La propuesta oficial busca reemplazar el esquema de emergencia por una legislación permanente, aunque todavía se negocian los alcances de los cambios.

El Gobierno prepara una nueva propuesta

La polémica surgió después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso incluyera modificaciones vinculadas con el sistema de prestaciones por discapacidad.

Entre los cambios cuestionados se encuentra la eliminación de la actualización obligatoria de las prestaciones y la posibilidad de que las obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan sus propios valores.

Tras las críticas, funcionarios del Ejecutivo comenzaron a trabajar en una nueva redacción.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la diputada Laura Rodríguez Machado y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron una reunión para delinear una propuesta que será presentada a los sectores aliados.

Buscan reemplazar la emergencia por una ley permanente

Uno de los planteos que llevará el oficialismo a la comisión es reemplazar la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, por una legislación permanente.

Según la postura que expondrá el Gobierno, el nuevo esquema debería establecer objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, de manera de incorporar esos parámetros al Presupuesto 2027.

Una fuente del Ejecutivo señaló que buscan alcanzar un texto consensuado que permita pasar de una situación de excepcionalidad a un esquema permanente. Otra fuente sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a modificar parte de su propuesta, aunque no todos los puntos cuestionados.

Qué puede pasar en el Congreso

Si los aliados aceptan la nueva propuesta, el oficialismo pretende obtener un dictamen favorable la próxima semana.

A partir de allí existen distintas alternativas para avanzar con el tratamiento legislativo. Una posibilidad es tratar específicamente el tema de discapacidad y obtener su aprobación en Diputados. Otra es avanzar junto con el proyecto relacionado con la morosidad.

También se analiza que los cambios vinculados con discapacidad queden incorporados directamente al tratamiento del Presupuesto 2027.

El contenido definitivo todavía depende de las negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques que participan del debate.

También está en discusión la AUH

Otro punto del proyecto que genera debate está relacionado con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiares.

El Ministerio de Economía propuso modificar el mecanismo mediante el cual estas prestaciones se actualizan automáticamente en función de la inflación de los meses anteriores.

Desde la Casa Rosada señalaron que esa modalidad ya había sido planteada en los anteriores presupuestos enviados por la actual gestión, aunque los cambios no habían sido aprobados por el Congreso.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, señalaron que existe un compromiso de garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y mencionaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura se ubique alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

Un dato relevante sobre las prestaciones por discapacidad

En paralelo a esta discusión legislativa, este viernes el Gobierno oficializó una actualización del 1,7% para septiembre en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.

La Resolución 3487/2026 establece que el incremento se calcula sobre la variación del IPC de agosto y alcanza a las distintas prestaciones contempladas por el sistema.

De esta manera, mientras continúa el debate sobre el Presupuesto 2027 y el futuro esquema legal para el sector, el Congreso deberá definir el alcance de las modificaciones que finalmente serán incorporadas al proyecto.

Con información de La Nación

La decisión generó cuestionamientos de ATE, mientras que desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema busca reforzar la seguridad presidencial y reorganizar el funcionamiento interno de la residencia.

Doce trabajadores fueron despedidos

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, 12 trabajadores civiles fueron desvinculados de la Quinta de Olivos debido a presuntas filtraciones de información relacionada con la actividad que se desarrolla dentro de la residencia presidencial.

En un primer momento, desde ATE Presidencia habían informado sobre diez despidos y la posible reasignación de otros empleados. Finalmente, el Gobierno confirmó que fueron 12 las personas despedidas.

Otros trabajadores serán trasladados a distintas dependencias, mientras avanza una reorganización que contempla una reducción del personal civil que permanece en la Quinta.

Casa Militar asumirá el control

En paralelo con los despidos, el Gobierno anunció un cambio en la estructura de la Residencia Presidencial de Olivos.

La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de las funciones y los bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La reorganización también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Qué explicó oficialmente el Gobierno

Un punto central de la medida es que el comunicado oficial no menciona las filtraciones como fundamento de los despidos.

La explicación formal del Gobierno sostiene que los cambios tienen como objetivo fortalecer la seguridad y elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.

También se mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.

Las filtraciones fueron señaladas por fuentes oficiales como el motivo que habría precipitado la salida de los trabajadores, por lo que ambas explicaciones forman parte del contexto de la reorganización.

El reclamo de ATE

La medida fue cuestionada por la Asociación Trabajadores del Estado.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas con normalidad y que no recibieron explicaciones sobre las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, la delegada Melisa Abate había advertido inicialmente sobre los despidos y señaló que algunos empleados serían reasignados. También había planteado la posibilidad de que todo el personal civil fuera desafectado de la Quinta de Olivos.

Versiones sobre las supuestas filtraciones

En las últimas horas circularon distintas versiones sobre situaciones ocurridas dentro de la residencia presidencial. Entre ellas se mencionaron cuestiones relacionadas con la compra y el manejo de alimentos, el supuesto uso de elementos de la Quinta sin autorización y una versión sobre la intoxicación de uno de los perros del Presidente.

Estas situaciones no fueron confirmadas oficialmente en detalle.

De esta manera, la Quinta de Olivos atraviesa una reorganización que incluye 12 despidos, reasignaciones de personal y el traspaso de las funciones de seguridad a Casa Militar. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse dentro de los próximos 60 días.

Con información de Perfil

La Cámara de Senadores dio media sanción a la reforma de la ley de biocombustibles, una iniciativa que establece nuevos porcentajes de mezcla obligatoria para los combustibles utilizados en el país.

El proyecto fija que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%, mientras que el de biodiésel aumentará del 7% al 10%. De acuerdo con la propuesta, los nuevos porcentajes comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La votación terminó con 41 senadores a favor y 25 en contra. Ahora el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Qué establece para las pymes de biodiésel

El tratamiento del proyecto pudo avanzar luego de que se alcanzara un acuerdo respecto de la participación de las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.

Las pymes buscaban conservar una participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto original contemplaba una reducción progresiva de esa participación hasta su eliminación en 2031.

Con las modificaciones acordadas, las empresas no integradas tendrán garantizado un piso mínimo del 4% entre el 1 de enero de 2031 y 2036, asegurando de esta manera una participación dentro del mercado durante ese período.

Los argumentos durante el debate

La presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, sostuvo que el dictamen busca preservar las capacidades productivas existentes y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema con mayor competencia y apertura a nuevas tecnologías.

Según explicó, la iniciativa no solamente modifica los porcentajes de corte, sino que también establece reglas sobre el abastecimiento y la comercialización de los biocombustibles.

Respecto del biodiésel, destacó que se plantea una transición hasta 2036, con una reducción progresiva de la participación reservada a empresas no integradas.

La senadora de Independencia Beatriz Ávila respaldó el aumento del corte al 15% y sostuvo que la reforma puede tener impacto en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional.

También destacó la importancia de la caña de azúcar para las provincias del norte, particularmente para Tucumán, y vinculó la reforma con la reducción de emisiones, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el senador y exgobernador tucumano Juan Manzur apoyó la iniciativa y señaló que puede beneficiar a pequeños productores y a las economías regionales de su provincia.

Desde Córdoba, la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo destacó el desarrollo de la industria de biocombustibles en esa provincia y señaló que Córdoba concentra, según sus declaraciones, casi el 70% de la capacidad instalada de producción de etanol.

En una posición diferente, el senador peronista Fernando Salino planteó reparos sobre distintos aspectos del proyecto. Entre sus cuestionamientos, señaló que algunas cuestiones deberían quedar establecidas en la propia ley y no ser delegadas a la reglamentación.

A su vez, la senadora Carolina Moisés, presidenta de Convicción Federal, manifestó su respaldo al proyecto y destacó su vínculo con la actividad azucarera de la provincia de Jujuy.

La iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada para determinar si finalmente se convierte en ley.

Con información de Cadena 3