En un operativo desarrollado por personal del destacamento de Gendarmería Ceres, se llevó a cabo el desalojo de una familia de tres personas que habían resistido a irse de las instalaciones de la ex fábrica de baterías.

El personal de Gendarmería dio cuenta a los usurpadores de la orden del Juzgado federal con asiento en la ciudad de Rafaela, y procedió a trasladarlos provisoriamente al albergue municipal, también erigido en el predio del destacamento de la Gendarmería.

En el operativo también se vio la presencia de funcionarios del Gobierno local, del área de desarrollo humano, quienes habían confirmado que esta familia solo se iría de ese lugar inhóspito a través de una decisión judicial.

El informe y la orden de desalojo

La Justicia Federal de Rafaela ordenó la inmediata evacuación de las familias que se encuentran radicadas en la planta donde funcionó hasta 2017 la fábrica de baterías Nesaglo SA. La medida fue dispuesta tras un pedido del fiscal Gustavo Onel que abrió una investigación penal, por infracción a la ley de residuos peligrosos, luego de tomar conocimiento de la muerte de la niña de dos años, Xiomara Crespin, fallecida por intoxicarse con plomo.

El juez ofició también al Gobierno de la ciudad de Ceres para que esté al tanto de la medida cautelar y a su vez “arbitre los medios necesarios para la inmediata relocalización de las personas que aún habitan en dicho predio”.
Justamente desde ese municipio, emitieron un decreto -el N°0226/2021 que declaró al predio donde estaba fabrica y luego fue ocupado por familias como “zona no apta para ser habitada” tras considerarla como lugar con “riesgo ambiental y peligro sanitario”.

Hasta el momento, la investigación que lleva a cargo Onel detectó la presencia de plomo en al menos seis niños que residían en el interior de esa ex fabrica con sus familias. Muchos de ellos, debieron ser trasladados al hospital Orlando Alassia de Santa Fe para ser internados.

El caso más extremo fue el de Xiomara, la cual falleció en el efector provincial el pasado 4 de enero por tener en sangre 1.98 mg/l de plomo, según develó un informe de laboratorio que fue incorporado a la causa. En torno al resto de los niños intoxicados, el fiscal informó que el porcentaje del metal que tienen en su cuerpo varía entre los 0,15 y los 0.82 gramos.

Un lugar contaminado

El fiscal expuso ante el juez que si bien la investigación lleva pocos días se ha podido acreditar en primer lugar que los niños intoxicados residían con sus familias dentro del predio desde hacía al menos cinco meses. Y que en dicho espacio -según un informe del municipio de Ceres- se detectó la presencia de “agujeros, tipo pozos, que contienen líquido similar a restos de combustible”.

Por otro lado, se advirtió que en el suelo de en un cuarto del fondo del predio hay una “capa” de una sustancia aún no establecida. No obstante, se aclaró en ese informe que el estado edilicio es precario ya que se registran “paredes y techos derrumbados”, siendo un lugar inhóspito y riesgoso tanto para niños como adultos.

A su vez, la investigación aguarda los resultados de los análisis de las muestras que fueron recolectadas por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente provincial y que según informaron desde esa cartera a la Fiscalía estarían dentro de 15 días.

Lo mismo sucede con otro informe de barrido sanitario, encabezado por el municipio de Ceres que busca determinar la existencia de plomo en la red pluvial lindera al predio. Tal medida no se concretó por las precipitaciones registradas durante los últimos días en la región.

Fuente: Martín Farías