibida con alivio y esperanza por estos sectores, que exigen mayor sensibilidad estatal frente a las urgencias sociales.

Fuente: Cadena 3

El gobierno nacional oficializó este jueves los montos que recibirán los partidos y alianzas políticas para financiar las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Según la Resolución 375/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Vicejefatura de Gabinete del Interior determinó un aporte global superior a los $13.200 millones destinados a la campaña electoral.

El desglose establece que para la categoría Diputados Nacionales se asignarán $8.815.610.700,67, mientras que para la de Senadores Nacionales la cifra asciende a $4.407.805.350,33.

El documento lleva la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y precisa que la Dirección Nacional Electoral (DINE) será la encargada de distribuir los recursos entre las agrupaciones políticas que participen de los comicios y de informar la nómina de beneficiarios a la Dirección General de Administración de Interior. También tendrá a su cargo la aplicación de eventuales sanciones que disponga la Justicia Nacional Electoral.

El gasto se solventará con créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 – Subjurisdicción 06 (Vicejefatura de Gabinete del Interior) para el ejercicio 2025.

La resolución recuerda que la Ley 26.215 y sus modificatorias regulan los aportes que los partidos políticos tienen derecho a percibir para las campañas electorales y que el artículo 5° establece que el Estado debe contribuir al normal funcionamiento de los partidos reconocidos.

Fuente: Sin Mordaza