La organización de «Corcho» y «Doña Minga» acumuló vehículos y una fastuosa casa quinta valuadas en 15 millones de pesos gracias a la explotación de mujeres dominicanas. El lavado con sociedades fantasma e indemnizaciones truchas.

A la vista de los vecinos parecían una pareja que no se privaba de nada. No se les conocía una actividad determinada, pero los imaginaban tal vez como empresarios agropecuarios. Se movían en camionetas Ford Ranger y Dodge, a la que solían engancharle un trailer con un jet ski; también un utilitario rojo Mercedes-Benz, una camioneta Hyundai último modelo, un motor home Honda, y varios vehículos más, la ostentación de los nuevos ricos de las afueras de Rafaela, la tercera ciudad más poblada de Santa Fe.

La casa quinta en la que vivían ocupaba una manzana, con parque muy bien cuidado, pileta de unos doce metros de largo por cuatro de ancho; casas para caseros, quincho. Nada dejaba dudas de que cualquiera fuese la actividad de los dueños del lugar, era muy, muy rentable.

Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando el fin de semana pasado, diez móviles de Gendarmería Nacional y unos 40 hombres de esa fuerza de seguridad rodearon el lugar e ingresaron como grupo comando. La casa quinta no era el único objetivo. Horas después, tras una serie de doce allanamientos en la zona realizados con 150 gendarmes y 40 vehículos, la verdad salió a la luz. El matrimonio no era un matrimonio: eran dos delincuentes que vivían en la lujosa mansión con otra mujer.

Los vecinos admirados del barrio no tenían una empresa agropecuaria como aparentaba: regenteaban una red de prostíbulos entre Villa Dominga -ubicada a unas 15 cuadras del centro comercial de Rafaela y considerada como la «zona roja» del lugar- y la ciudad de Rosario donde obligaban a prostituirse al menos a ocho mujeres, la mayoría dominicanas, a las que les habían retenido el pasaporte para que no pudiesen abandonar los bares de copas en cuya parte trasera o subsuelo tenían habitaciones para mantener relaciones sexuales con la clientela a cambio de dinero, billetes que quedaban en manos de «Corcho», «La Señora» o «Doña Minga», los sobrenombres con los que se los conocía a los tres de la casa quinta en el mundo de los proxenetas.

La casa quinta estaba a nombre de una sociedad fantasma.

La investigación que terminó con la liberación de las mujeres sometidas y la detención de los tres cabecillas de la banda estuvo a cargo del juez federal Miguel Eugenio Abásolo y el fiscal Federico Grimm.

Los vecinos del lugar terminaron de comprender la magnitud de la organización cuando llegó al lugar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y expuso la potencia de lo secuestrado a la organización criminal y que estaba dentro de la magnífica residencia: una escopeta calibre 16, dos escopetas calibre 12.70, un revólver calibre .38, un rifle calibre 22. Los investigadores también secuestraron poco más de 119 mil pesos entre la casa quinta y los bares. La flota de vehículos de «Doña Minga» y su organización, que incluía motos Kawasaki, Yamaha y Honda y una camioneta Dodge Ram, fue tasada por peritos de Gendarmería en más de cuatro millones de pesos.

Después está la casa quinta, no a nombre de «Doña Minga», sino de una sociedad fantasma. Se sospecha que todo el patrimonio de la banda podría superar los 15 millones.

En los prostíbulos –uno de ellos ubicado en las inmediaciones de calle Lavalle, entre Ramón y Cajal y Jaime Ferré- se encontraron 802 preservativos, 496 sachets de gel íntimos, seis juguetes eróticos, bolsas con prendas lujuriosas que obligaban a utilizar a las mujeres, y documentación contable con datos sobre la recaudación mensual de la organización que aún no fue estimada y hasta listas de los precios por los servicios sexuales que se ofrecían con los hoteles que también utilizaban. La carátula de la causa no deja lugar a dudas sobre la actividad ilegal de los detenidos, con los delitos de «trata de personas, reducción a la servidumbre y sometimiento a la prostitución».

Marcelo Colombo, quien junto a María Alejandra Mángano está a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), le recordó a Infobae que según sus registros entre los años 2008 y 2018 solo cuatro organizaciones de explotación sexual lavaron casi tres millones de dólares a través de familiares testaferros mediante la adquisición de autos de alta gama, edificios, campos y falsas indemnizaciones firmadas en escribanías cómplices.

Algunas de estas metodologías reveladas por Colombo son las que habría utilizado la banda del «Corcho» y «Doña Minga» en Rafaela para lavar parte de las ganancias en la adquisición de camionetas y propiedades puestas a nombres de terceros o de empresas que son solo un sello de goma, junto a convenios truchos de desvinculación laboral a través de los cuales se abonaban presuntas indemnizaciones que poco después se invertían en fideicomisos ligados a las mismas personas.

Según explicó el titular de la PROTEX, en muchos casos las supuestas desvinculaciones laborales se firmaban los mismos días, con numeración y con la intervención de un mismo escribano.

Esta maniobra les permitió a las bandas de tratantes y proxenetas hacer circular de manera «legal» una importante cantidad de dinero para, ya blanqueado, adquirir inmuebles a través de fideicomisos, pequeñas pymes puestas a disposición de organizaciones criminales.

El caso de Rafaela tiene un precedente histórico: la causa por lavado del prostíbulo Madaho’s en Mar del Plata iniciada en 2014, con 24 mujeres que ejercían la prostitución en el lugar y una larga serie de bienes y sociedades para controlarlos bajo fuertes sospechas de connivencia de un juez federal ya retirado que renunció tras ser denunciado en el Consejo de la Magistratura.

Fuente: Rafaela Noticias