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Triple crimen: a dos semanas de que sean juzgados por narcotráfico, piden la captura de la pareja que se casó
Al pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Brisa Leguizamón, la Justicia federal agregó una orden de captura para Esteban Rocha, que fue declarado en rebeldía
Leo Graciarena

La pareja que se casó en la fiesta que derivó en el bestial triple crimen de Ybarlucea está siendo buscada por orden de la Justicia Federal. Al pedido de detención de Brisa Milagros Leguizamón, a quien le revocaron la prisión domiciliaria que le habían otorgado en el marco de una causa en su contra como presunta integrante de la banda narco de Olga “Tata” Medina, ayer se conoció una orden de captura contra Esteban “Pinky” Rocha, investigado en la misma causa pero con una excarcelación dictada el año pasado por un tribunal federal de Casación porteño. El Tribunal Federal Oral Nº 1 había convocado al novio para que compareciera el domingo, pero como no lo hizo fue declarado en rebeldía. En ese marco, el abogado de ambos presentará un recurso para que se revean esas órdenes de captura contra el matrimonio que al cierre de esta edición se encontraba prófugo.
En ese contexto, ayer se conoció un preinforme de autopsia al cuerpo de Erica Romero, la mujer asesinada junto con su pareja Iván Giménez y la pequeña hija de ambos cuando salían de la fiesta. Si bien su marido y la beba habían sido llevados al Hospital Eva Perón, ella no fue sacada del auto en el que los acribillaron y su cuerpo fue hallado calcinado en el interior del vehículo, incendiado posteriormente por uno de los invitados.
“Será difícil determinar la causa de la muerte por el grado de descomposición que presentaba el cuerpo. Una línea de investigación indica, por diversos testimonios, que ya estaba muerta cuando intentaron auxiliarla. Habrá que esperar informes y pericias complementarias para determinar la causa de muerte”, dijo una fuente judicial.
Abanico
Noventa y seis horas después del demencial ataque que terminó en el triple crimen, las historias detrás del hecho se desplegaron como un abanico. La pareja que contrajo matrimonio está involucrada en una investigación sobre una organización criminal dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes que funcionaría desde abril de 2016 con epicentro en la zona norte de la ciudad y La Tata Medina como cabecilla. Por ello Leguizamón y Rocha deberían sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo 14 de febrero ante un tribunal federal oral.
Anoticiados del triple crimen ocurrido a la salida del casamiento, la Justicia Federal resolvió el sábado a la tarde revocar la prisión domiciliaria que cumplía Brisa en su casa de Rueda 274 bis —medida dispuesta para el cuidado de sus dos hijos menores de edad— y ordenar su detención, ya que no había pedido permiso para asistir a la celebración fuera de su domicilio.
Rocha, imputado en libertad en la misma causa, fue convocado para que se presentara el domingo a las 11. Como no lo hizo, ayer fue declarado en rebeldía y al cierre de esta edición era buscado junto a su flamante esposa. Sobre ambos pesa un pedido de captura y lo último que se sabía de ellos ayer es que habían declarado el domingo ante el fiscal provincial Gastón Avila, que investiga el triple homicidio.
“No haber comparecido a la citación implica violar las cargas que le fueran impuestas cuando se le otorgó la excarcelación”, fundamentó el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario en su resolución. En ese sentido el tribunal resolvió el lunes declarar en rebeldía a Rocha y ordenar su detención a la Policía Federal.
Al respecto, el fiscal en feria Claudio Kishimoto y el auxiliar de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra habían pedido que se revocara tanto la medida cautelar para la mujer como la excarcelación de Rocha. Para los fiscales, ambos demostraron “desprecio hacia el sometimiento de las órdenes judiciales” y eso permite inferir “la existencia de un cierto riesgo de fuga”.
Sin permiso
El abogado de la pareja, Martín Frassi, confirmó este martes que la mujer no había alcanzado a tramitar en tiempo en forma el permiso para casarse por una demora en conseguir la documentación antes de la feria judicial de enero, si bien era su intención gestionar el permiso ante el tribunal. Respecto de Rocha, consideró que el tribunal no tendría motivos para ordenar su detención cuando estaba en libertad por orden de la Cámara de Casación. Según indicó, los novios resultaron afectados por el ataque criminal en su fiesta y al momento de la citación se encontraban “en shock”.
Con estos y otros argumentos Frassi presentará en las próximas horas un recurso de reposición, es decir, un cuestionamiento a la decisión de revocar la domiciliaria de Brisa. El abogado plantea que la defensa no fue convocada a dar su opinión y por lo tanto la decisión del tribunal aún no está firme. Pedirá que se de marcha atrás con la medida y que, de lo contrario, se eleve el planteo al tribunal de Casación.
Hasta anoche “Pinky” Rocha y su esposa seguían sin presentarse ante la Justicia Federal. Se desconoce aún si el juicio previsto para dentro de dos semanas podría iniciarse en su ausencia. Al menos por el momento, en la investigación de Avila sólo son considerados testigos.
A la hora de colocar blanco sobre negro en el plano de la investigación del triple crimen, el fiscal Avila contó que tanto Iván Giménez y como Erica Romero eran blanco de investigaciones en la Justicia Federal “por tráfico de drogas, en causas que tenían medidas vigentes y recientes donde se los mencionaba”. El fiscal indicó que “estaban ubicados en un cuarto escalón por encima de vendedores de calle, los abastecedores e incluso proveedores de mayor entidad. Por encima de eso estaban Giménez y Romero, que hacían una suerte de distribución mayorista, a mediana escala, a personas que se encargaban de gerenciar zonas”.
Según pudo saberse Giménez cayó en el radar de los investigadores federales por estar relacionado con el apodado Leo Rey, señalado como líder de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona oeste y noroeste de Rosario que fue detenido por Prefectura el jueves 25 de marzo pasado. El epicentro operativo de Leo Rey es Villa Banana, el barrio donde nació y se crió Iván Giménez.
Hijo del apodado “Sapo”, a Leo Rey también se lo mencionó en la investigación del crimen de Julián Zanier, de 23 años, apodado “el inválido”. Zanier fue ejecutado de 32 disparos, siete de ellos de remate en la cabeza, en un pasillo de Fontana al 3100, en Nuevo Alberdi, el pasado 30 de septiembre. Era miembro de la “banda de Gálvez”, liderada por el “Sapo”, alias por el que también se reconoce a la banda.
Vecinos de Ludueña Sur, donde vivió y se crió Romero, recordaron a Giménez como “un pibe de la villa que echó vuelo y que movía mucha guita”. Y agregaron: “El siempre decía que movía para Alvarado”.
Pesada carga
En la rueda de prensa del último lunes el fiscal Avila no confirmó pero tampoco descartó la vinculación de Giménez con una carga de droga que fue incautada tiempo atrás y que “le pudo acarrear problemas de larga data”. En la calle se comenta que en octubre pasado —algunos dicen que el 12, otros en la madrugada del 31 de octubre al 1º de noviembre— dejaron caer de una barcaza que navegaba por el río Paraná entre 200 y 250 kilos de marihuana paraguaya acondicionada en paquetones, en inmediaciones de Puerto San Martín.
Pero algo —o mucho— falló en esa operación. Una noche tormentosa hizo que la correntada jugara una mala pasada a la persona que debía rescatar la carga y así fueron apareciendo los paquetones sobre la ribera del Paraná. Aparecieron en la Bajada Espinillo, en Baigorria, en Remanso Valerio y hasta llegaron a Alvear, a unos 45 kilómetros de donde fue arrojado el cargamento. Nadie se animó a tocar esos paquetones: aunque ninguno tenía remitente, todos sabían que la carga tenía dueño.
En la calle se dice que el encargado de “pescar los paquetones” era Iván Giménez. Algunos ven en este incidente un motivo para que el hombre asesinado en Ybarlucea buscara acercarse a colaterales de la banda de Los Monos.
Otro detalle que brindó Avila en la rueda de prensa del lunes fue que no descartaba que alguien desde adentro del salón haya operado de “marcador” de la pareja asesinada, ya que la misma no se movía en el Audi TT patente ILX-987 en el que llegó y se fue de la fiesta. Un vehículo que en un 50% está a nombre de una hermana de Erica Romero.
Fuente: La Capital de Rosario
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Convocaron a una audiencia a los dueños de los campos de Pozo Borrado donde hallaron trabajo esclavo
La reunión será el 6 de octubre en la delegación Reconquista del ministerio de Trabajo. Desde Uatre esperan respuestas sobre las condiciones laborables deplorables en la cual estaban estas 31 personas, oriundas de Santiago del Estero.

La secretaria de Trabajo de la provincia de Santa Fe, delegación Reconquista, convocó a una reunión para el próximo 6 de octubre, luego de la denuncia presentada por Uatre por las precarias condiciones laborales de unas 31 personas en campos de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio.
Además de los dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, deberán comparecer a este encuentro los dueños de los dos campos donde hallaron a estas personas y que derivó en una causa judicial por trabajo esclavo en la Justicia Federal de Rafaela.
El dueño de uno de los campos es Carlos Ruben Bonfigli, mientras que los responsables del otro predio tienen relación con el Grupo Vicentin, quienes conformaron la “La Isabelina” y explotan estas hectáreas, según lo publicado por LT9 el pasado 19 de septiembre.
En la audiencia convocada en la delegación Reconquista de la secretaría de Trabajo de Santa Fe, los referentes de UATRE -encabezados por Daniela Yaccuzzi- esperan que los dueños de los campos o sus apoderados den cuenta de la situación de estas 31 personas, que relaten en qué estado estaban, por qué estaban ahí y cuál es la situación laboral para que regularicen. A su vez, los dueños de los campos fueron intimados para que en 15 días regularicen la situación laboral de estas personas. Caso contrario, podrían sancionados con multas económicas.
Más allá de que la convocatoria tiene fecha, las expectativas de que acudan los dueños o apoderados de los campos son bajas, pero desde el organismo provincial se cumple con el pedido que realizó la Uatre.
Durante su columna en “Hora de Arrancar”, Mariano Bravi recordó que hace unos días, en Jujuy, condenaron a una pareja de finqueros a penas de 10 años de presión por explotación laboral y reducción a la servidumbre. “Podríamos estar ante otro caso similar acá en Pozo Borrado” indicó Bravi.
Fuente: LT9
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Un camionero murió en un triple choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
Ocurrió en el kilómetro 270, a la altura de Arroyo Seco, mano hacia el centro rosarino. El fallecido conducía el último vehículo en chocar.

Un camionero murió este martes cerca de la medianoche tras chocar en la autopista Rosario-Buenos Aires. Se trató de un siniestro múltiple, con tres camiones involucrados.
El hecho tuvo lugar en el kilómetro 270, a la altura de Arroyo Seco, mano hacia el centro rosarino. Los vehículos involucrados eran dos Iveco y un Mercedes Benz.
El fallecido incrustó su cabina en el acoplado de otro de los vehículos, que había chocado anteriormente con el restante.
Fuente: Cadena 3
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Unos 120.000 santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
El dato surge del último informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la cámara baja y expone las nuevas formas de supervivencia de los santafesinos

Unos 120.000 santafesinos que tienen trabajo están en la búsqueda de un segundo ingreso. Los salarios en caída y la falta de ofertas laborales superadoras llevan a los trabajadores a buscar otro empleo. Así lo definió el último informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe.
“El segundo ingreso es en condiciones en extrema precarización, estamos hablando de changas, trabajos en aplicaciones o informales”, apuntó el presidente de la comisión, Joaquín Blanco en diálogo con LT8. El trabajo presentado por los legisladores compara mediciones económicas, laborales y de consumo entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
Blanco además remarcó que aquellos santafesinos que se mantienen en la búsqueda de trabajo no lo encuentran, un porcentaje que aumentó un 0,2% en Santa Fe, pero con un fuerte impacto en Rosario: saltó de 5,6% en el primer de 2024 a 7,1% en el mismo periodo de 2025. “Los síntomas de la recesión están siendo evidentes”, aseguró.
Por otro lado, el diputado remarcó que la precarización laboral, en muchos casos relacionada con la búsqueda de ese ansiado segundo ingreso, “pega muy fuerte entre los jóvenes” siendo que uno de cada dos es empleado bajo condiciones precarias y más aún en las mujeres, donde “cuatro de cada 10 están precarizadas”.
Cambio social y laboral
El legislador socialista comparó esta crisis laboral actual con lo ocurrido en la década de los 90, cuando un proceso desindustrialización y achicamiento del Estado que golpeó fuerte en los datos de desocupación dejando picos de 17,3%. “Antes se perdía trabajo industrial o estatal, teníamos obreros con indemnización en mano. Ahora existe un mecanismo de supervivencia con emprendimientos familiares, changas o se descargan Uber o Pedidos Ya. Gente que se acostumbró a entrar y salir de un trabajo”, argumentó Blanco y dejó en sus declaraciones una situación que pinta de cuerpo entero este análisis: “Creció el número de feriantes de la económica social y también de la economía en negro”.
Tanto en Santa Fe como en Rosario, por citar las ciudades más grandes de la provincia, basta con calcular a través de redes sociales cómo proliferan los emprendimientos que con productos tejidos o visitar parques y plazas para contabilizar a aquellos que apuestan por sumar unos pesos más a la economía del hogar. También la mecánica del “trueque”, tan común en la crisis del 2001, se volvió a ver en los barrios populares.
En este sentido, el empleo se busca para “complementar” los ingresos principales que “no cubren la canasta básica” relevada en el propio informe cerca de los 1,5 millones de pesos para una familia integrada por dos adultos y dos menores.
Un mercado estresado
La necesidad de ir en búsqueda de un segundo empleo manifiesta un “mercado de trabajo estresado” donde “no se generan nuevos puestos de trabajo o mejores”, señaló Blanco.
El cambio en la conformación de las personas que buscan empleo y la transformación social hoy encuentra a menos obreros calificados en la búsqueda de oportunidades y más personas utilizando estrategias de supervivencia para llegar a fin de mes. “Se están encendiendo todas las luces rojas del gobierno de Javier Milei”, reclamó Blanco en LT8.
El texto presentado por la Comisión de Asuntos Laborales expone una caída del consumo de un 15% y según datos que maneja la oficina del legislador, aumentó la demanda en hospitales y efectores públicos de salud. Acentuando así la crisis que tiene a “Santa Fe dentro de la tormenta perfecta, porque somos una provincia industrial y sufrimos la apertura de las importaciones; porque tenemos una cultura de comercio y sufrimos la baja de salario real para consumir; y al tener un gran entramado productivo y exportador, un dólar caro pega directo en las pymes, a pesar de que aportamos uno de cada cuatro dólares que ingresan al país”, apuntó Blanco.
El pluriempleo
El Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) presentó su último informe sobre el mercado laboral y las condiciones de trabajo. En el texto afirma que “por cuestiones estacionales vinculadas a las vacaciones” el porcentaje de argentinos con más de un empleo se ubicó en 9,7%, es decir, casi tres puntos menos que el pico histórico de 12,4% registrado en el cuarto trimestre de 2024.
Sin embargo, señala que “uno de cada 10 ocupados tienen más de un empleo remunerado” y advierte: “Este fenómeno se viene intensificando de manera sistemática desde 2016 y tuvo un salto significativo durante 2024”. Este 9,7% es el segundo porcentaje más alto para un primer trimestre en los últimos ocho años, solo superado por el 10,5% de 2024.
Por otra parte, el informe describe que más de 5.8 millones de trabajadores, un 30% de los ocupados, trabaja más que lo establecido por la Ley 11.544, la cual limita la jornada a 8 horas diarias o 48 horas semanales en Argentina.
En número, casi 3,9 millones de argentinos dedica de 45 a 60 horas semanales a su trabajo, unos 1,1 millones emplea entre 60 y 70 horas a sus tareas y más de 800.000 trabaja más de 70 horas.
Fuente: Uno de Santa Fe
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