La intervención se llevó adelante sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17.500, donde se allanaron varios inmuebles bajo la supervisión del fiscal federal Walter Rodríguez. En el lugar no solo se liberó a las víctimas, sino que además se detuvo a un hombre de 25 años señalado como principal responsable y se trasladó a otro sujeto de 64 años vinculado a la causa.

El despliegue dejó al descubierto una escena impactante: los investigadores incautaron una camioneta, equipos informáticos, teléfonos celulares, documentación contable y más de 10 millones de pesos en efectivo. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de un verdadero arsenal: escopetas, pistolas, revólveres, una carabina, cargadores y cientos de cartuchos de diferentes calibres, además de un frasco con cogollos de marihuana.

El caso, caratulado como trata de personas con fines de explotación laboral agravada, pone de relieve la brutalidad con la que operan estas redes y la necesidad de reforzar los controles en la región. Desde la PDI confirmaron que el operativo se realizó con la colaboración de áreas especializadas en trata, violencia de género, criminalística y organismos vinculados a la protección de trabajadores rurales.

El escándalo sacude a la comunidad santafesina, no solo por el número de víctimas rescatadas, sino también por la magnitud de los elementos secuestrados, que dejan al descubierto el nivel de organización detrás de este delito.

Fuente: Sin Mordaza

El procedimiento se llevó a cabo el día 1 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, a la altura del kilómetro 25 de la ruta provincial, en cercanías de la localidad de La Brava, bajo la jurisdicción de la Unidad Operativa 7 San Javier.

El Desarrollo del Operativo

El personal de la Guardia Provincial detuvo una camioneta Ford Ranger tipo pick-up como parte de un operativo de fiscalización vehicular. Durante la inspección, se constató que el conductor, identificado como V. H.M., transportaba un fusil a repetición en el interior del vehículo.

Al requerírsele la documentación que acreditara la legítima portación y el correcto traslado del arma de fuego, el conductor no pudo constatar la tenencia de los permisos obligatorios.

Ante esta situación, los agentes informaron de inmediato al Fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El Fiscal ordenó el secuestro del fusil y dispuso que se notificara al involucrado sobre la formación de una causa penal por el delito de «Tenencia Indebida de Arma de Fuego de Uso Civil Condicional».

Fuente: CAM Tostado

La secretaria de Trabajo de la provincia de Santa Fe, delegación Reconquista, convocó a una reunión para el próximo 6 de octubre, luego de la denuncia presentada por Uatre por las precarias condiciones laborales de unas 31 personas en campos de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio.

Además de los dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, deberán comparecer a este encuentro los dueños de los dos campos donde hallaron a estas personas y que derivó en una causa judicial por trabajo esclavo en la Justicia Federal de Rafaela.

El dueño de uno de los campos es Carlos Ruben Bonfigli, mientras que los responsables del otro predio tienen relación con el Grupo Vicentin, quienes conformaron la “La Isabelina” y explotan estas hectáreas, según lo publicado por LT9 el pasado 19 de septiembre.

En la audiencia convocada en la delegación Reconquista de la secretaría de Trabajo de Santa Fe, los referentes de UATRE -encabezados por Daniela Yaccuzzi- esperan que los dueños de los campos o sus apoderados den cuenta de la situación de estas 31 personas, que relaten en qué estado estaban, por qué estaban ahí y cuál es la situación laboral para que regularicen. A su vez, los dueños de los campos fueron intimados para que en 15 días regularicen la situación laboral de estas personas. Caso contrario, podrían sancionados con multas económicas.

Más allá de que la convocatoria tiene fecha, las expectativas de que acudan los dueños o apoderados de los campos son bajas, pero desde el organismo provincial se cumple con el pedido que realizó la Uatre.

Durante su columna en “Hora de Arrancar”, Mariano Bravi recordó que hace unos días, en Jujuy, condenaron a una pareja de finqueros a penas de 10 años de presión por explotación laboral y reducción a la servidumbre. “Podríamos estar ante otro caso similar acá en Pozo Borrado” indicó Bravi.

Fuente: LT9