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“Yo te compré”: la confesión que abrió una investigación por la presunta entrega ilegal de bebés en Rosario

Una investigación de la Justicia Federal de Rosario acumula 40 denuncias y tiene como principal imputada a una expartera de 88 años.

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Foto: Investigación judicial por la presunta entrega ilegal de bebés en Rosario

La causa busca determinar si entre 1968 y 1980 hubo un mecanismo organizado para separar bebés de sus madres biológicas y entregarlos a otras familias.

La investigación federal que se lleva adelante en Rosario sumó esta semana un nuevo capítulo luego de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara un planteo de prescripción presentado por la defensa de una expartera del Hospital Roque Sáenz Peña, actualmente imputada en la causa.

La mujer, de 88 años, está acusada de haber participado presuntamente en maniobras vinculadas con la supresión o alteración de la identidad y del estado civil de menores, además de falsedad ideológica de instrumentos públicos.

La causa comenzó a tomar forma a partir de personas que, décadas después de sus nacimientos, descubrieron inconsistencias en sus historias familiares. Una de ellas fue Eduardo Saigo, cuyo caso aportó elementos que luego se incorporaron a la investigación.

“Yo te compré”: la frase que cambió la historia de Eduardo Saigo

Saigo pasó gran parte de su vida creyendo que conocía sus orígenes. Sin embargo, a los 35 años descubrió que era adoptado y, con el paso del tiempo, decidió profundizar sus dudas.

Un examen de ADN confirmó que no existía vínculo biológico con las personas que figuraban como sus padres en su partida de nacimiento.

Según contó públicamente, al reconstruir su historia junto a su madre recibió una confesión que marcó un antes y un después: “Yo te compré”.

Saigo también señaló que la partera que aparece en su certificado de nacimiento estaba vinculada con el seguimiento del embarazo de su madre.

Su denuncia terminó incorporándose a un expediente mucho más amplio.

Las hermanas Viale, investigadas por el tráfico de bebés en Rosario.

La investigación apunta a certificados de nacimiento con datos falsos

La Fiscalía Federal, a cargo de Soledad García, analiza documentación correspondiente principalmente al período comprendido entre 1968 y 1980.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, en distintos casos podrían haberse confeccionado certificados de nacimiento con información falsa para modificar la identidad registral de recién nacidos.

La principal imputada es Dolly Viale de Garrido, quien trabajó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña durante la década de 1970.

También aparece mencionada en la investigación su hermana, Silvia Viale, cuya firma figura en documentación vinculada con algunos de los casos denunciados.

El posible mecanismo que intenta reconstruir la Justicia

Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en determinar cómo se habría producido el contacto con las mujeres embarazadas y quiénes podrían haber intervenido posteriormente en la entrega de los recién nacidos.

Según el testimonio de Saigo, durante aquellos años podían encontrarse avisos en diarios dirigidos a jóvenes embarazadas en situaciones de vulnerabilidad.

Las propuestas incluían alojamiento, comida, trabajo doméstico y una remuneración.

La Fiscalía intenta establecer si detrás de esas situaciones existía un mecanismo organizado y cuál habría sido la participación de las distintas personas involucradas.

Una fotografía que despertó nuevas sospechas

Entre los elementos aportados por Saigo existe también una fotografía encontrada entre las pertenencias de su madre después de su fallecimiento.

En la imagen aparecen sus padres de crianza junto a una adolescente de aproximadamente 15 años cuya identidad nadie dentro de la familia pudo determinar.

Saigo sospecha que podría tratarse de su madre biológica, aunque hasta el momento no existe una confirmación sobre esa hipótesis.

La fotografía forma parte de los elementos aportados en el marco de la investigación.

Ya son 40 las denuncias

Lo que comenzó con algunos casos puntuales fue creciendo con el avance de la investigación.

Actualmente, la Justicia Federal de Rosario acumula 40 denuncias de personas que cuestionan la identidad que figura en sus documentos y buscan reconstruir sus verdaderos orígenes.

La investigación analiza posibles coincidencias entre los distintos expedientes, entre ellas la aparición de documentación y firmas relacionadas con las hermanas Viale.

La Cámara Federal rechazó el planteo de prescripción

Uno de los últimos movimientos judiciales se produjo esta semana, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Dolly Viale de Garrido.

Los camaristas consideraron prematuro definir si los hechos están prescriptos mientras la investigación continúa y todavía no existe una calificación penal definitiva.

El tribunal también dejó abierta la posibilidad de analizar figuras más graves relacionadas con la sustracción, retención u ocultamiento de menores.

Por ahora, la causa continúa abierta y la Fiscalía busca determinar si los testimonios reunidos corresponden a hechos aislados o si forman parte de un mismo mecanismo de entrega irregular de recién nacidos.

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Santa Fe puso en marcha la Ley de Celulares: qué controles se podrán realizar y a quiénes alcanza

La provincia de Santa Fe avanza con una nueva herramienta para combatir el robo y la comercialización ilegal de celulares y otros dispositivos tecnológicos. La denominada Ley de Celulares establece un registro obligatorio para quienes comercialicen equipos usados y habilita controles para verificar la identificación electrónica de los aparatos.

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Foto: Ley de Celulares en Santa Fe: controles y registro de equipos usados

Este miércoles 18 de noviembre, funcionarios del Gobierno provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindarán detalles sobre el alcance de la normativa, recientemente sancionada por la Legislatura. La conferencia está prevista para las 12 en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario, y será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Provincia.

La iniciativa apunta a desarticular los mercados ilegales, impedir que se obtengan ganancias con dispositivos de origen delictivo y desalentar la compra de bienes provenientes de robos y hurtos.

Registro Provincial de Comercialización de Celulares

Uno de los principales puntos de la norma es la creación del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines.

Deberán inscribirse las personas y empresas que se dediquen a comprar, vender, permutar, acopiar, reparar, reacondicionar o comercializar celulares y otros dispositivos usados.

La finalidad es mejorar la trazabilidad de los equipos y contar con información que permita controlar las operaciones comerciales, detectar irregularidades y avanzar sobre los circuitos de comercialización ilegal.

Qué pasa si un celular tiene el IMEI alterado o una denuncia por robo

La ley establece que, si un dispositivo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, carece de IMEI o de otro identificador único equivalente, o presenta ese código bloqueado, alterado o eliminado, la situación deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciada de inmediato ante el Ministerio Público de la Acusación.

El IMEI es un número de identificación único que permite reconocer un teléfono celular. Su verificación puede resultar clave para determinar si un equipo está denunciado o presenta alguna irregularidad.

¿La Policía podrá pedir el IMEI en la calle?

Otro aspecto importante de la normativa es que quienes circulen por el territorio santafesino deberán exhibir el identificador electrónico único de sus dispositivos cuando lo requiera la autoridad competente.

De esta manera, la ley incorpora una herramienta de control que busca facilitar la detección de teléfonos denunciados o con identificaciones adulteradas.

Recuperar celulares robados y combatir el mercado ilegal

Entre los objetivos de la legislación también figura la recuperación y restitución de los dispositivos a sus legítimos propietarios.

Además, busca mejorar la coordinación entre los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales, y establecer mayores condiciones de transparencia y legalidad para las actividades comerciales alcanzadas.

La presentación de este miércoles permitirá conocer más detalles sobre la aplicación de la norma y los procedimientos que deberán seguir los organismos de seguridad y el MPA.

La iniciativa apunta a intervenir no solamente sobre quienes roban celulares, sino también sobre los circuitos que permiten que esos dispositivos ingresen al mercado y sean vendidos o comercializados nuevamente.

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Santa Fe compactó mil patrulleros y más de 35.000 vehículos secuestrados

El Gobierno de Santa Fe informó que ya compactó mil móviles policiales fuera de servicio y más de 35.000 vehículos secuestrados que permanecían acumulados en depósitos y dependencias de la provincia.

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Foto: Santa Fe compactó mil patrulleros y más de 35.000 vehículos secuestrados

El operativo se lleva adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y alcanza a 19 depósitos distribuidos en el territorio santafesino.

Una nueva etapa del programa fue supervisada en Rosario, en las instalaciones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La iniciativa busca liberar espacios ocupados por vehículos acumulados en comisarías y depósitos judiciales, además de establecer qué destino corresponde darle a cada unidad.

Qué destino tienen los vehículos secuestrados

Desde el Gobierno provincial explicaron que los rodados son evaluados individualmente para determinar si pueden ser recuperados, incorporados a subastas públicas, donados o enviados a compactación.

Según detallaron las autoridades, algunos vehículos que todavía se encuentran en condiciones pueden ser rematados a través de las subastas de la Aprad. Otros pueden destinarse a instituciones, como escuelas técnicas, mientras que aquellos que están completamente fuera de uso son compactados.

Para organizar este procedimiento, la Provincia implementó un sistema de registro que permite incorporar cada vehículo secuestrado a una plataforma interna y realizar un seguimiento de su situación.

Buscan liberar espacios en comisarías y depósitos

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la compactación de los mil móviles policiales permitió avanzar en el ordenamiento de la flota fuera de servicio.

Además, señaló que la acumulación de vehículos generaba dificultades logísticas y problemas de salud pública por la presencia de chatarra en espacios destinados a tareas de seguridad.

El programa es impulsado por distintas áreas del Gobierno santafesino y apunta a mejorar la administración de los bienes del Estado, recuperar espacios y establecer nuevos criterios para el manejo de los vehículos secuestrados.

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Santa Fe: qué podrá pedir la Policía al controlar un celular y qué pasa si una persona se niega

Una nueva ley provincial habilita controles de teléfonos celulares en la vía pública para detectar dispositivos robados o de procedencia ilegal. La jefa de la Unidad Regional I explicó cómo serán los procedimientos y advirtió qué puede ocurrir si alguien se niega a colaborar.

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Foto: La Policía de Santa Fe tendrá nuevas facultades para controlar celulares

La Policía de Santa Fe comenzará a capacitar a sus efectivos para aplicar las nuevas facultades establecidas por una ley aprobada por la Legislatura provincial, que permite realizar controles de teléfonos celulares en la vía pública.

La normativa apunta a combatir el mercado ilegal de dispositivos tecnológicos y dificultar la comercialización de aparatos robados o hurtados.

La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, confirmó que se pondrá en marcha un proceso de formación para que los agentes conozcan los alcances de la ley y los procedimientos que deberán aplicar. Las capacitaciones comenzarán una vez que la normativa sea reglamentada.

Según explicó la funcionaria, la herramienta podrá utilizarse en determinadas intervenciones policiales, especialmente durante procedimientos que deriven en una aprehensión.

Qué podrá revisar la Policía

Romero señaló que, ante una aprehensión, el acceso al teléfono puede aportar información relacionada con las actividades que una persona estaba realizando en determinado lugar y sus comunicaciones.

La jefa policial aclaró que no se trata de controles indiscriminados a cualquier ciudadano ni de investigar la vida privada de las personas, sino de obtener información vinculada con el hecho que motivó la intervención.

«Hoy, al proceder una aprehensión en un trabajo de calle y ver, por ejemplo, que pueda abrir el celular, porque no es a cualquier persona, partamos de esa base», explicó Romero.

También sostuvo que será importante que los efectivos puedan comunicar claramente los motivos de cada procedimiento.

¿Qué pasa si una persona se niega?

Uno de los puntos que genera interrogantes es qué ocurrirá cuando alguien se niegue a colaborar o no permita el acceso a la información solicitada durante un procedimiento.

Consultada sobre esa situación, Romero respondió: «Va a ser trasladado y puesto a disposición del fiscal que esté de turno».

La aplicación de esta facultad estará sujeta a los procedimientos que se establezcan con la reglamentación y la capacitación del personal policial.

Una ley para combatir el mercado ilegal de celulares

La nueva legislación creó el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Entre sus herramientas contempla controles sobre los teléfonos que circulan en la provincia, con especial atención a su identificación y procedencia.

Uno de los elementos centrales es el IMEI, un código único que identifica a cada dispositivo y permite detectar equipos denunciados como robados o hurtados.

La normativa también alcanza a los comercios y establecimientos que compran, venden, permutan o reparan celulares usados. Estos deberán cumplir requisitos de registración y acreditar el origen de los dispositivos.

El objetivo es intervenir sobre toda la cadena de comercialización ilegal y reducir la circulación de teléfonos de procedencia ilícita en Santa Fe.

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