El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

En ese sentido, advierte que las fuentes indicadas para el financiamiento (como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y la reasignación de partidas) resultan “genéricas”, no se relacionan de manera directa con los nuevos gastos previstos y no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos.

El Gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.

Este gasto “sin respaldo real”, según la Casa Rosada, sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Es la segunda vez que el presidente Milei veta una ley que busca aumentar el financiamiento universitario. El año pasado logró juntar un tercio de los votos en Diputados para blindar su decisión gracias al apoyo de algunos gobernadores y de los radicales “con peluca”, que hoy forman parte de un interbloque con el oficialismo.

La oposición analizaba por estas horas convocar a una sesión para la semana que viene y debatía si incluir en el temario el rechazo al veto. Los bloques más duros argumentaban que llevar los vetos al recinto lo antes posible serviría para aprovechar el momento de debilidad del Gobierno tras la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires y la tensa relación con los gobernadores. Este jueves por la mañana se llevará adelante una reunión clave entre los secretarios parlamentarios de los bloque opositores para definir los próximos pasos a seguir. También están pendientes los vetos a la declaración de Emergencia por Bahía Blanca y la Moratoria Previsional.

Fuente: Infobae

El Congreso iniciará mañana el proceso de designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, luego del exhorto de la Corte Suprema de Justicia de finales de agosto pasado en el que le pidió al Poder Legislativo que ocupara los cargos que están vacantes desde 2009.

Se trata de un organismo independiente que tiene como fin la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en la Argentina.

El Defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras y dura cinco años en su cargo.

El último en ejercer el cargo -entre 1999 y 2009- fue el peronista Eduardo Mondino. El año pasado se cumplieron 15 años de vacante en el área, lo que fustigado por diversas organizaciones civiles.

La institución fue creada en 1993 por ley y, con la reforma de 1994, adquirió rango constitucional. La Defensoría solo tuvo dos representantes, desde el ’94 al 2009, y el predecesor de Mondino fue Jorge Luis Maiorano.

Fuente: NA

El presidente Javier Milei anunció este lunes a la tarde que se conformará una “mesa política nacional” y “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” tras la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

“El Presidente tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, anunció en redes sociales el vocero Manuel Adorni.

Fuente: Cadena 3