Politica
Piden prisión para Andrea del Boca por el fraude Mamá Corazón y que devuelva U$S 3 millones
La fiscal federal Fabiana León pidió esa pena para la actriz por defraudación al Estado con su novela Mamá Corazón. También pidió la condena de Julio De Vido y del exrector de la UNSAM, Carlos Ruta.
La fiscal federal Fabiana León pidió la condena de Andrea del Boca y Julio de Vido por defraudación contra la administración pública por el financiamiento estatal irregular de la novela Mamá Corazón, en el marco del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), que arrancó en marzo pasado.
La fiscal pidió este jueves tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, por considerarla «partícipe necesaria» del delito de defraudación en perjuicio del Estado.
Mientras que solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación; y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, como «partícipe necesario».
Además, la fiscal pidió la condena de otras personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
Y reclamó el pago en forma solidaria de US$ 3.126.000 como restitución al Estado por esta defraudación.
La acusación fue porque se financió la novela Mamá Corazón con un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios y quedándose la productora con el producto de la venta de la serie en el extranjero. La fiscal también pidió que se condene al resto de los acusados en este juicio oral y público.
En su alegato, León destacó el daño «de enorme magnitud» que se produjo con estos «actos de corrupción» a las políticas públicas de financiamiento a las universidades y de fomento a las artes que se desarrollaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.
«Ante ese privilegio que tuvieron esos sectores, de políticas muy generosas que las personas que estamos acusando hayan contribuido a afectar ese patrimonio, resulta un daño social que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar las agravantes genéricas respecto de la totalidad de los imputados», sostuvo la fiscal federal.
Y destacó que «el hecho tiene especial gravedad», ya que «se trató de actos de corrupción que perjudicaron al estado y la confianza de los ciudadanos en decisiones que han sido generosas en punto al desarrollo educativo y cultural de la población».
En el caso específico de Andrea del Boca, se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora «tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación». Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas arbitrarias y leoninas, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos, una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora. Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar involucrado el interés publico», sostuvo la acusación que se leyó al inicio del juicio oral y público.
La causa judicial
A mediados de 2018, en juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por 60 millones de pesos; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectivamente.
A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.
En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».
El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.
Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.
Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.
El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».
La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos del juez Ramos.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».
Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».
El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.
Fuente: Clarín
Politica
Pullaro supervisó el avance de las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en Rafaela junto al senador Alcides Calvo
A menos de dos meses del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este martes el avance de las principales obras deportivas que se ejecutan en Rafaela, una de las tres sedes del certamen continental.
La visita contó con la participación del senador provincial Alcides Calvo, autoridades provinciales y municipales.
Obras con más del 90% de avance
Durante la recorrida, las autoridades inspeccionaron el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el velódromo, las pistas de BMX y skate, la Villa Suramericana y otras obras de infraestructura que formarán parte del nuevo polo deportivo de la ciudad.
Según se informó, la mayoría de los trabajos supera el 90% de ejecución, con el objetivo de que todas las instalaciones estén listas para el comienzo de los Juegos, previsto para el 12 de septiembre de 2026.
Un impulso para el empleo y la economía regional
Además del legado deportivo, desde el Gobierno provincial destacaron el impacto económico que genera la organización del evento.
Actualmente, las obras emplean entre 500 y 600 trabajadores en Rafaela y más de 2.000 en toda la provincia. A esto se sumará el movimiento económico que producirán los Juegos con la llegada de deportistas, delegaciones y visitantes, beneficiando a los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios, tanto en Rafaela como en el departamento Castellanos y localidades de la región.
Calvo destacó el legado que dejarán los Juegos
Al finalizar la recorrida, el senador Alcides Calvo resaltó la importancia de las inversiones que se realizan en la ciudad.
«Los Juegos Suramericanos representan una oportunidad histórica para Rafaela y para toda la provincia de Santa Fe. Estas obras son el resultado de una decisión política de apostar al deporte como herramienta de integración, crecimiento y desarrollo urbanístico y económico», expresó.
Además, sostuvo que la infraestructura construida continuará beneficiando a deportistas, instituciones y a la comunidad una vez finalizada la competencia.
«El esfuerzo realizado permitirá que Rafaela cuente con infraestructura deportiva y vial de primer nivel, consolidándose como una ciudad preparada para recibir grandes eventos y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y turístico de toda la región», concluyó.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Avanza la obra de la rotonda de Arrufó y la recuperación de la Ruta Provincial 23
La rotonda de Arrufó, ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, ingresó en su etapa final de construcción.
Además, autoridades provinciales supervisaron los primeros trabajos de la recuperación integral de la Ruta Provincial 23, una obra clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el departamento San Cristóbal.
Recorrida por dos obras estratégicas
El senador provincial Felipe Michlig, junto al secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el subadministrador de la Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo; y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, recorrieron la obra de la nueva rotonda, que se encuentra en la fase final de ejecución.
Según destacaron las autoridades, la intervención busca reducir la siniestralidad, mejorar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad en uno de los cruces más transitados del centro-norte santafesino.
«Una obra fundamental para salvar vidas»
Durante la recorrida, Felipe Michlig señaló que la obra corresponde a una intersección de una ruta nacional, aunque fue asumida por el Gobierno de Santa Fe.
«La Provincia decidió hacerse cargo de una obra fundamental para salvar vidas, brindar mayor seguridad vial, mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de toda la región», expresó el legislador.
Por su parte, Juan Cruz Cándido resaltó que se trata de una inversión realizada con recursos provinciales, mientras que Cristian Piumatti valoró el impacto que tendrá para el crecimiento de Arrufó y las localidades vecinas.
También avanza la recuperación de la Ruta Provincial 23
Posteriormente, las autoridades se trasladaron al kilómetro 17 de la Ruta Provincial 23, en jurisdicción de Suardi, donde inspeccionaron un tramo piloto de 500 metros correspondiente a la obra de recuperación integral de esa vía.
En la recorrida participaron además el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, y la intendenta de San Guillermo, Romina López.
El subadministrador de Vialidad, Sergio Cardozo, explicó que los trabajos incluyen:
- Fresado de 4 centímetros de la carpeta asfáltica existente.
- Reciclado de 30 centímetros de la estructura del pavimento con incorporación de agregado pétreo.
- Ensanche de la calzada, que pasará de 7,30 a 8,30 metros.
- Colocación de una base asfáltica de 5 centímetros y una carpeta de rodamiento de otros 5 centímetros.
La obra abarcará 41 kilómetros
Una vez concluidas las pruebas técnicas sobre el tramo experimental, y si los resultados son los esperados, el mismo sistema constructivo se aplicará a los 41 kilómetros de la Ruta Provincial 23.
El objetivo es dejar completamente renovado este corredor vial, mejorando tanto la seguridad como la transitabilidad para vecinos y transportistas.
Con información de Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig
Politica
Una encuesta nacional midió a 20 dirigentes: 19 terminaron con imagen negativa y un funcionario alcanzó el 88% de rechazo
Una nueva medición nacional sobre la imagen de los principales dirigentes políticos del país mostró un escenario ampliamente desfavorable: 19 de los 20 políticos evaluados registraron un saldo negativo, mientras que un funcionario alcanzó un 88% de imagen negativa, según el relevamiento.
Solo un dirigente logró evitar el saldo negativo
El estudio, elaborado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein, analizó la imagen de 20 referentes políticos, entre ellos oficialistas y opositores, a partir de 800 entrevistas online realizadas en todo el país.
El único dirigente que logró equilibrar su imagen fue Guillermo Francos, quien obtuvo 44% de valoración positiva y 44% de negativa, convirtiéndose en el mejor ubicado del ranking.
Detrás aparecieron Patricia Bullrich, Diego Santilli, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Mauricio Macri, Jorge Macri y Javier Milei, aunque todos ellos finalizaron con un balance negativo.
Javier Milei quedó octavo en el ranking
Según la encuesta, el presidente Javier Milei obtuvo:
- 36% de imagen positiva
- 60% de imagen negativa
El informe señala que la evaluación del Gobierno muestra cierta estabilización luego de varios meses de caída, aunque todavía predomina una percepción desfavorable entre los consultados.
El dirigente con mayor rechazo
El dato más llamativo del relevamiento fue el de Manuel Adorni, quien registró:
- 6% de imagen positiva
- 88% de imagen negativa
Se trata del porcentaje de rechazo más elevado de toda la medición.
También figuran entre los dirigentes con peor imagen:
- Martín Lousteau: 67% negativa.
- Martín Menem: 66%.
- Cristina Kirchner: 64%.
- Juan Grabois: 63%.
- Victoria Villarruel: 59%.
Qué dice el informe sobre la situación del país
Además del ranking de dirigentes, la encuesta reflejó una visión mayoritariamente pesimista sobre la economía:
- 66% considera que la situación económica está peor que hace un año.
- 57% cree que la economía estará peor dentro de un año.
- 67% afirma que su situación económica personal empeoró.
- 58% evalúa negativamente la gestión del Gobierno nacional.
Entre las principales preocupaciones de los encuestados aparecen:
- La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
- El aumento del costo de los servicios públicos.
- La incertidumbre económica.
- La inseguridad.
Con información de Clarín
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