Una mujer correntina, que vivió en condiciones de servidumbre durante 22 años, fue rescatada en 9 de Julio al 200, en el barrio Martín. La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la operación tras recibir información de un hospital en Rosario, donde la mujer fue atendida por problemas de salud que derivaron en la revelación de su situación. La Justicia Federal ha iniciado una investigación sobre el caso.

La directora del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo, María Laura Pasquero, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: «Nosotros tomamos conocimiento a partir de la comunicación de un hospital de la ciudad de Rosario, que la había atendido por primera vez por una patología clínica que después derivó a partir de lo que ella contó en atención psicológica».

Pasquero indicó que, según los relatos de la mujer, se podría estar cometiendo el delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral. «Está desde la adolescencia con esta familia y no había tenido ningún tipo de atención médica desde los 14 años hasta ahora», agregó. La mujer, de 36 años, no percibía remuneración alguna y no contaba con habilidades de lectura y escritura.

Durante su rescate, la mujer estaba al cuidado de una persona mayor. Sin embargo, la directora de la Defensoría no pudo proporcionar detalles sobre la familia responsable, ya que las investigaciones están en curso. «Acá lo importante es el compromiso que tenemos que asumir las instituciones del Estado en el acompañamiento de esta mujer», subrayó Pasquero.

La funcionaria también destacó la importancia del acompañamiento interdisciplinario para ayudar a la mujer a reintegrarse a una vida normal. «Las oportunidades de vida se las va a tener que ir construyendo junto, insisto, con la ayuda del Estado», concluyó.

Pasquero instó a la ciudadanía a denunciar situaciones similares, recordando que existe una línea nacional, la 145, disponible de manera gratuita los 365 días del año, para reportar casos de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Fuente: Cadena 3

La intervención se llevó adelante sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17.500, donde se allanaron varios inmuebles bajo la supervisión del fiscal federal Walter Rodríguez. En el lugar no solo se liberó a las víctimas, sino que además se detuvo a un hombre de 25 años señalado como principal responsable y se trasladó a otro sujeto de 64 años vinculado a la causa.

El despliegue dejó al descubierto una escena impactante: los investigadores incautaron una camioneta, equipos informáticos, teléfonos celulares, documentación contable y más de 10 millones de pesos en efectivo. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de un verdadero arsenal: escopetas, pistolas, revólveres, una carabina, cargadores y cientos de cartuchos de diferentes calibres, además de un frasco con cogollos de marihuana.

El caso, caratulado como trata de personas con fines de explotación laboral agravada, pone de relieve la brutalidad con la que operan estas redes y la necesidad de reforzar los controles en la región. Desde la PDI confirmaron que el operativo se realizó con la colaboración de áreas especializadas en trata, violencia de género, criminalística y organismos vinculados a la protección de trabajadores rurales.

El escándalo sacude a la comunidad santafesina, no solo por el número de víctimas rescatadas, sino también por la magnitud de los elementos secuestrados, que dejan al descubierto el nivel de organización detrás de este delito.

Fuente: Sin Mordaza

El procedimiento se llevó a cabo el día 1 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, a la altura del kilómetro 25 de la ruta provincial, en cercanías de la localidad de La Brava, bajo la jurisdicción de la Unidad Operativa 7 San Javier.

El Desarrollo del Operativo

El personal de la Guardia Provincial detuvo una camioneta Ford Ranger tipo pick-up como parte de un operativo de fiscalización vehicular. Durante la inspección, se constató que el conductor, identificado como V. H.M., transportaba un fusil a repetición en el interior del vehículo.

Al requerírsele la documentación que acreditara la legítima portación y el correcto traslado del arma de fuego, el conductor no pudo constatar la tenencia de los permisos obligatorios.

Ante esta situación, los agentes informaron de inmediato al Fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El Fiscal ordenó el secuestro del fusil y dispuso que se notificara al involucrado sobre la formación de una causa penal por el delito de «Tenencia Indebida de Arma de Fuego de Uso Civil Condicional».

Fuente: CAM Tostado