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Triple crimen: a dos semanas de que sean juzgados por narcotráfico, piden la captura de la pareja que se casó

Al pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Brisa Leguizamón, la Justicia federal agregó una orden de captura para Esteban Rocha, que fue declarado en rebeldía
Leo Graciarena

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El auto Audi TT en el que iban las víctimas fue calcinado con uno de los cuerpos en su interior.

La pareja que se casó en la fiesta que derivó en el bestial triple crimen de Ybarlucea está siendo buscada por orden de la Justicia Federal. Al pedido de detención de Brisa Milagros Leguizamón, a quien le revocaron la prisión domiciliaria que le habían otorgado en el marco de una causa en su contra como presunta integrante de la banda narco de Olga “Tata” Medina, ayer se conoció una orden de captura contra Esteban “Pinky” Rocha, investigado en la misma causa pero con una excarcelación dictada el año pasado por un tribunal federal de Casación porteño. El Tribunal Federal Oral Nº 1 había convocado al novio para que compareciera el domingo, pero como no lo hizo fue declarado en rebeldía. En ese marco, el abogado de ambos presentará un recurso para que se revean esas órdenes de captura contra el matrimonio que al cierre de esta edición se encontraba prófugo.

En ese contexto, ayer se conoció un preinforme de autopsia al cuerpo de Erica Romero, la mujer asesinada junto con su pareja Iván Giménez y la pequeña hija de ambos cuando salían de la fiesta. Si bien su marido y la beba habían sido llevados al Hospital Eva Perón, ella no fue sacada del auto en el que los acribillaron y su cuerpo fue hallado calcinado en el interior del vehículo, incendiado posteriormente por uno de los invitados.

“Será difícil determinar la causa de la muerte por el grado de descomposición que presentaba el cuerpo. Una línea de investigación indica, por diversos testimonios, que ya estaba muerta cuando intentaron auxiliarla. Habrá que esperar informes y pericias complementarias para determinar la causa de muerte”, dijo una fuente judicial.

Abanico

Noventa y seis horas después del demencial ataque que terminó en el triple crimen, las historias detrás del hecho se desplegaron como un abanico. La pareja que contrajo matrimonio está involucrada en una investigación sobre una organización criminal dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes que funcionaría desde abril de 2016 con epicentro en la zona norte de la ciudad y La Tata Medina como cabecilla. Por ello Leguizamón y Rocha deberían sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo 14 de febrero ante un tribunal federal oral.

Anoticiados del triple crimen ocurrido a la salida del casamiento, la Justicia Federal resolvió el sábado a la tarde revocar la prisión domiciliaria que cumplía Brisa en su casa de Rueda 274 bis —medida dispuesta para el cuidado de sus dos hijos menores de edad— y ordenar su detención, ya que no había pedido permiso para asistir a la celebración fuera de su domicilio.

Rocha, imputado en libertad en la misma causa, fue convocado para que se presentara el domingo a las 11. Como no lo hizo, ayer fue declarado en rebeldía y al cierre de esta edición era buscado junto a su flamante esposa. Sobre ambos pesa un pedido de captura y lo último que se sabía de ellos ayer es que habían declarado el domingo ante el fiscal provincial Gastón Avila, que investiga el triple homicidio.

“No haber comparecido a la citación implica violar las cargas que le fueran impuestas cuando se le otorgó la excarcelación”, fundamentó el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario en su resolución. En ese sentido el tribunal resolvió el lunes declarar en rebeldía a Rocha y ordenar su detención a la Policía Federal.

Al respecto, el fiscal en feria Claudio Kishimoto y el auxiliar de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra habían pedido que se revocara tanto la medida cautelar para la mujer como la excarcelación de Rocha. Para los fiscales, ambos demostraron “desprecio hacia el sometimiento de las órdenes judiciales” y eso permite inferir “la existencia de un cierto riesgo de fuga”.

Sin permiso

El abogado de la pareja, Martín Frassi, confirmó este martes que la mujer no había alcanzado a tramitar en tiempo en forma el permiso para casarse por una demora en conseguir la documentación antes de la feria judicial de enero, si bien era su intención gestionar el permiso ante el tribunal. Respecto de Rocha, consideró que el tribunal no tendría motivos para ordenar su detención cuando estaba en libertad por orden de la Cámara de Casación. Según indicó, los novios resultaron afectados por el ataque criminal en su fiesta y al momento de la citación se encontraban “en shock”.

Con estos y otros argumentos Frassi presentará en las próximas horas un recurso de reposición, es decir, un cuestionamiento a la decisión de revocar la domiciliaria de Brisa. El abogado plantea que la defensa no fue convocada a dar su opinión y por lo tanto la decisión del tribunal aún no está firme. Pedirá que se de marcha atrás con la medida y que, de lo contrario, se eleve el planteo al tribunal de Casación.

Hasta anoche “Pinky” Rocha y su esposa seguían sin presentarse ante la Justicia Federal. Se desconoce aún si el juicio previsto para dentro de dos semanas podría iniciarse en su ausencia. Al menos por el momento, en la investigación de Avila sólo son considerados testigos.

A la hora de colocar blanco sobre negro en el plano de la investigación del triple crimen, el fiscal Avila contó que tanto Iván Giménez y como Erica Romero eran blanco de investigaciones en la Justicia Federal “por tráfico de drogas, en causas que tenían medidas vigentes y recientes donde se los mencionaba”. El fiscal indicó que “estaban ubicados en un cuarto escalón por encima de vendedores de calle, los abastecedores e incluso proveedores de mayor entidad. Por encima de eso estaban Giménez y Romero, que hacían una suerte de distribución mayorista, a mediana escala, a personas que se encargaban de gerenciar zonas”.

Según pudo saberse Giménez cayó en el radar de los investigadores federales por estar relacionado con el apodado Leo Rey, señalado como líder de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona oeste y noroeste de Rosario que fue detenido por Prefectura el jueves 25 de marzo pasado. El epicentro operativo de Leo Rey es Villa Banana, el barrio donde nació y se crió Iván Giménez.

Hijo del apodado “Sapo”, a Leo Rey también se lo mencionó en la investigación del crimen de Julián Zanier, de 23 años, apodado “el inválido”. Zanier fue ejecutado de 32 disparos, siete de ellos de remate en la cabeza, en un pasillo de Fontana al 3100, en Nuevo Alberdi, el pasado 30 de septiembre. Era miembro de la “banda de Gálvez”, liderada por el “Sapo”, alias por el que también se reconoce a la banda.

Vecinos de Ludueña Sur, donde vivió y se crió Romero, recordaron a Giménez como “un pibe de la villa que echó vuelo y que movía mucha guita”. Y agregaron: “El siempre decía que movía para Alvarado”.

Pesada carga

En la rueda de prensa del último lunes el fiscal Avila no confirmó pero tampoco descartó la vinculación de Giménez con una carga de droga que fue incautada tiempo atrás y que “le pudo acarrear problemas de larga data”. En la calle se comenta que en octubre pasado —algunos dicen que el 12, otros en la madrugada del 31 de octubre al 1º de noviembre— dejaron caer de una barcaza que navegaba por el río Paraná entre 200 y 250 kilos de marihuana paraguaya acondicionada en paquetones, en inmediaciones de Puerto San Martín.

Pero algo —o mucho— falló en esa operación. Una noche tormentosa hizo que la correntada jugara una mala pasada a la persona que debía rescatar la carga y así fueron apareciendo los paquetones sobre la ribera del Paraná. Aparecieron en la Bajada Espinillo, en Baigorria, en Remanso Valerio y hasta llegaron a Alvear, a unos 45 kilómetros de donde fue arrojado el cargamento. Nadie se animó a tocar esos paquetones: aunque ninguno tenía remitente, todos sabían que la carga tenía dueño.

En la calle se dice que el encargado de “pescar los paquetones” era Iván Giménez. Algunos ven en este incidente un motivo para que el hombre asesinado en Ybarlucea buscara acercarse a colaterales de la banda de Los Monos.

Otro detalle que brindó Avila en la rueda de prensa del lunes fue que no descartaba que alguien desde adentro del salón haya operado de “marcador” de la pareja asesinada, ya que la misma no se movía en el Audi TT patente ILX-987 en el que llegó y se fue de la fiesta. Un vehículo que en un 50% está a nombre de una hermana de Erica Romero.

Fuente: La Capital de Rosario

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Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la Ruta Nacional 11

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la noche sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Avellaneda, donde un motociclista perdió la vida tras impactar contra un camión de transporte de gas.

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Foto: Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la Ruta Nacional 11

El siniestro se produjo alrededor de las 19:55 a la altura del kilómetro 797, frente al puesto de control de Gendarmería Nacional.

La víctima tenía 36 años

La víctima fatal fue identificada como Gastón Nicolás Ferreyra, de 36 años, domiciliado en la ciudad de Reconquista.

Por causas que aún son investigadas, la motocicleta Guerrero Trip 110 cc de color roja que conducía colisionó con un camión Mercedes Benz perteneciente a la empresa Grupo Lógica.

El transporte era manejado por Alejandro Ezequiel Klein, de 31 años, oriundo de la provincia de La Pampa.

Amplio operativo y tránsito interrumpido

Tras el fuerte impacto, personal policial, peritos y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar.

Debido al operativo, el tránsito sobre la Ruta Nacional 11 permaneció completamente interrumpido, provocando importantes demoras y largas filas de vehículos en ambos sentidos de circulación.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que desencadenaron el choque fatal.

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El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales y Santa Fe tendrá nuevos peajes y concesiones

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización y concesión de rutas nacionales, un esquema que impactará directamente en la provincia de Santa Fe con obras, nuevos peajes y corredores viales administrados por empresas privadas.

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Foto: Estado en Ruta 11

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización y concesión de rutas nacionales, un esquema que impactará directamente en la provincia de Santa Fe con obras, nuevos peajes y corredores viales administrados por empresas privadas.

La iniciativa forma parte de la denominada Red Federal de Concesiones, impulsada por el Ministerio de Economía, que prevé transferir al sector privado más de 9.000 kilómetros de rutas en todo el país.

En los últimos días se realizó la apertura de ofertas de la Etapa III del proceso licitatorio, que contempla la concesión de más de 3.900 kilómetros de corredores nacionales estratégicos.

Qué rutas de Santa Fe serán concesionadas

En territorio santafesino, los corredores más importantes incluidos en el plan son:

  • La autopista Rosario-Córdoba
  • Sectores de la ruta nacional 34
  • La totalidad de la ruta nacional 11 entre Santa Fe y Chaco

Uno de los corredores centrales será el denominado “Tramo Centro”, que abarca casi 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, conectando Córdoba, Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe.

Además, el “Tramo Chaco-Santa Fe” incluye cerca de 500 kilómetros de la ruta nacional 11 entre Resistencia y Santa Fe capital, atravesando localidades como Reconquista, Vera y Avellaneda.

Qué obras prevén las concesiones

Según los documentos oficiales, las primeras intervenciones estarán enfocadas principalmente en recuperar el estado actual de los corredores y garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

Entre las tareas previstas aparecen:

  • Bacheo
  • Repavimentación
  • Señalización
  • Iluminación
  • Mantenimiento de banquinas
  • Corte de pasto
  • Limpieza
  • Obras de seguridad vial

En el caso del Tramo Centro, también se contemplan mejoras sobre sectores vinculados a Rosario y tramos de la ruta 34 hacia el norte provincial.

Uno de los pocos proyectos de obra nueva incluidos es la construcción de 16 kilómetros de autopista sobre la ruta 34.

Habrá nuevos peajes en la ruta 11

Uno de los puntos que más impacto generará en Santa Fe es la instalación de nuevas estaciones de peaje sobre la ruta nacional 11.

Los pliegos oficiales establecen cinco ubicaciones obligatorias:

  • Llambi Campbell
  • Gobernador Crespo
  • Vera
  • Guadalupe Norte
  • Florencia

Además, las futuras concesionarias podrán proponer nuevas estaciones adicionales respetando ciertas distancias mínimas entre peajes.

El esquema establece que las empresas deberán realizar obras iniciales antes de comenzar a cobrar.

Las concesiones incluirán negocios y servicios

El nuevo modelo no estará centrado únicamente en el cobro de peajes. Las empresas privadas también podrán explotar comercialmente las zonas de camino.

Entre las actividades habilitadas aparecen:

  • Estaciones de servicio
  • Restaurantes
  • Hoteles y paradores
  • Áreas logísticas
  • Cajeros automáticos
  • Fibra óptica
  • Antenas de telecomunicaciones
  • Centros comerciales

De esta manera, el Gobierno apunta a un sistema financiado completamente por capitales privados, mientras Vialidad Nacional mantendrá funciones de control y supervisión.

Qué falta definir

Aunque el proceso ya avanzó con la apertura de ofertas, todavía no se informó oficialmente:

  • Cuánto costarán los peajes
  • Cómo se actualizarán las tarifas
  • Qué nivel de inversión deberán realizar las empresas

El proceso continúa en etapa de evaluación mientras se define qué compañías se quedarán con los distintos corredores nacionales.

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Falsas amenazas en escuelas de Santa Fe: una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad

El Gobierno de Santa Fe confirmó que una familia abonó el costo del operativo policial desplegado tras una falsa amenaza realizada por un menor en un establecimiento educativo de la provincia.

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Foto: Cobro por falsas amenazas: el Gobierno confirmó que una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad

La información fue confirmada por Virginia Coudannes, quien detalló que ya fueron emitidas 31 notificaciones formales a padres de menores involucrados en este tipo de hechos.

El Gobierno asegura que bajaron las falsas amenazas

Desde la administración provincial sostienen que las medidas implementadas tuvieron un fuerte impacto en la disminución de llamados intimidatorios a escuelas.

“Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas. Puede aparecer algún caso aislado, pero dejó de ser algo regular”, afirmó Coudannes.

La funcionaria vinculó esta reducción con la aplicación de multas resarcitorias destinadas a cubrir los costos de los operativos de seguridad activados ante cada amenaza.

Cómo funciona el sistema de cobro a las familias

El procedimiento impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad apunta a responsabilizar civilmente a los adultos a cargo de los menores identificados como autores de las amenazas.

Según los datos oficiales:

  • Ya se realizaron 31 intimaciones formales
  • Una familia concretó el primer pago
  • Existe una decena de consultas sobre planes y modalidades de cancelación

Además, desde el Gobierno destacaron que hasta el momento ninguna familia presentó recursos judiciales para frenar los cobros.

Seguimiento del 911 y operativos policiales

A pesar de la caída en la cantidad de amenazas, el Ejecutivo provincial mantiene activo un protocolo de monitoreo junto al sistema de emergencias 911 y las unidades regionales de la Policía.

Coudannes explicó que diariamente se realizan análisis sobre los llamados recibidos y tareas de identificación de líneas telefónicas utilizadas en las amenazas.

También remarcó la rapidez de respuesta policial ante este tipo de situaciones.

“La policía está llegando entre cinco y seis minutos a cada uno de los casos”, aseguró la funcionaria.

Buscan desalentar amenazas en escuelas

El Gobierno provincial considera que el cobro de los operativos representa una herramienta clave para desalentar las falsas amenazas que durante los últimos meses generaron evacuaciones, suspensión de clases y preocupación en distintas ciudades santafesinas.

Las autoridades sostienen que el objetivo es evitar nuevos episodios que alteren el funcionamiento normal de las escuelas y generen gastos extraordinarios para el Estado.

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