El Gobierno nacional tendrá que suspender hasta después de las elecciones generales del próximo domingo 27 el pago de subsidios de 5 mil pesos por única vez que alcanzaban hasta a 114 mil desocupados por un total de 650 millones de pesos para prevenir que pueda incidir en la libertad de elección.

La suspensión fue ordenada ayer por la jueza federal con competencia electoral María Servini ante una denuncia que habían presentado apoderados del peronista Frente de Todos contra una resolución del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del secretario de Empleo, Fernando Prémoli, que dispuso esos pagos.

Sobre aquel total, 4.286 posibles beneficiarios eran de Córdoba, en tanto otros 558 de Mendoza, según pudo confirmar este diario de fuentes cercanas al Frente de Todos.

El ministro Sica dijo que si bien cumplirá con la decisión judicial, negó que esos subsidios tuvieran un propósito electoral y sostuvo en cambio que fueron “un refuerzo” por única vez de la asistencia a desocupados ante la emergencia alimentaria.

«Si lo tenemos que suspender, lo suspenderemos, hasta explicar que no se trata de un programa atado a lo electoral», destacó Sica en declaraciones a periodistas durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata. «Somos respetuosos de todas las decisiones de la Justicia».

La denuncia ante Servini fue presentada por los abogados Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz como apoderados del Frente de Todos. Además del pedido de investigación a Sica y a Prémoli, como firmantes de la resolución 1177 del 3 de octubre pasado, incluyó el planteo de una medida cautelar para la suspensión de los pagos de bonos de  5 mil pesos. “Las sospechas pasan por la posibilidad de que los montos presupuestados fuesen usados para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5 mil pesos y otros 5 mil en caso de que en sus mesas ganara” el oficialismo nacional, dijo Landau a este diario.

En su fallo que dejó en suspenso el pago de esos subsidios, la jueza sostuvo que busca así “evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”. También explicó que el subsidio tenía como fecha límite de cobro el 8 de noviembre, con lo que tenía “el posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, la que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.

“Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las Autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”, agregó la magistrada.

En consonancia con la opinión que había tenido el fiscal electoral a cargo del caso, Jorge Di Lello, la jueza fundamentó su decisión en la necesidad de “garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.

Por tanto, agregó,  “corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción” al ministro Sica. La medida implica que el Gobierno nacional deberá abstenerse de “disponer de los fondos (del subsidio) hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo”.

Por su parte el fiscal Di Lello pidió que el subsidio no se pague porque induce al voto, al responder favorablemente al planteo que habían hecho los apoderados del Frente de Todos. Según estos, la resolución que dispuso el pago de esos subsidios violaba el artículo 139 del Código Electoral de la Nación que establece una pena de uno a tres años para quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”.

También señalaron que la decisión no fue publicada en el Boletín Oficial y “que existen testimonios de intendentes y dirigentes que confirmaron que el beneficio creado fue prometido a los votantes a cambio de apoyar a los ejecutivos que lo conceden y se han remitido planillas con datos personales de los futuros posibles beneficiarios”. Incluso señalaron que el Gobierno tenía armado un listado con los distritos y los montos en los que se entregará el subsidio.

Fuente: La Voz