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Subsidios en luz y gas: cuál es la fecha límite para reinscribirse en el registro y no perder el beneficio

De no realizar el reempadronamiento, los usuarios quedarán incorporados automáticamente en el nivel N1 de mayores ingresos y pasarán a abonar entre un 176% y 257% más

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Foto: Ilustrativa

El 20% de los hogares de bajos recursos, aquellos agrupados en el segmento N2 de los servicios de gas y energía eléctrica, tienen hasta el 2 de agosto para revalidarse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) y no perder el beneficio que reduce en los costos que les llegan en sus tarifas.

De no cumplir el trámite de reempadronamiento, los usuarios quedarán incorporados automáticamente en el nivel N1 de mayores ingresos, lo que implicará que pasarán a abonar entre un 176% y 257% más en sus tarifas de servicios.

Cómo se aplicaron los aumentos en las tarifas de electricidad

El Gobierno de Javier Milei dictaminó una serie de aumentos que se aplicaron desde el 1 de junio sobre los valores de la energía eléctrica. De esta manera, los precios estacionales del servicio quedaron fijados en $57.214 por megawatt por hora (MWh) para los hogares N1(mayores ingresos); en $16.074 por MWh para los N2 y en $ 25.219 por MWh para los N3 (ingresos medios).

Además del incremento en las tarifas, la gestión nacional también dictaminó cambios sustanciales para restringir los distintos niveles de consumo que tenían bonificados los ciudadanos de los grupos N2 y N3.

Así, en caso de quién sea N2 –que anteriormente tenía la totalidad de los consumos bonificados– con el nuevo esquema solo quedaron subsidiados los primeros 350 kWh mensuales. Por su parte, para los sectores medios, la rebaja aplicara únicamente para 250kWh mensuales. En caso de que un hogar supere los límites establecidos, este «extra» será facturado al valor de la energía aplicado al grupo N1, que es de $57.214 MWh.

Aumentos de gas

Por su parte, en el caso la red gasífera, la gestión libertaria decidió incrementar el costo dolarizado del gas a partir del mes de junio, elevándolo en un 14%. Esto implica que el precio por millón de BTU (MMBTU) paso de USD 2,94 a USD 3,34.

Esta medida afecta directamente a los hogares clasificados como N1, quienes ahora deben abonar el precio completo mencionado anteriormente. Para los hogares N2, se implementó una bonificación del 64% sobre la tarifa, reduciendo el costo del gas a USD 1,21 por MMBTU.

Por último, los hogares N3 disfrutan de una rebaja del 55%, resultando en un precio final de USD 1,50 por MMBTU.

Paralelamente a estos cambios, también se modificaron los límites de consumo bonificados. Los hogares N2, que anteriormente no tenían límites establecidos, ahora comparten los mismos topes de consumo subsidiado que los hogares N3.

Estos límites varían mensualmente y según la ubicación geográfica del hogar. En consecuencia, cualquier consumo que supere los límites bonificados establecidos para cada mes y zona geográfica será facturado al precio completo del gas, aplicado a los hogares N1.

Quiénes deben reempadronarse para mantener los subsidios energéticos

Nación implementó una medida que afecta a cerca de 1,5 millones de hogares pertenecientes al segmento N2 en el servicio eléctrico y unos 700,000 en el sector gasífero. Estos hogares –que representan el 19% y el 20% de los segmentos respectivamente– habían sido incluidos de manera directa en el grupo de bajos recursos. Ahora, los usuarios deberán reinscribirse en el Rase para mantener los subsidios.

Esta necesidad de reempadronarse surgió tras la promulgación del decreto 465/24, que puso el 2 de agosto como fecha límite para hacer el trámite.

Además, en dicho anuncio se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios, aumentando hasta un 170% las tarifas de luz y gas para los hogares de bajos ingresos y de sectores medios.

En el mismo decreto, el oficialismo decretó un «período de transición hacia subsidios energéticos focalizados». El mismo se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024. En caso de ser necesario, dicho lapso podrá ser prorrogado 6 meses más.

Durante este período de transición, las autoridades de Energía deben llevar adelante «la reestructuración de los regímenes de subsidios a fin de asegurar un paso gradual, ordenado y previsible hacia un esquema que permita trasladar los costos reales de los servicios; promover la eficiencia energética y asegurar, a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado»

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Santa Fe puso en marcha la Ley de Celulares: qué controles se podrán realizar y a quiénes alcanza

La provincia de Santa Fe avanza con una nueva herramienta para combatir el robo y la comercialización ilegal de celulares y otros dispositivos tecnológicos. La denominada Ley de Celulares establece un registro obligatorio para quienes comercialicen equipos usados y habilita controles para verificar la identificación electrónica de los aparatos.

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Foto: Ley de Celulares en Santa Fe: controles y registro de equipos usados

Este miércoles 18 de noviembre, funcionarios del Gobierno provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindarán detalles sobre el alcance de la normativa, recientemente sancionada por la Legislatura. La conferencia está prevista para las 12 en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario, y será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Provincia.

La iniciativa apunta a desarticular los mercados ilegales, impedir que se obtengan ganancias con dispositivos de origen delictivo y desalentar la compra de bienes provenientes de robos y hurtos.

Registro Provincial de Comercialización de Celulares

Uno de los principales puntos de la norma es la creación del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines.

Deberán inscribirse las personas y empresas que se dediquen a comprar, vender, permutar, acopiar, reparar, reacondicionar o comercializar celulares y otros dispositivos usados.

La finalidad es mejorar la trazabilidad de los equipos y contar con información que permita controlar las operaciones comerciales, detectar irregularidades y avanzar sobre los circuitos de comercialización ilegal.

Qué pasa si un celular tiene el IMEI alterado o una denuncia por robo

La ley establece que, si un dispositivo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, carece de IMEI o de otro identificador único equivalente, o presenta ese código bloqueado, alterado o eliminado, la situación deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciada de inmediato ante el Ministerio Público de la Acusación.

El IMEI es un número de identificación único que permite reconocer un teléfono celular. Su verificación puede resultar clave para determinar si un equipo está denunciado o presenta alguna irregularidad.

¿La Policía podrá pedir el IMEI en la calle?

Otro aspecto importante de la normativa es que quienes circulen por el territorio santafesino deberán exhibir el identificador electrónico único de sus dispositivos cuando lo requiera la autoridad competente.

De esta manera, la ley incorpora una herramienta de control que busca facilitar la detección de teléfonos denunciados o con identificaciones adulteradas.

Recuperar celulares robados y combatir el mercado ilegal

Entre los objetivos de la legislación también figura la recuperación y restitución de los dispositivos a sus legítimos propietarios.

Además, busca mejorar la coordinación entre los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales, y establecer mayores condiciones de transparencia y legalidad para las actividades comerciales alcanzadas.

La presentación de este miércoles permitirá conocer más detalles sobre la aplicación de la norma y los procedimientos que deberán seguir los organismos de seguridad y el MPA.

La iniciativa apunta a intervenir no solamente sobre quienes roban celulares, sino también sobre los circuitos que permiten que esos dispositivos ingresen al mercado y sean vendidos o comercializados nuevamente.

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Santa Fe compactó mil patrulleros y más de 35.000 vehículos secuestrados

El Gobierno de Santa Fe informó que ya compactó mil móviles policiales fuera de servicio y más de 35.000 vehículos secuestrados que permanecían acumulados en depósitos y dependencias de la provincia.

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Foto: Santa Fe compactó mil patrulleros y más de 35.000 vehículos secuestrados

El operativo se lleva adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y alcanza a 19 depósitos distribuidos en el territorio santafesino.

Una nueva etapa del programa fue supervisada en Rosario, en las instalaciones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La iniciativa busca liberar espacios ocupados por vehículos acumulados en comisarías y depósitos judiciales, además de establecer qué destino corresponde darle a cada unidad.

Qué destino tienen los vehículos secuestrados

Desde el Gobierno provincial explicaron que los rodados son evaluados individualmente para determinar si pueden ser recuperados, incorporados a subastas públicas, donados o enviados a compactación.

Según detallaron las autoridades, algunos vehículos que todavía se encuentran en condiciones pueden ser rematados a través de las subastas de la Aprad. Otros pueden destinarse a instituciones, como escuelas técnicas, mientras que aquellos que están completamente fuera de uso son compactados.

Para organizar este procedimiento, la Provincia implementó un sistema de registro que permite incorporar cada vehículo secuestrado a una plataforma interna y realizar un seguimiento de su situación.

Buscan liberar espacios en comisarías y depósitos

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la compactación de los mil móviles policiales permitió avanzar en el ordenamiento de la flota fuera de servicio.

Además, señaló que la acumulación de vehículos generaba dificultades logísticas y problemas de salud pública por la presencia de chatarra en espacios destinados a tareas de seguridad.

El programa es impulsado por distintas áreas del Gobierno santafesino y apunta a mejorar la administración de los bienes del Estado, recuperar espacios y establecer nuevos criterios para el manejo de los vehículos secuestrados.

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Santa Fe: qué podrá pedir la Policía al controlar un celular y qué pasa si una persona se niega

Una nueva ley provincial habilita controles de teléfonos celulares en la vía pública para detectar dispositivos robados o de procedencia ilegal. La jefa de la Unidad Regional I explicó cómo serán los procedimientos y advirtió qué puede ocurrir si alguien se niega a colaborar.

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Foto: La Policía de Santa Fe tendrá nuevas facultades para controlar celulares

La Policía de Santa Fe comenzará a capacitar a sus efectivos para aplicar las nuevas facultades establecidas por una ley aprobada por la Legislatura provincial, que permite realizar controles de teléfonos celulares en la vía pública.

La normativa apunta a combatir el mercado ilegal de dispositivos tecnológicos y dificultar la comercialización de aparatos robados o hurtados.

La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, confirmó que se pondrá en marcha un proceso de formación para que los agentes conozcan los alcances de la ley y los procedimientos que deberán aplicar. Las capacitaciones comenzarán una vez que la normativa sea reglamentada.

Según explicó la funcionaria, la herramienta podrá utilizarse en determinadas intervenciones policiales, especialmente durante procedimientos que deriven en una aprehensión.

Qué podrá revisar la Policía

Romero señaló que, ante una aprehensión, el acceso al teléfono puede aportar información relacionada con las actividades que una persona estaba realizando en determinado lugar y sus comunicaciones.

La jefa policial aclaró que no se trata de controles indiscriminados a cualquier ciudadano ni de investigar la vida privada de las personas, sino de obtener información vinculada con el hecho que motivó la intervención.

«Hoy, al proceder una aprehensión en un trabajo de calle y ver, por ejemplo, que pueda abrir el celular, porque no es a cualquier persona, partamos de esa base», explicó Romero.

También sostuvo que será importante que los efectivos puedan comunicar claramente los motivos de cada procedimiento.

¿Qué pasa si una persona se niega?

Uno de los puntos que genera interrogantes es qué ocurrirá cuando alguien se niegue a colaborar o no permita el acceso a la información solicitada durante un procedimiento.

Consultada sobre esa situación, Romero respondió: «Va a ser trasladado y puesto a disposición del fiscal que esté de turno».

La aplicación de esta facultad estará sujeta a los procedimientos que se establezcan con la reglamentación y la capacitación del personal policial.

Una ley para combatir el mercado ilegal de celulares

La nueva legislación creó el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Entre sus herramientas contempla controles sobre los teléfonos que circulan en la provincia, con especial atención a su identificación y procedencia.

Uno de los elementos centrales es el IMEI, un código único que identifica a cada dispositivo y permite detectar equipos denunciados como robados o hurtados.

La normativa también alcanza a los comercios y establecimientos que compran, venden, permutan o reparan celulares usados. Estos deberán cumplir requisitos de registración y acreditar el origen de los dispositivos.

El objetivo es intervenir sobre toda la cadena de comercialización ilegal y reducir la circulación de teléfonos de procedencia ilícita en Santa Fe.

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