Politica
Por 142 votos contra 106 se aprobó en general la Ley Bases en Diputados
Sin pausa ni un cuarto intermedio, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado, instancia en la que se prevé una votación más ajustada en los puntos más conflictivos.
Después de casi 20 horas de un debate extenuante, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos positivos, el proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei. De inmediato, sin pausa ni un cuarto intermedio, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado, instancia en la que se prevé una votación más ajustada en los puntos más conflictivos. Así, la iniciativa cuenta con media sanción y deberá ser ahora discutida en el Senado, donde el oficialismo está en desventaja y ya sufrió el revés para validar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
Además del oficialismo, la iniciativa contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En la vereda contraria se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención.
Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos, aunque aun así este artículo promete generar una fuerte discusión en el recinto.
Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.
Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas. “Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. Y agregó: “Al Presidente hay que darle herramientas”. Pichetto también defendió el capítulo laboral del proyecto y reclamó a Milei un diálogo constructivo con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.
Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, también dio su apoyo a la inciativa. “Intervenimos con reformas en el proyecto y nos interpela conceder facultades a un presidente inestable. Somos conscientes que podemos revocar las concesiones. Son menores de las que se dieron a Alberto Fernández o Cristina Kirchner”, planteó el cordobés. Y reclamó que “no se repita el sistema [privatizador] noventista, que fue opaco. Vamos a estar observando cómo se reglamenta el RIGI, vamos a estar observando. Este bloque le viene a dar las herramientas que reclama, pero le viene a quitar las excusas para ganar tiempo”.
“Muchas de las cosas que están en esta Ley Bases las propusimos en la campaña electoral”, justificó Cristian Ritondo el apoyo de Pro a la iniciativa.
“Esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción”, dijo Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) para argumentar su rechazo, sobre todo, al RIGI. Y añadió más críticas al Gobierno: “Si vamos a hacer una factoría, ¿para que queremos un Estado?”.
Cerró el debate antes de la votación general Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), quien agradeció el respaldo de los bloques aliados para aprobar la ley. “Es una ley para los trabajadores”, dijo el libertario, que justificó el cierre de organismos públicos. “Menos Estada, es libertad”, reforzó, casi como un eslogan de campaña.
Milei, quien no ha conseguido la aprobación de un proyecto de ley hasta el momento y había dicho que avanzará en su plan de gobierno con o sin el apoyo del Congreso, festejó el domingo sus “logros económicos” a pesar de los reveses legislativos.
”La política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y, a pesar de la política, lo estamos logrando y no vamos a cambiar el rumbo”, dijo en LN+.
Mientras transcurrió el debate legislativo, que comenzó a las 13.30 del lunes, cientos de manifestantes repudiaron el proyecto frente al Congreso en el marco de una concentración convocada por sindicatos y partidos opositores, principalmente vinculados a la izquierda.
Fuente: Contexto Tucumán
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
Politica
Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe
La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.
El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.
El objetivo del proyecto
La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.
De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:
- Cierre de empresas
- Suspensiones laborales
- Falta de pago de salarios
- Caída abrupta de ingresos
- Paralización productiva
Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”
El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.
“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.
Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.
Crisis empresariales y preocupación social
El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:
- Verónica
- SanCor
- Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad
“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.
Una medida excepcional y transitoria
Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.
La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.
El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026
Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.
La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.
Las razones de la demora
De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:
- Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
- Reducir la presión interna dentro del oficialismo.
En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.
Bullrich pidió acelerar los plazos
La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.
“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.
Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.
La causa que complica al funcionario
La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.
Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.
Con información de NA
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