La fiscal federal Fabiana León pidió la condena de Andrea del Boca y Julio de Vido por defraudación contra la administración pública por el financiamiento estatal irregular de la novela Mamá Corazón, en el marco del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), que arrancó en marzo pasado.

La fiscal pidió este jueves tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, por considerarla «partícipe necesaria» del delito de defraudación en perjuicio del Estado.

Mientras que solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación; y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, como «partícipe necesario».

Además, la fiscal pidió la condena de otras personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.

Y reclamó el pago en forma solidaria de US$ 3.126.000 como restitución al Estado por esta defraudación.

La acusación fue porque se financió la novela Mamá Corazón con un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios y quedándose la productora con el producto de la venta de la serie en el extranjero. La fiscal también pidió que se condene al resto de los acusados en este juicio oral y público.

En su alegato, León destacó el daño «de enorme magnitud» que se produjo con estos «actos de corrupción» a las políticas públicas de financiamiento a las universidades y de fomento a las artes que se desarrollaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.

«Ante ese privilegio que tuvieron esos sectores, de políticas muy generosas que las personas que estamos acusando hayan contribuido a afectar ese patrimonio, resulta un daño social que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar las agravantes genéricas respecto de la totalidad de los imputados», sostuvo la fiscal federal.

Y destacó que «el hecho tiene especial gravedad», ya que «se trató de actos de corrupción que perjudicaron al estado y la confianza de los ciudadanos en decisiones que han sido generosas en punto al desarrollo educativo y cultural de la población».

En el caso específico de Andrea del Boca, se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora «tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación». Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas arbitrarias y leoninas, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos, una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora. Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar involucrado el interés publico», sostuvo la acusación que se leyó al inicio del juicio oral y público.

La causa judicial

A mediados de 2018, en juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por 60 millones de pesos; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectivamente.

A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.

En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».

El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca­ era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.

Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.

El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».

La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos del juez Ramos.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».

Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».

El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.

Fuente: Clarín