En uno de los casos se dispuso la retención preventiva de una Jeep, mientras que en otro se detectó una Volkswagen Amarok con números identificatorios adulterados y un pedido de secuestro vigente.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Unidad Operativa Regional 6 San Cristóbal, dependiente de la Dirección General Guardia Provincial.

Retuvieron una Jeep en Monigotes

El primero de los procedimientos se llevó a cabo alrededor de las 10:50, sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Monigotes.

Durante un control fue detenida la marcha de una Jeep tipo todo terreno. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no presentó la cédula de identificación del vehículo y exhibió un acta de infracción realizada previamente por personal de Gendarmería Nacional, Sección Tucumán.

Según consta en el procedimiento, dicha acta establecía la prohibición de circular para el rodado.

Ante esta situación se dio intervención a la Jueza de Faltas de San Cristóbal, Dra. María José Viotti, quien ordenó la retención preventiva del vehículo.

La Jeep fue trasladada hasta la Base de la UOR 6 San Cristóbal, donde quedó en un sector seguro hasta que se regularice la situación.

Detectaron una Amarok con números adulterados

El segundo procedimiento se desarrolló aproximadamente a las 10:30, en la intersección de las rutas provinciales 2 y 92 S, en jurisdicción del Destacamento 2.º de Santurce.

En ese lugar, los agentes detuvieron una Volkswagen Amarok blanca y solicitaron la documentación correspondiente, que no fue presentada.

Durante una inspección minuciosa se verificaron los stickers identificatorios, además de la numeración del chasis y del motor. En una primera consulta por el dominio colocado en la camioneta, el sistema no registró novedades.

Sin embargo, los efectivos detectaron que los números de chasis y motor se encontraban adulterados o suprimidos.

Posteriormente, debajo del asiento del conductor encontraron un sticker con una numeración de chasis original. La consulta realizada con ese dato permitió avanzar en la identificación del vehículo.

Personal de Gendarmería Nacional colaboró con la verificación y posteriormente informó que ese número de chasis correspondía a otro dominio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 7 de agosto de 2024, requerido por la Unidad Fiscal N.º 10 de la Policía de Córdoba.

La camioneta quedó secuestrada y se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

El conductor fue notificado de la causa y continuó en libertad, mientras que las restantes diligencias quedaron a cargo de la dependencia policial.

La actuación fue encuadrada en una investigación por presunto encubrimiento y adulteración de bienes registrables, conforme a los artículos mencionados en el parte policial.

Con información de CAM Tostado

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre de 64 años, quien aseguró haber entregado una casilla rodante, herramientas y otros elementos valuados en $16.800.000, a cambio de un pagaré que venció sin que se concretara el pago acordado.

La investigación llevó hasta una vivienda de San Jorge

Según la denuncia, después de entregar los bienes el damnificado realizó varios reclamos para intentar cobrar el dinero, pero no obtuvo una respuesta favorable.

A partir de la presentación, personal de la PDI Distrito Las Colonias llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de comunicaciones telefónicas y trabajos de inteligencia.

Ese trabajo permitió establecer que la casilla rodante se encontraría en un domicilio de San Jorge vinculado con un familiar de la persona investigada. Con esos datos, el fiscal de la Unidad Fiscal de Las Colonias, Matías Palud, dispuso una requisa domiciliaria.

Recuperaron la casilla y un grupo electrógeno

El procedimiento fue realizado con colaboración de efectivos del Distrito San Martín y tuvo resultado positivo.

En la vivienda se secuestraron una casilla rodante Kaisen Deluxe y un grupo electrógeno Honda ET 5500, ambos señalados en la denuncia como parte de la maniobra investigada.

Además, una mujer identificada por sus iniciales como S. A. L., de 56 años, quedó identificada en la causa por el delito de estafa.

Los elementos fueron restituidos

Por disposición del fiscal interviniente, la casilla rodante y el grupo electrógeno fueron entregados al denunciante en carácter de depositario judicial, mientras continúa el trámite de la causa.

Con información de Castellanos

Los agentes, identificados por sus iniciales como BAG y BSV, son investigados por la Fiscalía por presuntamente recibir dinero a cambio de confeccionar, sellar y firmar formularios sin cumplir con el procedimiento correspondiente. La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe.

Investigan verificaciones sin inspeccionar los vehículos

La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien sostiene que las maniobras se habrían desarrollado durante un período prolongado dentro de la planta verificadora de Esperanza.

Según la hipótesis fiscal, una gestora habría entregado dinero a integrantes de la fuerza para obtener formularios N° 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor sin que se cumpliera el procedimiento administrativo previsto.

La Fiscalía sostiene que, en determinados casos, los formularios eran entregados ya completos y, en otros, llegaban en blanco para ser confeccionados posteriormente. Además, los vehículos no habrían sido inspeccionados personalmente por los verificadores.

Una investigación que suma más involucrados

Con la prisión preventiva de BAG y BSV, ya son tres los policías que permanecen detenidos en el marco de esta causa.

Un tercer agente, identificado como LRU, había quedado en prisión preventiva por 30 días durante la semana pasada.

Además, un cuarto integrante de la fuerza será imputado la próxima semana por hechos de características similares. En la investigación también aparece involucrada una gestora, quien continúa el proceso judicial en libertad.

La investigación apunta a una maniobra sostenida

El fiscal Hernández sostiene que las presuntas irregularidades se habrían cometido desde enero de 2020 hasta el mes pasado y que los pagos se habrían realizado tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima, que permitió poner bajo análisis el funcionamiento de la planta verificadora.

Qué delitos se investigan

A los policías investigados, la Fiscalía les atribuyó provisoriamente la presunta comisión de cohecho pasivo, mientras que a la gestora le atribuyó cohecho activo.

La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar el alcance de las maniobras y la eventual responsabilidad de todas las personas involucradas.

Con información de Sin Mordaza