Las decisiones estuvieron a cargo de los magistrados de la Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato y Javier Bottero. Las solicitudes fueron elevadas por defensores de individuos privados de la libertad por haber cometido diversos ilícitos y que manifestaron temor por contraer el virus. Fortunato y Bottero entendieron -por información que manejan- que no hay personas afectadas en la Alcaidía local y que los internos corren más riesgos estando en su casa que en el lugar que ahora ocupan.

En nuestra página web dábamos cuenta de la decisión que habían adoptado dos jueces santafesinos -una magistrada de Reconquista y el restante de Venado Tuerto- rechazando solicitudes de arrestos domiciliarios presentados por defensores de personas que se encuentran privadas de la libertad, relacionadas al temor de contraer en esos lugares el Coronavirus. En este informe también debemos señalar que dos magistrados rafaelinos adoptaron en las últimas horas idénticas decisiones.

Fortunato y Bottero
En el caso de los jueces de la IPP de nuestra ciudad, Cristina Fortunato y Javier Bottero y a raíz del asueto administrativo impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe siguiendo expresas directivas de la Corte Suprema de la Nación, están de turno una semana cada uno y en esa instancia por ejemplo, la Dra. Fortunato confirmó a este Diario que en su turno de trabajo -de viernes a viernes- tuvo alrededor de cuatro solicitudes de abogados defensores para que sus clientes puedan acceder a la morigeración de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, siendo todas rechazadas por la magistrada ya que según pudimos saber, la defensa de los arrestados no habría acreditado ni siquiera mínimamente el sitio donde estas personas irían a vivir. Además ,Fortunato habría tenido también en cuenta que -en principio- no hay indicios serios de que en la Alcaidía pueda existir riesgo alguno de que contraigan el Coronavirus.

Entre otros, por estos motivos habría adoptado la decisión de rechazar los requerimientos entendiendo que podría ser mucha más riesgoso que se trasladen a una vivienda familiar donde la gente se mueve de manera casi permanente yendo a realizar compras a los supermercados o negocios barriales, por lo que los requerimientos fueron desestimados.

En el mismo sentido se expresó ante nuestra consulta el Dr. Javier Bottero exponiendo como argumento principal que nadie puede asegurarle que en el domicilio donde la persona requirente vaya a vivir no se va a contagiar. Por otra parte y según pudimos averiguar, en la solicitud no se acompañaba ningún informe socio ambiental de la propiedad; ni cuántas personas habitan las mismas ni si salen o no a trabajar, por lo que también -al igual que su colega- desestimó las requisitorias.

Otros magistrados
Los jueces de primera instancia Norma Senn de Reconquista y Mauricio Clavero de Venado Tuerto rechazaron sendos pedidos planteados por abogados defensores para que la detención de dos personas se convierta en prisión domiciliaria a raíz de la pandemia del Coronavirus. Fue en el marco de audiencias de revisión de medidas cautelares realizadas en los tribunales de esas ciudades santafesinas.

En la audiencia llevada a cabo en Reconquista, el fiscal que representó al MPA fue Alejandro Rodríguez. Por su parte, en Venado Tuerto lo hizo Damián Cassullo.

Reconquista
«La Defensa del sacerdote Néstor Fabián Monzón -condenado como autor de delitos contra la integridad sexual de dos menores de edad- solicitó que la detención que viene cumpliendo en la cárcel de Santa Felicia, se convierta en prisión domiciliaria. El pedido fue fundado en la pandemia de Coronavirus y la salud del condenado y en el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Presidente de la Nación», informó el fiscal Rodríguez. El funcionario del MPA señaló que «no había motivos para ordenar la prisión domiciliaria, y así lo sostuvimos a través de distintos argumentos en la audiencia. También recordó que «recientemente, en segunda instancia, ya fue rechazado otro pedido -por otros motivos- de morigeración de la medida cautelar hecho por los abogados del sacerdote».

Venado Tuerto
Por su parte, en el caso de Venado Tuerto, el pedido de la Defensa fue planteado para un hombre cuyas iniciales son JEP quien viene cumpliendo prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como autor de los delitos de amenazas calificadas; daño simple; abuso y portación de arma de fuego.

«La Defensa del hombre investigado solicitó la morigeración del actual estado de detención de su pupilo porque consideraba que estaba dentro de los denominados grupos de riesgo», informó el fiscal Cassullo.

El fiscal de Venado Tuerto sostuvo que «nos opusimos al planteo ya que el imputado fue evaluado por el médico forense el 27 de febrero. Además, la Defensa no aportó ningún hecho patológico sobreviniente que permita sospechar que tenga síntomas de Coronavirus». En tal sentido, concluyó que «el advenimiento de la pandemia por sí solo no constituye causal de agravamiento en las condiciones de detención que justifique una atenuación de la coerción penal, ya que está debidamente garantizado el derecho a la salud del interno en su lugar de detención».

El Gobierno no puede…
El Gobierno Provincial se vio forzado a aclarar públicamente que no es su potestad resolver las prisiones domiciliarias. Durante el fin de semana, y después de una reunión que se realizó el viernes para analizar la situación penitenciaria tras los motines en Coronda y Las Flores, comenzó a circular la posibilidad de que se concedieran cientos de prisiones domiciliarias para «descomprimir» la población carcelaria, en el marco de la emergencia provocada por el Coronavirus. Sin embargo, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, aclaró que ello es resorte exclusivo de la justicia. Y señaló que desde el Poder Ejecutivo se trabaja para poder atender a los reclusos que eventualmente contraigan el virus, dentro del mismo penal.

«El Poder Ejecutivo no tiene competencia para resolver temas vinculados a libertades y flexibilización de las prisiones, como para convertirlas en domiciliarias. Eso es potestad y resorte exclusivo del Poder Judicial -dijo el funcionario-. Nosotros debemos proveer los informes que nos solicite la justicia a pedido del potencial beneficiario (el recluso) y tratar de despacharlos en el corto plazo. Pero ello también conlleva una logística».

El funcionario admitió que «existe masividad» en la solicitud de los informes judiciales para requerir el estado de salud de los internos, y por ello mismo, sostuvo que requieren de «toda una logística» para poder responderlos. «Hay que hacer un movimiento considerable por lo que no podemos completar más de diez o doce informes por día. Hay que sacar al interno de la celda, asegurar medidas de profilaxis, revisarlo, devolverlo a la celda, hacer el escrito y enviarlo. Eso lleva tiempo. En Las Flores, por ejemplo, el servicio médico quedó destruido después del motín, así que es una complicación adicional», describió.

Para quién
En términos generales, se presume que podría requerir la prisión domiciliaria aquella persona vulnerable o que se encuentra dentro de los grupos de riesgo. Sin embargo, Somaglia aclaró que hay muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. «Es necesario revisar el perfil del interno, la gravedad del delito que cometió y la pena que está cumpliendo, y en qué situación se encuentra dentro del penal», planteó. Y sobre esa base, sostuvo que «estamos reacondicionando diferentes sectores de cada unidad carcelaria, y vamos a llegar a las doscientas camas de aislamiento, dentro del propio Servicio. La intención es que los internos que eventualmente necesiten atención por esta enfermedad no deban salir del penal».

Fuente: Castellanos