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Lifschitz: «La AGN confirma que Santa Fe es una de las provincias con menos deuda del país´´

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Este sábado se dio a conocer el informe de la auditoría de corte de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la gestión que finalizó el pasado 11 de diciembre.

Según el informe, el déficit de 2019 cerró tal cual habían afirmado desde el Frente Progresista, muy por debajo de lo que anunciaba Perotti desde agosto, y los compromisos con proveedores se ubican en $4.500 millones. “Ratifica las cifras que dijimos una y otra vez”, afirmó el ex gobernador Miguel Lifschitz, a través de sus redes sociales.

“Es hora de que el gobierno asuma la realidad y ponga de vuelta en marcha a Santa Fe”, sostuvo el actual presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que “el informe señala con claridad datos que hemos presentado en muchas oportunidades”. “Ratifica las cifras que dijimos una y otra vez y que marcan la posición de una de las provincias en mejor situación económica y con menos deuda del país”, añadió en referencia al trabajo publicado por el organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en el control del estado de las cuentas del sector público.

“El déficit no era de 20 mil millones, como dijeron en varias oportunidades, el gobernador (Omar) Perotti o el ministro (de Economía, Walter) Agosto, sino de 8.199 millones. La deuda con proveedores no pasaba de los 4.500 millones, y en la caja había más de 4.500 millones al momento del traspaso de gestión”, detalló.

Siempre en relación al trabajo de la AGN, Lifschitz completó la evaluación: “El informe de la AGN describe la situación de una gestión responsable y transparente que dejó una provincia en marcha, con fuerte inversión pública en un país que atravesaba una grave crisis económica, con estancamiento, inflación y caída del empleo”.

 

DÉFICIT

El informe elaborado por la AGN confirma que el déficit presupuestario de la provincia al 11 de diciembre era de $8.199 millones (2,6% del gasto total ejecutado en 2019), tal como había anticipado la gestión anterior.

En enero de 2020, ante la presencia de los principales actores socioeconómicos de la provincia, el gobernador encabezó una puesta de escena para presionar por la sanción de la Ley de Necesidad Pública. En esa oportunidad, el ministro Agosto sostuvo que el ejercicio fiscal de 2019 cerró con un déficit de 18.200 millones de pesos. Ya no eran los 20.000 millones que venían voceando desde agosto inclusive. Ninguna de esas cifras era cierta.

DEUDA FLOTANTE

En cuanto a la deuda exigible con proveedores y contratistas del Estado, la AGN confirmó que era de $4.400 millones (1,5% del presupuesto 2019 de Santa Fe), más baja que en 2007 si se la relaciona con el presupuesto anual de ese año. Desde el FPCyS, siempre se afirmó que la deuda neta exigible era inferior a $5.000 millones.

En aquella presentación realizada en enero en la Casa Gris, el gobierno de Perotti habló de $27.000 millones de deuda flotante, incluyendo el monto total de salarios y jubilaciones, como así también la coparticipación a favor de los municipios y comunas.

 

LO QUE SE LE DEBE A SANTA FE

Asimismo, un dato muy importante a tener en cuenta es que no sólo la AGN confirma el bajo nivel de deuda de Santa Fe, que la posiciona muy lejos de la realidad que presentan otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sino que además, Santa Fe tiene muchos recursos por cobrar de parte del gobierno nacional: más de $ 100.000 millones por los fallos de la Corte Suprema, más de $ 5.000 millones por el pago pendiente de ANSES (que la ley de Presupuesto nacional obligaba a realizar durante 2019) y la compensación por las medidas tributarias inconstitucionales de parte del gobierno nacional en agosto 2019, que significaron una gran pérdida para la provincia, a escasos meses de cerrar el año.  Y vale aclarar, sobre este último punto, que el gobernador firmó en diciembre (pocos días después de asumir) un acuerdo mediante el cual se comprometió a no reclamar dichos fondos durante todo el presente año.

Es decir, que Santa Fe no sólo goza de una buena salud de sus finanzas actualmente, sino que además tiene por cobrar mucho más de lo que debe, una situación completamente excepcional para cualquier provincia de la Argentina.

 

SANTA FE EN EL CONTEXTO NACIONAL

Tal como señaló Lifschitz, la AGN confirma el bajo nivel de deuda de Santa Fe, que la posiciona muy lejos de la realidad que presentan otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante 2019 Santa Fe no contrajo deuda, con la sola excepción de desembolsos realizados por organismos internacionales de crédito en el marco de la construcción de acueductos. El incremento de la deuda consolidada se explica exclusivamente por la devaluación operada en el tipo de cambio entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, que claramente no es responsabilidad del gobierno provincial.

Un segundo atributo que tiene la deuda pública de Santa Fe viene asociado a su apropiado perfil de vencimientos. No sólo es muy bajo el stock, sino que tiene un suave perfil de vencimiento a lo largo de los años. Como para graficarlo, los vencimientos de deuda que tiene durante 2020 la provincia de Buenos Aires, o durante 2021 la provincia de Córdoba, superan los vencimientos que tiene la provincia de Santa Fe en la sumatoria de los próximos 20 años.

DE ESO NO SE HABLA

El informe de AGN también confirma otros ítems que hacen al traspaso del gobierno que la actual gestión prefiere omitir.  

Al momento de cerrarse la gestión de Lifschitz, la provincia tenía $4.593 millones de pesos en sus cuentas bancarias, de los cuales 2.000 estaban en plazos fijos, 1.952 millones en diferentes cuentas que no integran el FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), y 641 millones en el FUCO.

Por otra parte, la AGN destaca el estricto cumplimiento por parte de la gestión del FPCyS de la regla de fin de mandato que estable la Ley de Responsabilidad Fiscal en lo que hace a la variación de la planta de personal.

 

 

 

Fuente: Dip. Pablo Pinotti

 

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El Gobierno busca eliminar las PASO y negocia con gobernadores y aliados de cara a 2027

La Casa Rosada intensifica las negociaciones en el Congreso para modificar el sistema electoral y avanzar con la eliminación de las PASO.

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Foto: El Gobierno negocia en el Congreso una reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO.

El oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios y analiza alternativas como suspender las primarias o quitarles su carácter obligatorio.

La reforma electoral entra en una etapa clave

El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma electoral que tiene entre sus principales objetivos eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa comenzó a discutirse en el Senado, pero el oficialismo reconoce que todavía necesita sumar apoyos para conseguir su aprobación. En los últimos días, las negociaciones se intensificaron con sectores del PRO, la UCR y distintos gobernadores, especialmente de las provincias del Norte.

La reforma también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos, los espacios gratuitos de publicidad electoral y Ficha Limpia.

Tres alternativas sobre las PASO

Ante las dificultades para reunir los votos, dentro del oficialismo aparecen distintas alternativas para modificar el sistema de primarias.

Una de ellas es avanzar directamente con la eliminación de las PASO, que constituye la propuesta original del Gobierno.

Otra posibilidad es suspenderlas nuevamente, como ocurrió para las elecciones legislativas de 2025.

También se analiza mantener las primarias, pero eliminar su carácter obligatorio, convirtiéndolas en una instancia voluntaria.

Estas alternativas ya habían sido planteadas dentro del oficialismo ante la falta de acuerdos suficientes para aprobar el proyecto original.

La negociación con los gobernadores

El Ejecutivo busca conseguir respaldo de los mandatarios provinciales para destrabar la reforma. Algunos gobernadores aliados muestran disposición a acompañar al Gobierno, mientras otros reclaman acuerdos previos antes de comprometer su apoyo.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con distintos gobernadores mientras el oficialismo intenta ampliar sus acuerdos parlamentarios.

La discusión también se encuentra vinculada con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que el Gobierno pretende llevar adelante en el Congreso.

El argumento oficialista sobre las primarias

Desde el Gobierno sostienen que mantener las PASO significaría adelantar el calendario electoral de 2027 y extender durante varios meses la actividad proselitista.

Además, dentro de La Libertad Avanza consideran que las primarias podrían funcionar como una instancia para ordenar las internas de otros espacios políticos.

Sin embargo, los sectores que plantean reparos a la eliminación de las PASO utilizan su eventual apoyo como parte de la negociación con el Ejecutivo.

Qué ocurre en el Congreso

El debate legislativo se desarrolla en un escenario en el que el oficialismo todavía no tiene asegurados los votos para eliminar las PASO. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a analizar la reforma y los distintos bloques plantearon sus condiciones.

La Cámara Nacional Electoral también puso el foco en los tiempos necesarios para implementar eventuales modificaciones antes de las elecciones de 2027.

Por ahora, el Gobierno mantiene como objetivo avanzar con la reforma durante este año, mientras continúa la negociación con gobernadores y bloques aliados.

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Presupuesto 2027: el Gobierno prepara cambios en el capítulo de discapacidad tras la polémica

El Gobierno nacional trabaja en una nueva redacción del apartado de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027, luego de las objeciones planteadas por aliados políticos y legisladores. La intención es alcanzar un texto consensuado y llevar modificaciones al proyecto de ley.

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Foto: Diego Santilli y Martín Menem durante las negociaciones por el Presupuesto 2027.

La propuesta oficial busca reemplazar el esquema de emergencia por una legislación permanente, aunque todavía se negocian los alcances de los cambios.

El Gobierno prepara una nueva propuesta

La polémica surgió después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso incluyera modificaciones vinculadas con el sistema de prestaciones por discapacidad.

Entre los cambios cuestionados se encuentra la eliminación de la actualización obligatoria de las prestaciones y la posibilidad de que las obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan sus propios valores.

Tras las críticas, funcionarios del Ejecutivo comenzaron a trabajar en una nueva redacción.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la diputada Laura Rodríguez Machado y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron una reunión para delinear una propuesta que será presentada a los sectores aliados.

Buscan reemplazar la emergencia por una ley permanente

Uno de los planteos que llevará el oficialismo a la comisión es reemplazar la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, por una legislación permanente.

Según la postura que expondrá el Gobierno, el nuevo esquema debería establecer objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, de manera de incorporar esos parámetros al Presupuesto 2027.

Una fuente del Ejecutivo señaló que buscan alcanzar un texto consensuado que permita pasar de una situación de excepcionalidad a un esquema permanente. Otra fuente sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a modificar parte de su propuesta, aunque no todos los puntos cuestionados.

Qué puede pasar en el Congreso

Si los aliados aceptan la nueva propuesta, el oficialismo pretende obtener un dictamen favorable la próxima semana.

A partir de allí existen distintas alternativas para avanzar con el tratamiento legislativo. Una posibilidad es tratar específicamente el tema de discapacidad y obtener su aprobación en Diputados. Otra es avanzar junto con el proyecto relacionado con la morosidad.

También se analiza que los cambios vinculados con discapacidad queden incorporados directamente al tratamiento del Presupuesto 2027.

El contenido definitivo todavía depende de las negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques que participan del debate.

También está en discusión la AUH

Otro punto del proyecto que genera debate está relacionado con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiares.

El Ministerio de Economía propuso modificar el mecanismo mediante el cual estas prestaciones se actualizan automáticamente en función de la inflación de los meses anteriores.

Desde la Casa Rosada señalaron que esa modalidad ya había sido planteada en los anteriores presupuestos enviados por la actual gestión, aunque los cambios no habían sido aprobados por el Congreso.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, señalaron que existe un compromiso de garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y mencionaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura se ubique alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

Un dato relevante sobre las prestaciones por discapacidad

En paralelo a esta discusión legislativa, este viernes el Gobierno oficializó una actualización del 1,7% para septiembre en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.

La Resolución 3487/2026 establece que el incremento se calcula sobre la variación del IPC de agosto y alcanza a las distintas prestaciones contempladas por el sistema.

De esta manera, mientras continúa el debate sobre el Presupuesto 2027 y el futuro esquema legal para el sector, el Congreso deberá definir el alcance de las modificaciones que finalmente serán incorporadas al proyecto.

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Quinta de Olivos: despidieron a 12 trabajadores por presuntas filtraciones y Casa Militar asumirá el control

El Gobierno confirmó el despido de 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, en medio de una reorganización vinculada con la seguridad de la residencia presidencial. Otros empleados serán reasignados y Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad.

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Foto: Quinta de Olivos, residencia presidencial donde se implementará el nuevo esquema de seguridad.

La decisión generó cuestionamientos de ATE, mientras que desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema busca reforzar la seguridad presidencial y reorganizar el funcionamiento interno de la residencia.

Doce trabajadores fueron despedidos

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, 12 trabajadores civiles fueron desvinculados de la Quinta de Olivos debido a presuntas filtraciones de información relacionada con la actividad que se desarrolla dentro de la residencia presidencial.

En un primer momento, desde ATE Presidencia habían informado sobre diez despidos y la posible reasignación de otros empleados. Finalmente, el Gobierno confirmó que fueron 12 las personas despedidas.

Otros trabajadores serán trasladados a distintas dependencias, mientras avanza una reorganización que contempla una reducción del personal civil que permanece en la Quinta.

Casa Militar asumirá el control

En paralelo con los despidos, el Gobierno anunció un cambio en la estructura de la Residencia Presidencial de Olivos.

La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de las funciones y los bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La reorganización también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Qué explicó oficialmente el Gobierno

Un punto central de la medida es que el comunicado oficial no menciona las filtraciones como fundamento de los despidos.

La explicación formal del Gobierno sostiene que los cambios tienen como objetivo fortalecer la seguridad y elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.

También se mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.

Las filtraciones fueron señaladas por fuentes oficiales como el motivo que habría precipitado la salida de los trabajadores, por lo que ambas explicaciones forman parte del contexto de la reorganización.

El reclamo de ATE

La medida fue cuestionada por la Asociación Trabajadores del Estado.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas con normalidad y que no recibieron explicaciones sobre las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, la delegada Melisa Abate había advertido inicialmente sobre los despidos y señaló que algunos empleados serían reasignados. También había planteado la posibilidad de que todo el personal civil fuera desafectado de la Quinta de Olivos.

Versiones sobre las supuestas filtraciones

En las últimas horas circularon distintas versiones sobre situaciones ocurridas dentro de la residencia presidencial. Entre ellas se mencionaron cuestiones relacionadas con la compra y el manejo de alimentos, el supuesto uso de elementos de la Quinta sin autorización y una versión sobre la intoxicación de uno de los perros del Presidente.

Estas situaciones no fueron confirmadas oficialmente en detalle.

De esta manera, la Quinta de Olivos atraviesa una reorganización que incluye 12 despidos, reasignaciones de personal y el traspaso de las funciones de seguridad a Casa Militar. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse dentro de los próximos 60 días.

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