Un fiscal solicitó esa pena para Marcelo Fernández y Josefa Richarte Carrasco, acusados de matar a María Isabael Ruglio. El cuerpo apareció flotando en partes en el arroyo Saladillo.

El cuerpo de María Isabel Ruglio apareció desmembrado en siete partes en los primeros días de febrero del año pasado. A quién pertenecía ese cadáver que apareció flotando como un macabro rompecabezas en el arroyo Saladillo fue una incógnita hasta que, un mes más tarde, una familiar de la docente jubilada llamó a los investigadores desde Santa Fe al no tener noticias de ella. Se descubrió así una trama sórdida por la cual una pareja que alquilaba la casa de la víctima fue acusada de cometer un crimen por codicia para quedarse con la vivienda. Esa es la acusación que presentó esta mañana el fiscal Adrián Spelta al pedir una pena de prisión perpetua para los dos detenidos, ante la cercanía de un juicio oral.

El juez Gustavo Pérez de Urrechu presidió la audiencia realizada por videoconferencia donde quedó definido de qué modo llegará el caso a debate público. El magistrado decidió mantener la prisión preventiva que pesa sobre Marcelo Alberto Fernández, de 44 años, y su esposa Josefa Richarte Carrasco, de 58. Además recomendó a la Oficina de Gestión Judicial que “en el menor tiempo posible” se fije fecha para el debate oral. Que ante el alto monto de la pena solicitada estará a cargo de un tribunal de tres jueces.

Spelta pidió la pena de prisión perpetua para Fernández y Richarte como coautores funcionales de un “homicidio doloso calificado por codicia”. Los defensores públicos de los acusados rechazaron la calificación que será discutida en el juicio. Marianela Diponte, por Fernández, solicitó la libertad bajo fianza del acusado pero el pedido no prosperó. Francisco Broglia, por Richarte, planteó que la mujer fue víctima de violencia de género y ofreció testimonios para dar cuenta de ello en las audiencias de debate.

María Isabel Ruglio era una docente jubilada de 73 años que vivió toda su vida en Uriburu al 500, en el barrio conocido como La Bajada. Su paradero no se conocía desde los primeros días de febrero del año pasado. Al mes, un llamado inesperado a la Fiscalía permitió saber que se trataba de la mujer cuyo cuerpo desmembrado en siete partes había sido encontrado en el arroyo Saladillo entre los días 10 y 12 de febrero. Una familiar se comunicó desde Santa Fe y expresó sus temores de que el cadáver que hasta ese momento permanecía como NN fuera el de María Isabel. La pareja que convivía con la víctima fue detenida esa noche misma noche del miércoles 4 de marzo.

Todo había comenzado la primera semana de febrero cuando pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Tras dar aviso a las autoridades, agentes de Prefectura y la policía iniciaron un rastrillaje que en 72 horas permitió completar un cadáver desmembrado en siete partes. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte pero sí que los seis cortes que partieron al cuerpo en siete partes fueron post mortem. Trozar un cuerpo muerto no es considerado delito.

A María Isabel Ruglio sus vecinos del barrio La Bajada la conocían como “Marisa”, aunque desde su infancia y en el ámbito de la docencia era “Tití”. Había sido directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 649 “Libertador General José de San Martín”. Divorciada, madre de dos hijos a quienes no veía desde hacia unos diez años y con problemas depresivos, la mujer vivía en una casa ubicada a cien metros del Distrito Sur. Cuatro meses antes había iniciado relación con Josefa, una mujer de nacionalidad española que atendía un quiosco ubicado a pocos metros de su casa y a quien en el barrio conocían como “Pepa”.

La relación entre las mujeres, que según algunos vecinos fue a partir de la solidaridad y según otros por un descabellado acuerdo inmobiliario, llevó a que Pepa y su pareja, a quien le dicen “Bebu”, se mudaran a la vivienda de María Isabel. Mientras vivían en ese lugar se casaron. “Estaban ahí y a la mujer le pagaban con lo que ganaban en la verdulería que pusieron en el garaje de la casa. Es más, María Isabel colaboraba con ellos y les había regalado cosas para que montaran el negocio”, relató un muchacho del barrio a este diario cuando la trama salió a la luz.

El inicio de 2020 encontró a María Isabel en plena rehabilitación por una operación en la columna. Los vecinos contaron que “Pepa” la asistió en todo momento, pero no podían recordar cuándo habían visto públicamente a Ruglio por última vez. El 7 de febrero Pepa y Bebu fueron a la comisaría 15ª y denunciaron su desaparición. Luego Josefa comunicó su preocupación en un llamado a la familiar de Ruglio en Santa Fe. Quien a su vez contactó a los investigadores tras la aparición de las partes del cuerpo.

La misma tarde de ese llamado los efectivos llegaron hasta la casa de Uriburu 522 con perros rastreadores que los condujeron a una vieja pileta de natación del fondo de la casa, donde se hallaron restos de sangre. Se estima que el cuerpo fue desmembrado con una amoladora y trasladado en un carrito que utilizaban para el transporte de verduras a lo largo de unas 35 cuadras hasta el arroyo.

En la audiencia preliminar de esta mañana el fiscal definió la acusación a la pareja en estos términos: “Entre los días 6 y 7 de febrero haber matado a la señora María Isabel Ruglio, desmembrándola en siete partes, siendo éstas su cabeza, sus dos brazos, sus dos piernas y el torso en dos partes”. Luego, según planteó, “colocaron cada una de las partes en distintas bolsas de nailon de color negro” y las arrojaron al arroyo. “Dicho accionar tuvo la finalidad de quedarse con la propiedad de la víctima y en la que ustedes se encontraban viviendo circunstancialmente, a cambio del cuidado de quien en vida fuera Ruglio”, cierra la acusación.

El fiscal y los defensores partes detallaron cuál es la evidencia que propondrán en el juicio, entre la cual constan once actas policiales de los hallazgos de trozos del cuerpo, el parte del allanamiento a la casa con el levantamiento de rastros con Luminol, el testimonio de una prima de la víctima y la declaración de once vecinos y amistades de Ruglio. Se suman médicos y personal del gabinete científico.

Una de las pruebas es una nota escrita por la víctima que se halló en la casa. “Aún no hablé. Lo haré alrededor del día 15/20/20”, dice el escrito de la víctima, donde anuncia que su intención de alquilar el local por intermedio de una mujer: ”Le diré que quiero cobrar 6 mil pesos. Para tranquilidad de los 3. Estudio jurídico”. Otros elementos de la prueba material detallados son bolsas de residuos, una amoladora, un hacha y una cuchilla.

El defensor de Josefa añadió los testimonios de un hijo y familiares de la mujer, que viven en Sevilla, para acreditar circunstancias de violencia de género, así como los de profesionales de salud física y mental que asistieron a su defendida en prisión. La defensa de Fernández ofreció además las declaraciones de dos hermanos del acusado, una trabajadora social y una psicóloga.

Fuente: La Capital de Rosario