Con el impulso de la oposición, se aprobó hoy en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora y la interpelación de funcionarios clave del Gobierno para poner bajo la lupa el escándalo internacional en el que se encuentra implicado el presidente Javier Milei por publicitar el lanzamiento de la fallida criptomoneda Libra.

El 14 de febrero pasado, el jefe de Estado promocionó a través de un tuit en la red social X el lanzamiento de la meme coin $Libra, en el marco de un millonario negocio transnacional defraudatorio en el cual participaron empresarios extranjeros y operadores locales, y que incluyó una trama secreta de coimas y tráfico de influencias de acuerdo a la principal línea de investigación que tramita tanto en la Justicia argentina como en la norteamericana.

La comisión investigadora, que tendrá 24 integrantes y será constituida el 23 de abril a las 10 hs, se aprobó con 128 votos a favor, 93 rechazos y siete abstenciones.

Minutos después, se aprobaron con 131 votos positivos y 96 negativos las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ministro de Economía, Luis Caputo, de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que den explicaciones oficiales el 22 de abril a las 14 hs.

El kirchnerismo, la izquierda y un sector de Encuentro Federal pretendían interpelar también a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al portavoz presidencial, Manuel Adorni, quienes también están implicados en la «criptoestafa», pero esta intención estuvo desde el principio condicionada por la búsqueda del quórum para la sesión.

Algunos sectores, como Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, presionaron para dejar afuera a Karina Milei, por lo que insistir en una propuesta más amplia podía poner en riesgo el quórum para la sesión.

Si bien la figura de la interpelación compele a los funcionarios a concurrir a la citación, no están previstas sanciones en caso de que desistan, a excepción de Francos cuya ausencia configuraría causal de juicio político para su destitución.

La última vez que el Congreso había aprobado la interpelación de un ministro del poder Ejecutivo había sido en 1996, cuando el jefe de la cartera económica, Domingo Cavallo, fue el blanco de la arremetida opositora.

La creación de la comisión investigadora y las interpelaciones a funcionarios representan una nueva cachetada para el Gobierno, al que no le alcanzó con el apoyo del PRO y de la mayoría del bloque UCR (las excepciones fueron Julio Cobos y Fabio Quetglas) para neutralizar el arrinconamiento opositor.

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Catamarca, Raúl Jalil, que venían jugando parlamentariamente codo a codo con el oficialismo, le soltaron la mano a Milei en momentos en que la imagen presidencial viene cayendo desde el parteaguas que significó la irrupción del caso Libra en febrero pasado.

Esta dura derrota sucede en la hora más difícil para el Gobierno libertario, que se quedó sin reflejos para reaccionar ante la intifada proteccionista que lanzó el presidente estadounidense Donald Trump, escenario que dejó a la economía argentina extremadamente frágil y en peores condiciones para negociar el préstamo con el FMI.

Por si fuera poco, el mazazo que le dio la oposición en el Senado al rechazar los pliegos de los dos jueces propuestos por decreto para la Corte Suprema profundizó la crisis política del oficialismo, que salió desesperado a buscar chivos expiatorios.

La búsqueda del quórum

Hasta el lunes por la tarde, el panorama para obtener el quórum era desolador. Se constituyó una mesa negociadora conformada por Paula Penacca de Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal y Carla Carrizo de Democracia para Siempre. Después lo sumaron a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Ese grupo operativo se puso al hombro la difícil tarea de conseguir los apoyos para la sesión, negociando el contenido de los proyectos en un fino equilibrio entre hacer concesiones para garantizar el quórum pero sin que la propuesta final se diluya lo suficiente como para que el resultado sea algo ingrávido e insustancial.

Democracia para Siempre y la Coalición Cívica pidieron sacar a Karina Milei del listado de funcionarios a interpelar. Los radicales disidentes y sectores de Unión por la Patria no estaban seguros de que fuera necesario convocar a Adorni. Ambos serán igualmente citados por la comisión investigadora.

Ese fue el límite de las concesiones. También hubo pedidos, por ejemplo de Marcela Pagano, para que bajaran a Caputo y a Cúneo Libarona, que no prosperaron. No era necesario.

“En un momento nos quedamos en 124 y no podíamos levantar el número. Cuando se nos bajaron los tres del MID (Oscar Zago, María Cecilia Ibañez y Eduardo Falcone) nos vimos muy mal. Empezamos a llamar desesperados a Pagano, a Lourdes Arrieta, lo único que faltaba era que llamáramos a Lilia Lemoine”, ironizó, ya aliviado con el diario del lunes, un diputado opositor muy activo en la negociación del quórum, al que la agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

“Fue muy difícil porque el Gobierno hizo lo suyo. Ellos estaban preocupados por las interpelaciones porque creían que la comisión investigadora no tenía chances. Lule Menem atendió desde su consultorio”, siguió su relato, no exento de chicanas.

Según expresó, “en Córdoba Milei bajó 17 puntos en imagen” y eso fue decisivo para que los cuatro diputados que responden a Llaryora dieran quórum para habilitar la sesión. Algo similar ocurrió con los catamarqueños de Unión por la Patria.

“A Francos queríamos interpelarlo para que viniera en día un diferente al del informe de gestión del 16 de abril. El radicalismo amistoso (de Rodrigo De Loredo) va a usar ese escenario para hacer un berrinche cual caniche toy. Nosotros vamos a ver si vamos ese día porque no queremos prestarnos al juego de ellos”, advirtió.

Los discursos

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, pidió “no mirar para otro lado” e instó a “defender la verdad”.

“No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó”, aseguró el miembro informante del proyecto para crear la comisión investigadora.

Para el radical bonaerense, hubo un “presidente timbeando” que “le faltó el respeto al pueblo argentino”.

Juliano recordó que en el Gobierno “el año pasado se llenaron la boca hablando de auditar las universidades” y dijo que con ese mismo criterio “el Congreso debe auditar si hay daño para la República después de lo que hizo el presidente promocionando una criptoestafa”.

A su turno, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz cuestionó la sesión especial impulsada por la oposición al considerar que se montó un “circo” que representa un “exceso de las facultades que tiene el Poder Legislativo”.

Para el legislador santafesino, desde la oposición “dicen que buscan conocer la verdad pero de antemano ya están juzgando el hecho y condenando”

“Ya están haciendo una calificación criminal de un hecho diciendo que es una estafa, cuando ni siquiera la Justicia que es la que debe investigar ha hecho ni siquiera una imputación”, apuntó.

Además, Mayoraz acotó que “es un hecho que involucra solamente a particulares” y en consecuencia señaló que “aquí no está el Estado comprometido”.

“Esa no es la tarea de una comisión investigadora señores, respeten la división de poderes. Si tanto les preocupa el sistema republicano, respeten la división de poderes”, insistió.

En tanto, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino cargó duramente contra Milei y su hermana Karina Milei, a quienes llamó “estafador” y «coimera», respectivamente.

El legislador bonaerense aseguró que el jefe de Estado “cometió un delito a la vista del mundo entero” y fue “partícipe necesario de una estafa internacional millonaria”.

“Hoy tenemos en la Argentina a un presidente estafador y a una secretaria general de la Presidencia coimera, y no podemos avalar que reine la impunidad”, expresó el legislador cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Si la Justicia avanza como debe avanzar y determina las responsabilidades penales personales de los acusados podríamos estar hablando de una asociación ilícita”, finalizó.

El diputado nacional del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo sostuvo hoy que “el pueblo quiere saber” qué paso con la “criptoestafa” $Libra y acusó al oficialismo y bloques aliados de tapar la investigación en el Congreso.

En la misma línea, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade cargó contra aquellos pares que no quieren investigar e interpelar funcionarios nacionales y al respecto afirmó hoy que “este Congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”.

En este sentido, la legisladora opositora se preguntó “qué están ocultando el oficialismo y lo teloneros ocasionales de este Congreso”.

«Los que tienen que renovar bancas están arrastrándose y reptando como nunca antes”, fustigó.

Por otra parte, Frade acusó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei de “ensobrados” por recibir dinero en negro a cambio de reuniones en la Casa Rosada.

Según manifestó, a partir del destape del escándalo Libra la población “empezó a darse cuenta que los ensobrados estaban en la casa de Gobierno”.

Por su parte, el presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtió que “el Gobierno no ha dado ninguna explicación” sobre lo ocurrido el 14 de febrero pasado cuando el presidente Javier Milei promocionó el criptoactivo.

“No han aportado elementos probatorios para explicar porque ocurrió lo que ocurrió con la palabra presidencial que promovió esta moneda y provocó esta conmoción internacional que significa la calificación de defraudación y estafa”, indicó.

“No sabemos si el presidente fue engañado, tal vez pudo haberlo sido. Si fue engañado tienen que haber responsabilidades”, subrayó, y agregó que también es necesario revelar quiénes son los operadores que “vienen desde la oscuridad” a promover eventos y negocios cripto.

En tanto, Pichetto alertó que “los bufetes de abogados que están aglutinando damnificados van a venir por el Estado argentino a tratar de resarcirse por esa operación fraudulenta”.

“Esto de que fue un esquema entre privados y que no hay perjuicio económico son argumentos muy livianos y poco serios. Lo que hay que prever es lo que va a pasar inevitablemente en el futuro. Los estudios jurídicos de Estados Unidos no se van a limitar a analizar las responsabilidades meramente penales”, vaticinó.

El presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “más temprano que tarde» se llegará a “la verdad” sobre el cripto escándalo $Libra, «le toque a quien le toque y le cueste a quien le cueste”.

“El Congreso argentino no está para arrodillarse ante nadie ni para ser felpudo de nadie”, finalizó.

Fuente: NA

La Libertad Avanza juntos a sus aliados buscarán avanzar en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con la reforma de la legislación penal para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el objeto de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

De esta manera, el oficialismo busca instalar otro tema en la agenda parlamentaria que mañana estará centrado en la sesión propiciada por bloques opositores para tratar el criptogate y la moratoria previsional.

Por ese motivo se convocó para las 17.30 y no a las 15:30 como había previsto originalmente al plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA).

La intención del oficialismo, el PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener mañana firmado el despacho para poder tratarlo antes de fin de mes en el recinto de sesiones.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones en 2024 y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo previo a la sesión en la cual se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En la última reunión, Rodríguez Machado dijo: “No podemos dejar pasar más tiempo; es momento de avanzar con firmeza en un régimen penal juvenil que esté a la altura de la realidad que vivimos”.

«Este es un desafío que exige el acompañamiento de todos los bloques y celebro que hasta ahora hayamos logrado consenso en muchos aspectos fundamentales», destacó.

También valoró la iniciativa del Ejecutivo para poner este tema como prioridad: “Este proceso nos demuestra que cuando hay voluntad política, podemos trabajar juntos en soluciones a largo plazo”.

Fuente: NA

El próximo 13 de abril, la ciudadanía santafesina elegirá a los 69 convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la reforma parcial de la Constitución Provincial, en un proceso histórico que podría modificar 42 artículos de la carta magna vigente desde 1962.

La elección se realizará en simultáneo con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la provincia. De los 69 convencionales, 50 serán electos por distrito único, es decir, mediante listas comunes para todo el territorio provincial, y los otros 19 representarán a cada uno de los departamentos, siguiendo el mismo criterio que los senadores provinciales.

Esta instancia se habilitó tras la sanción, el pasado 6 de diciembre de 2024, de la Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe. Dicha norma no solo autoriza el proceso, sino que define el alcance de la reforma: los convencionales estarán facultados exclusivamente para modificar 42 artículos específicos.

Entre los ejes principales que estarán bajo análisis se encuentran:

Límites a la reelección para todos los cargos electivos, incluyendo gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes.

Cambios en el sistema electoral, como la incorporación del voto a partir de los 16 años en elecciones locales, la eliminación de los fueros, y la adopción de la cláusula de “ficha limpia” para impedir candidaturas con antecedentes penales.

Reformas institucionales: autonomía municipal, ampliación del período de sesiones ordinarias en ambas cámaras, eliminación de la confesionalidad del Estado, y modificaciones en la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema, que podría ampliarse a siete miembros.

Una vez elegida, la Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe, cuando lo disponga el Poder Ejecutivo provincial, dentro del plazo de un año desde la elección. A partir de ese momento, tendrá 40 días corridos para cumplir su cometido, con posibilidad de prórroga por 20 días más si así lo aprueba la mayoría absoluta de los convencionales.

A continuación, uno por uno, los 42 artículos que podrían ser modificados de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Principios, Derechos, Garantías y Deberes (13 artículos a reformar)

Artículo 2: Se plantea incorporar en este artículo la mención expresa a los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, en línea con lo que establece la Constitución Nacional, reforzando así el marco de protección de derechos fundamentales.

Artículo 3: Uno de los cambios más simbólicos es la propuesta de eliminar la confesionalidad del Estado, reafirmando la separación entre el orden civil y el religioso. Se reconoce, no obstante, un esquema de colaboración entre el Estado y todos los cultos.

Artículo 5: En materia tributaria, se propone establecer una serie de principios rectores: legalidad, generalidad, solidaridad, progresividad, no confiscatoriedad y equidad. Además, se incorporaría el principio de responsabilidad fiscal, con foco en la sostenibilidad y la transparencia.

Artículo 9: Se busca adecuar este artículo al estándar nacional sobre hábeas corpus, además de incorporar el juicio por jurados en materia penal y los derechos de las víctimas como parte del proceso judicial.

Artículo 11: La reforma busca ampliar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir y difundir información. También se prevé la protección de datos personales, del honor y la intimidad, así como el secreto de las fuentes periodísticas. Se incorporará el principio de transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública.

Artículo 13: Se plantea una revisión del derecho de reunión, para adecuarlo a los estándares de la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 17: La reforma de este artículo apunta a regular la acción de amparo en línea con el artículo 43 de la Constitución Nacional. Se incorporan figuras como la acción de clase, la protección de intereses difusos y derechos colectivos, así como el hábeas data.

Artículo 18: Se busca adecuar el régimen de responsabilidad del Estado, que será regulado por una ley especial. Esto implicará un marco más claro sobre cómo responde el Estado ante posibles daños o perjuicios.

Artículo 19: Este artículo será reformulado para extender la protección del derecho a la salud, tanto en el plano individual como en su dimensión social.

Artículo 20: Se busca promover el trabajo decente y reconocer al trabajador como sujeto de tutela constitucional preferente. Se incluirán principios del derecho colectivo como los convenios colectivos, la negociación paritaria y el fuero sindical.

Artículo 21: El nuevo texto establecerá que las jubilaciones y pensiones de empleados públicos provinciales estarán garantizadas por un régimen público de reparto, de carácter solidario e intransferible a otras jurisdicciones.

Artículo 22: Se ampliará el derecho a la cultura, reconociendo el acceso a los bienes culturales, su promoción y la protección del patrimonio tangible e intangible.

Régimen Electoral (2 artículos a reformar)

Artículo 29: La reforma busca actualizar las condiciones para ejercer los derechos políticos. Se analizará la posibilidad de habilitar el voto a los 16 años en elecciones locales y se revisarán los requisitos vinculados a nacionalidad y edad. Además, se incorporarán principios como la intransferibilidad del voto y se establecerá que toda norma electoral o de partidos deberá ser aprobada por mayoría especial en ambas Cámaras. Otro punto clave será la creación de una jurisdicción electoral permanente y la obligación para los candidatos electos de presentar declaraciones juradas de bienes.

Artículo 30: Se incorporará el principio de “ficha limpia”, estableciendo que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por delitos, en las condiciones que defina la ley.

Poder Legislativo (13 artículos a reformar)

Cámara de Diputados

Artículo 32: Se redefine la composición de la Cámara de Diputados, que estará integrada por 50 miembros, elegidos por sistema de representación proporcional con paridad de género, en un distrito único provincial.

Artículo 33: Se revisarán los requisitos de edad mínima para acceder a una banca en Diputados.

Artículo 34: Se precisará el alcance de la reelección de los diputados provinciales.

Cámara de Senadores

Artículo 37: También se propondrá revisar la edad mínima para ser senador provincial.

Artículo 38: El artículo se modificará para establecer límites claros a la reelección de los senadores.

Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 40: Se buscará ampliar el período ordinario de sesiones del Poder Legislativo.

Artículo 51: Uno de los puntos más relevantes será la eliminación de los fueros de proceso, manteniendo sólo los alcances necesarios para la inmunidad de arresto y expresión.

Artículo 54, inciso 5: La reforma apunta a precisar el alcance del silencio legislativo, es decir, las implicancias de no pronunciarse ante determinados actos.

Artículo 55: Se revisarán y redefinirán las facultades de la Legislatura provincial.

Artículo 56: Se incorporará la figura de la iniciativa popular, permitiendo que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley.

Artículo 58: La propuesta es revisar el procedimiento de sanción de leyes, lo que podría incluir etapas más participativas o mayor control constitucional.

Artículo 61: Se evaluará el inicio del cómputo de la caducidad de los proyectos de ley, buscando mayor claridad en los plazos legislativos.

Poder Ejecutivo (3 artículos a reformar)

Artículo 64: Uno de los ejes centrales de la reforma será la reelección del gobernador y vicegobernador. Actualmente la Constitución no permite una reelección inmediata; la convención definirá si se habilita o modifica ese esquema.

Artículo 72: Se revisarán las atribuciones del Poder Ejecutivo, lo que podría incluir la actualización de competencias en línea con las demandas actuales del gobierno provincial.

Artículo 73: El nuevo texto constitucional establecerá que la ley de ministerios deberá prever al menos un Ministro encargado de articular con los otros poderes del Estado. Su designación requerirá acuerdo legislativo, aunque su remoción quedará a cargo exclusivo del gobernador.

Poder Judicial (6 artículos a reformar)

Artículo 84: La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pasaría a estar compuesta por siete miembros y un Procurador General, con paridad de género y representación territorial diversa, según lo defina una ley especial.

Artículo 86: Se redefinirán los mecanismos de designación de jueces. Los miembros de la Corte Suprema serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. El resto de los jueces será designado por el Ejecutivo, en base a su idoneidad, también con acuerdo legislativo. Se prevé la creación de un Consejo de la Magistratura.

Artículo 88: La propuesta contempla que los jueces y ministros de la Corte cesen en sus cargos al cumplir 75 años, salvo que sean nuevamente nombrados (previo acuerdo legislativo) por un período máximo de cinco años más.

Artículo 91: Se revisará el régimen de remoción de jueces que no están sujetos a juicio político, incorporando un Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, del ámbito académico y de los colegios profesionales.

Artículo 93: Se incorporará una cláusula que otorgue a la Corte Suprema la competencia exclusiva para resolver conflictos de poderes municipales, así como los conflictos entre municipios o con autoridades provinciales.

Juicio Político (1 artículos a reformar )

Artículo 98: Se ampliará el listado de funcionarios alcanzados por el juicio político, incorporando al Vicegobernador, al Procurador General y al Defensor del Pueblo.

Régimen Municipal (2 artículos a reformar)

Artículo 106: La reforma establece que todas las poblaciones deberán organizarse como municipios, en base a una ley que podrá definir categorías diferenciadas según su tamaño, ubicación o función.

Artículo 107: Este artículo incorporará uno de los cambios más profundos: la consagración de la autonomía municipal en los planos político, administrativo, económico, financiero e institucional. Se definirán criterios claros para la redacción de cartas orgánicas locales.

También se establece que:

Los mandatos de las autoridades municipales tendrán la misma duración que los provinciales.

Las elecciones locales se realizarán en simultáneo con las provinciales.

En municipios con más de 20.000 habitantes, los concejos municipales se renovarán por mitades cada dos años.

Se promoverá la creación de regiones, áreas metropolitanas y entes intermunicipales para la gestión conjunta de servicios o problemáticas comunes.

Se precisarán los recursos propios y el régimen de coparticipación municipal.

Como principio, se fijará que no se podrán transferir competencias a los municipios sin el correspondiente traspaso de recursos.

Educación (5 artículos a reformar)

Artículos 109, 110, 111, 112 y 113: La reforma busca ampliar la protección del derecho humano a la educación, actualizando su alcance a los desafíos del sistema educativo actual, en línea con los estándares nacionales e internacionales.

Entre los principales cambios propuestos se encuentran:

Incorporar la obligatoriedad de la educación secundaria.

Fortalecer la vinculación entre la educación y el mundo del trabajo, para garantizar mejores oportunidades a estudiantes y jóvenes.

Asegurar el acceso a la alfabetización digital, la conectividad y la inclusión tecnológica, promoviendo la democratización del conocimiento.

Incluir de manera expresa la educación ambiental como parte integral del derecho a la educación.

Fuente: Uno de Santa Fe