Por tercer año consecutivo la Fiscalía Regional plantea la necesidad de que se construya una cárcel en Rafaela o en la región.

Un debate al que la política le esquiva por no ser »popular», pero que prolonga una realidad inobjetable: la cárcel ya existe, está en el centro de la ciudad, sin la capacidad suficiente y custodiada por policías que podrían estar haciendo tareas de prevención.

Un informe de la Fiscalía Regional vuelve a poner en el tapete un tema reticente para muchos rafaelinos, pero que no por ignorado deja de ser una problemática subyacente que se encuentra nada más y nada menos, que en pleno centro de la ciudad. «Insistimos en la necesidad de contar en la circunscripción con una unidad penitenciaria, las alcaidías de las Unidades Regionales San Cristóbal y Rafaela se encuentran cumpliendo de hecho tales funciones. Tales ámbitos distan de cumplir con los estándares exigidos por la ley de ejecución penal. Reiteramos que su viabilidad, conveniencia y oportunidad pertenece a la agenda política, no obstante, insistimos en que su inexistencia impacta negativamente en la eficiencia de funcionamiento del sistema penal local», dice el Dr. Diego Vigo, responsable máximo del Ministerio Público de la Acusación en la ciudad y la región, en su informe anual. Quien, en su pedido por una cárcel en Rafaela o la región, agrega: «Reiteramos también que el alojamiento de imputados privados de libertad sin condena en las alcaidías de Rafaela y San Cristóbal implica el riesgo latente de sobrepoblación y condiciones de encierro que pueden no cumplir los estándares adecuados de seguridad».

Hacerse cargo de sus presos

Claro que lo de Vigo no es nuevo, ya en el 2016, y haciendo una evaluación del año anterior, el entonces Fiscal Regional Carlos Arietti, planteaba la misma problemática en su informe: «En la Circunscripción, faltan lugares de alojamiento de detenidos en cantidad suficiente. No existe un establecimiento penitenciario y la Alcaidía policial -particularmente de la U.R.V- se encuentra saturada. Ello -entre otras circunstancias- motivó la presentación de sendos habeas corpus colectivos -tanto de la Defensoría regional de la Provincia como de la Procuraduría penitenciaria de la Nación- ante los Tribunales penales de Rafaela». Agregando: «Durante las audiencias en las que se tramitaron los habeas corpus mencionados, la Fiscalía solicitó al Tribunal que se instara a los poderes Ejecutivo y Legislativo a encontrar una pronta solución definitiva de la problemática, lo que fue admitido y se plasmó en las resoluciones de la Sra. Jueza Cristina Fortunato del 29/03/2016 y del Sr. Juez Alejandro Mognaschi del 16/08/2016».

El año en que la Fiscalía Regional empieza a plantear la necesidad de que se construya una cárcel en Rafaela no es casual, sino que tiene que ver con ya estaba bastante avanzada la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe (febrero de 2014), que hizo que aumentara la cantidad de detenidos.

Arietti, en el impulso que le puso al tema en su momento, quizás fue el autor de una de las frases más incómodas para la mayor parte de la ciudad: «Los rafaelinos quieren seguridad, que haya presos, pero no quieren que haya lugar para ponerlos». Demostrando además estadísticamente que quienes caen detenidos, no vienen de afuera sino que son nacidos y criados en la ciudad. ¿Por qué no se quieren hacer cargo de los presos que generan?, se preguntaba el Fiscal. Pero a pesar de la «urgencia» que mencionaba Arietti, nada sucedió, y su reemplazante Vigo, en los dos informes de gestión que lleva emitidos, sigue planteando la misma situación.

Más detenciones, igual lugar

La Acalidía de Rafaela, ubicada en las instalaciones de la Jefatura, cuenta con una capacidad para unos 50 internos, número que siempre estuvo al límite o sobrepasado. Y si se tiene en cuenta una sola cifra, que es la cantidad de prisiones preventivas dictadas en el último año en Rafaela y la región- que fueron 134-, se concluye que las prisiones casi triplican a las vacantes disponibles. A lo que hay que agregarle los detenidos por delitos federales y algunos menores de edad- entre 16 y 18 años- que en ocasiones también suelen ir a parar a la Alcaidía. Es más, si se compara desde abril a setiembre de 2019, con los seis meses anteriores, se puede ver que subieron un 23 por ciento las prisiones preventivas. Lo que significa que aumentan los presos año a año, pero el cupo para alojarlos sigue igual. Como bien lo decía quien fuera Fiscal Regional en Rafaela, Aritetti, en uno de sus informes anuales, el estado en que estaban los presos en la Alcaidía, motivó la visita e intervención del Ministerio Público de la Defensa que solicitó habeas corpus, en los que hablaba de que los problemas de hacinamiento estaban generado todo tipo de trastornos: carencia de higiene y medicamentos, problemas de alimentación, mala distribución de los detenidos, violencia. Situaciones que además podrían derivar en fugas y motines, poniendo en riesgo no solamente la vida de los que allí están destinados sino también la seguridad de toda la población de la ciudad.

Estuvo a punto de construirse en Rafaela

Una «cárcel» en Rafaela se había licitado y adjudicado en el 2005. Se llegaron incluso a abrir los sobres de lo que se iba a llamar la Unidad XV: un penal para 240 internos varones. La adjudicataria había sido la empresa Regan S.A. y la obra costaba 20 millones de pesos que provenían de los erarios provinciales. Iba a estar ubicada al final de Av. Italia- cerca de la conocida perrera municipal- en terrenos donados por el Estado local. La intención por ese entonces era descongestionar el resto de las cárceles de la provincia. Finalmente, el entonces intendente de Rafaela Omar Perotti, hoy gobernador electo, pidió que la obra no se realice ante la resistencia de la población en su momento. Siendo ya Binner el gobernador, y quien intentó retomar el proyecto original que había sido de Obeid.

En Rafaela o en la región

La jurisdicción de la Fiscalía Regional V abarca, además del departamento Castellanos, los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal. Por lo que la unidad penitenciaria también podría ubicarse en cualquiera de estas jurisdicciones, si bien Rafaela es el principal asiento judicial, por lo que sería más práctico que esté en esta ciudad para las cuestiones administrativas. Pero ante la negativa social – política de que la cárcel se construya en Rafaela, el gobierno provincial en las gestiones socialistas intentó proponer lugares alternativos donde levantarla. Así apareció un terreno de 5 hectáreas en Bella Italia que pertenece al Estado provincial, y terrenos privados en Nueva Lehmann disponibles para la compra, pero nada de eso prosperó.

En el año 2016, el Senado provincial dio media sanción a un proyecto de Ley para la construcción de una nueva unidad penitenciaria, exclusiva para detenidos sin condena, asegurando la iniciativa que «el edificio actual está sobrepasado en su capacidad y no se cumplen con las condiciones de alojamiento requeridas». La propuesta había sido autoría del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y fue acompañada en su momento por sus pares de San Cristóbal y 9 de Julio, Felipe Michlig y Raúl Gramajo respectivamente, en función de que las tres jurisdicciones, en conjunto, concuerdan territorialmente con la Circunscripción Judicial Nº 5. Ahí quedó todo.

Presos cuidados por policías

Los detenidos de la Alcaidía de Rafaela están custodiados por policías provinciales que no fueron entrenados para cuidar presos, sino para estar realizando tareas de prevención y lucha contra el delito en las calles. Para cuidar presos existe el Servicio Penitenciario Provincial, y no la Policía, pero al no haber cárcel, penitenciarios tampoco hay en la ciudad. Son muchos recursos humanos afectados a cuidar presos, personal que podría estar en la calle haciendo tareas de prevención. Sobre todo en tiempos donde se piden más policías.

El gato sin cascabel

Desde el 10 de diciembre el cascabel cambia de dueño, aunque el gato será el mismo. Atrás quedaron las resoluciones judiciales, los informes de la Fiscalía, los proyectos legislativos. Ahora un rafaelino, el mismo que se opuso tiempo atrás a la construcción de una cárcel en la ciudad ante la presión social- es cierto, en otras circunstancias- , tendrá que afrontar el debate: cárcel sí o cárcel no. Y dónde. O bien, seguir postergando la solución para más adelante. Pero el debate desde las esferas judiciales ya lo vienen planteando desde hace rato, tratando de visibilizar una problemática a la que la política trata de esquivar por no ser un tema «popular». Hay que ver si esta vez, alguien se anima a ponerle el cascabel al gato.

Fuente: Rafaela Noticias (Por Julio Armando)