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Plan de concesiones de Milei: qué pasará con las rutas nacionales

La administración libertaria inicia la primera etapa del proceso licitatorio de la nueva Red Federal de Concesiones. Este nuevo esquema incluye la ruta nacional 9 y modifica el sistema de tramos viales.

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Foto: Ilustrativa

El gobierno de Javier Milei dio inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la nueva Red Federal de Concesiones, plan que había sido presentado el año pasado, en línea con la política de privatización de bienes del Estado nacional. Este proyecto buscará la participación del capital privado en el mantenimiento y operación de las rutas nacionales, especialmente las más transitadas del territorio nacional.

La fase inicial del proceso comprende la licitación del Corredor Vial 18, que abarca principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estas rutas y tramos formarán parte del nuevo sistema de concesiones por peaje, cuyo objetivo es reducir los costos que este sistema genera al Tesoro Nacional, que actualmente se estiman en alrededor de U$S6.100 millones en un periodo de entre 15 y 20 años, informó la administración libertaria.

La nueva Red Federal de Concesiones modifica el anterior diseño de «Concesión Tramos y Rutas que integran la Red Vial Nacional», un esquema de grupos o tramos de rutas nacionales y autopistas que fueron concesionadas anteriormente a distintas empresas. Así, dentro de este flamante plan, se encuentra la ruta nacional 9/34, que atraviesa Tucumán, no así las rutas 38 y 157, por ahora, según datos publicados por Vialidad Nacional.Tucumán travel guide

Actualmente, la ruta 9/34 forma parte del tramo 1, integrado por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, con 797,83 kilómetros (km) de extensión. Los trayectos que involucran a la provincia van desde el empalme RN 64, en Santiago del Estero, hasta San Miguel de Tucumán (149,32 km) y desde la capital tucumana hasta el empalme de la ruta 34, en Torzalito, Salta (254,89 km).

Con el reciente «mapa de rutas», este grupo de rutas del NOA pasará a llamarse tramo «Noroeste», se reducirá a 596,55 km y será desde la capital santiagueña hasta Jujuy. Abarcará las rutas 9, 34, 66 (acceso a San Salvador de Jujuy) y 1V66 (conectada a la 66), e incluirá la autopista de acceso a la Ciudad de Salta.

Otra novedad ha sido que figura la ruta que conecta San Miguel de Tucumán-Aeropuerto Benjamín Matienzo, denominada A-016. Eso significaría, según explicaron especialistas del sector, que se anexaría la obra vial hacia la terminal aerocomercial de la provincia, de alrededor de 16 kilómetros, al sistema de explotación por concesión. También se puede presumir la adhesión nuevamente de la Circunvalación, de 12 kilómetros, que ha sido excluido de ese esquema años atrás.

Corredores Viales, empresa estatal creada en 2019 y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y de Vialidad Nacional, ha sido la concesionaria del tramo 1 y de otros nueve en el país en los últimos tiempos. Sin embargo, en la empresa ya advirtieron que la explotación del peaje Molle Yaco y la 9 finalizará una vez se liciten los nuevos tramos. «No tenemos hoy fecha cierta de esos cambios», explicó una fuente oficial de la firma.

Concesión de peajes

En Vialidad Nacional explicaron que «las principales características del sistema son que no contará con subsidios del Estado, que hasta ahora había sostenido un esquema de concesiones deficitario». «El gobierno confía en que la inversión privada permitirá mantener y operar las rutas de forma más eficiente, con mejores condiciones para los usuarios», indicaron.

La supervisión y control de este proceso estará a cargo de Vialidad, el organismo descentralizado del Ministerio de Transporte. Este ente será responsable de garantizar que las concesionarias cumplan con los estándares de calidad en el mantenimiento de las rutas, a través de un monitoreo constante de las condiciones de las calzadas. Entre los parámetros a evaluar se incluyen la calidad de la superficie, la señalización, la iluminación y el estado de las banquinas.

El proyecto total abarca 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos, que representan el 20% de la red vial nacional, pero que concentran el 80% del tránsito.

Según el gobierno de Milei, las nuevas concesiones ofrecerán ventajas a los usuarios, tales como tarifas máximas establecidas en los pliegos de licitación, las cuales no podrán ser modificadas hasta que se logren las condiciones óptimas en las rutas.

El proceso licitatorio será transparente, con convocatorias a nivel nacional e internacional y una rigurosa evaluación de los oferentes. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, se encargará de la organización de la licitación, la aprobación de los pliegos y la adjudicación de los contratos.

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Politica

El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

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Foto: La propuesta consiste en una recomposición en dos etapas con un ajuste en julio y otro en octubre.

Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo será el aumento salarial

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.

El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.

Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.

También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.

Más fondos para becas y hospitales universitarios

El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.

Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Cientos de personas participaron en la ’Marcha Federal Universitaria’ del 12 de mayo en Buenos Aires

La demanda judicial continuará

Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.

Desconfianza de los gremios universitarios

Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.

Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.

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Politica

Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe

La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.

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Foto: Senador Alcides Calvo

El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.

El objetivo del proyecto

La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.

De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:

  • Cierre de empresas
  • Suspensiones laborales
  • Falta de pago de salarios
  • Caída abrupta de ingresos
  • Paralización productiva

Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”

El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.

“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.

Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.

Crisis empresariales y preocupación social

El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:

  • Verónica
  • SanCor
  • Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.

Una medida excepcional y transitoria

Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.

La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.

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Politica

Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.

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Foto: El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026

Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.

La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.

Las razones de la demora

De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:

  • Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
  • Reducir la presión interna dentro del oficialismo.

En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.

Bullrich pidió acelerar los plazos

La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.

Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.

La causa que complica al funcionario

La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.

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