Oscar Gieco, fiscal de Instrucción, brindó detalles cruciales a Cadena 3 sobre el caso del asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años, en la localidad cordobesa de Brinkmann.

Gieco confirmó que en la autopsia realizada por médicos forenses de la ciudad de San Francisco, se estableció que Aralí no aspiró humo, lo que indica que «indudablemente no estaba viva antes de que se provocara el incendio».

El informe forense también descarta la asfixia y el uso de armas blancas o de fuego, sugiriendo que la niña pudo haber sufrido golpes en el tórax. Gieco explicó que el hecho de que Aralí estuviera muerta antes del incendio podría implicar un «criminis causa», donde el incendio se podría haber utilizado para ocultar otro delito, como un posible abuso sexual.

«Los pulmones no estaban colapsados, por lo cual también se determinó que no murió asfixiada, por lo que se destacó totalmente el tema de ahorcamiento. También del mismo informe de autopsia surgía la posibilidad que estuviera golpeada en alguna parte del cuerpo, más precisamente en el tórax, y también se descartó la presencia de la utilización de armas blancas o de armas de fuego en base al estudio que también se hicieron los peritos en aquel momento», detalló Gieco a Cadena 3.

Por la muerte de la niña están imputados y detenidos Ezequiel Simeone, padrastro de Aralí, y Cristian Varela, un amigo de éste. En tanto que el fiscal también decidió imputar a la madre de la menor, Rocío Milagros Rauch, de 28 años, por «comisión por omisión en grado de partícipes necesarios de homicidio calificado por el vínculo», dado que no garantizó la custodia de sus hijos en un entorno vulnerable.

El fiscal dijo que vecinos, docentes y maestros que atendían a la niña declararon que había un entramado de violencia en la casa: «Vecinos testificaron que se escuchaban gritos, hechos de violencia entre los padres y que se escuchaban gritos que los niños lloraban y el mismo padre de la víctima manifestó que su hija era objeto de algún tipo de violencia por parte de la madre».

«Los chicos quedaron a la buena de Dios», señaló el fiscal, refiriéndose a la ausencia de la madre y revelando que tras el crimen, los hermanitos de Aralí quedaron en la casa junto al cuerpo.

«De acuerdo al relevamiento de las cámaras que nosotros tenemos (…) se pudo establecer el movimiento que tuvieron ambos coautores (…) esos niños estuvieron solos en la casa y conviviendo con el cuerpo de su hermana, que tal vez no sabían lo que había pasado. Ese destrato, digamos, pinta un poco el cuadro que los niños estaban solos, como se dice en un término común y vulgar, a la buena de Dios, sin ningún tipo de protección, y la madre se encontraba ausente», manifestó el fiscal.

Por otra parte, el fiscal Gieco mencionó que «probablemente la niña haya sufrido algún tipo de abuso» y están a la espera de los análisis forenses. No obstante, confirmó que hay «testimonios de dichos espontáneos de uno de los imputados al momento de la detención, donde dijo que ‘era costumbre que la abusaran'».

El caso ha generado comparaciones con el crimen de Lucio, donde se cuestionó la responsabilidad de las autoridades. Gieco indica que la directora del SENAF está llevando a cabo una investigación interna sobre la participación de los operadores en este caso. Pero, señaló que en julio de este año a través de pedido de SENAF, el juzgado de familia solicitó «el cese de la medida excepcional de protección de los niños», en base a informes que presentaron, con respecto a los hermanos de Aralí, que eran hijos biológicos del hombre que hoy está imputado.

«No había ninguna medida de protección con los otros hermanitos que son de apellido de otro padre, que, lamentablemente, es una de las víctimas», agregó.

En el informe que está en manos del fiscal, «supuestamente», la madre «se había rehabilitado de la problemática de drogas» y el padrastro «había hecho algún tratamiento psicológico con abordaje positivo», lo que les permitió reintegrar el grupo familiar y establecerse en Brinkmann.

Fuente: Cadena 3