Provincia
Rescataron a 31 trabajadores rurales en campos del norte de la provincia de Santa Fe e investigan posible trata laboral
Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, 31 trabajadores rurales -entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes.
Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación en los hechos.
La inspección que dio origen al legajo
El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones.

Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.
La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
La intervención del MPF
Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.

Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.
Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
Explotación laboral
También se dio intervención a Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes último por la tarde, además de resguardar a todas las personas identificadas como víctimas por la fiscalía, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Provincia
Falsas amenazas en escuelas de Santa Fe: una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad
El Gobierno de Santa Fe confirmó que una familia abonó el costo del operativo policial desplegado tras una falsa amenaza realizada por un menor en un establecimiento educativo de la provincia.
La información fue confirmada por Virginia Coudannes, quien detalló que ya fueron emitidas 31 notificaciones formales a padres de menores involucrados en este tipo de hechos.
El Gobierno asegura que bajaron las falsas amenazas
Desde la administración provincial sostienen que las medidas implementadas tuvieron un fuerte impacto en la disminución de llamados intimidatorios a escuelas.
“Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas. Puede aparecer algún caso aislado, pero dejó de ser algo regular”, afirmó Coudannes.
La funcionaria vinculó esta reducción con la aplicación de multas resarcitorias destinadas a cubrir los costos de los operativos de seguridad activados ante cada amenaza.
Cómo funciona el sistema de cobro a las familias
El procedimiento impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad apunta a responsabilizar civilmente a los adultos a cargo de los menores identificados como autores de las amenazas.
Según los datos oficiales:
- Ya se realizaron 31 intimaciones formales
- Una familia concretó el primer pago
- Existe una decena de consultas sobre planes y modalidades de cancelación
Además, desde el Gobierno destacaron que hasta el momento ninguna familia presentó recursos judiciales para frenar los cobros.
Seguimiento del 911 y operativos policiales
A pesar de la caída en la cantidad de amenazas, el Ejecutivo provincial mantiene activo un protocolo de monitoreo junto al sistema de emergencias 911 y las unidades regionales de la Policía.
Coudannes explicó que diariamente se realizan análisis sobre los llamados recibidos y tareas de identificación de líneas telefónicas utilizadas en las amenazas.
También remarcó la rapidez de respuesta policial ante este tipo de situaciones.
“La policía está llegando entre cinco y seis minutos a cada uno de los casos”, aseguró la funcionaria.
Buscan desalentar amenazas en escuelas
El Gobierno provincial considera que el cobro de los operativos representa una herramienta clave para desalentar las falsas amenazas que durante los últimos meses generaron evacuaciones, suspensión de clases y preocupación en distintas ciudades santafesinas.
Las autoridades sostienen que el objetivo es evitar nuevos episodios que alteren el funcionamiento normal de las escuelas y generen gastos extraordinarios para el Estado.
Con información de Uno de Santa Fe
Provincia
Detectaron una falla estructural en una columna del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé
El Gobierno de Santa Fe confirmó la detección de una falla estructural en una de las columnas del nuevo puente que conectará las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
El problema fue identificado en la denominada “pila 4”, ubicada del lado santotomesino de la obra.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que la anomalía afecta a una de las 130 columnas construidas hasta el momento, sobre un total de 136 previstas en el proyecto.
Qué ocurrió en la estructura del puente
El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que el inconveniente se habría originado durante el proceso de hormigonado en la unión entre el pilote y la columna.

Según detalló, una vibración insuficiente del hormigón provocó una compactación deficiente, generando cavidades internas conocidas técnicamente como “nidos de abeja”.
Además, la exposición al agua y las condiciones climáticas habría agravado el deterioro visible en la zona afectada.
“Estamos realizando una inspección detallada y ya comenzaron las tareas de reparación para garantizar la seguridad y calidad de la estructura”, afirmó Seghezzo.
Qué trabajos se realizan para reparar la falla

Las tareas actuales incluyen:
- Retiro del hormigón flojo o deteriorado
- Inspección del estado de las armaduras metálicas
- Evaluación técnica para definir el método de reparación
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la intervención se realiza de manera preventiva y que el resto de la estructura no presenta inconvenientes.
La obra del nuevo puente supera el 40 % de avance
A pesar de esta situación puntual, la Provincia informó que la construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé mantiene un avance general del 42 %.
Según el informe técnico oficial:
- Ya se ejecutó el 95 % de los trabajos de infraestructura
- Hay 131 pilotes terminados
- Se construyeron 130 columnas
- Fueron finalizados 40 cabezales y pilas
- Se fabricaron 95 de las 215 vigas previstas
- Ya se montaron 84 vigas
- Se hormigonaron 12 de los 43 tableros proyectados

En paralelo, continúan las obras hidráulicas, movimientos de suelo y trabajos viales en los accesos de Santa Fe y Santo Tomé.
Con información de InforMate Santa Fe
Provincia
Repartidores de apps en Rosario denuncian precarización y piden una nueva regulación laboral
Trabajadores de aplicaciones de delivery en Rosario volvieron a reclamar cambios en la normativa que regula la actividad y denunciaron condiciones laborales cada vez más precarias.
Aseguran que muchos repartidores deben trabajar hasta 14 o 15 horas diarias para alcanzar ingresos suficientes.
El planteo fue presentado en el Concejo Municipal durante una audiencia de la comisión de Producción y Empleo, donde representantes del sector pidieron actualizar las ordenanzas vigentes para incluir a las plataformas digitales y las nuevas formas de trabajo.
Reclaman actualizar una ordenanza que quedó desactualizada
El pedido fue acompañado por concejales justicialistas que impulsaron modificaciones sobre la ordenanza 7.042 y su complementaria, con el objetivo de incorporar beneficios y establecer mayores controles sobre las empresas de delivery.
Según indicaron desde el Sindicato de Cadetes de Rosario, la normativa actual tiene cerca de 20 años y no contempla el crecimiento de las aplicaciones de reparto.
“El sector crece constantemente, pero las condiciones laborales empeoran y la regulación vigente no alcanza”, expresó Nicolás Martínez, representante sindical.
Denuncian jornadas de hasta 15 horas y falta de cobertura
Los trabajadores señalaron que actualmente existen entre 8.000 y 9.000 repartidores en Rosario, aunque admiten que no hay cifras oficiales debido al alto nivel de informalidad.
Entre los principales reclamos aparecen:
- Falta de obra social
- Ausencia de seguros por accidentes o robos
- Escasos controles sobre las plataformas
- Falta de espacios seguros para descanso y espera
- Incremento de costos de mantenimiento de motos y bicicletas
Además, denunciaron que la caída del consumo y el aumento de repartidores redujo notablemente los ingresos.
“Antes con ocho o nueve horas se podía trabajar bien. Hoy hay compañeros que hacen hasta 14 o 15 horas por día”, sostuvo Martínez.
Qué cambios propone el Concejo de Rosario
El concejal Pablo Basso explicó que el proyecto busca adaptar la legislación a las nuevas modalidades laborales vinculadas a aplicaciones de reparto.
Entre las medidas propuestas figuran:
- Beneficios para repartidores registrados
- Renovación gratuita de licencias
- Líneas de crédito por robo de vehículos
- Programas de capacitación
- Obligación de seguros laborales para las empresas
- Registro formal de trabajadores activos
También se exigiría a las plataformas contar con locales habilitados en Rosario y cumplir con obligaciones tributarias y laborales.
Un sector cada vez más grande y con poca regulación
Desde el sindicato remarcaron que los repartidores cumplen un rol central en la economía urbana, aunque aseguran que las responsabilidades recaen casi exclusivamente sobre los trabajadores.
Mientras tanto, el municipio analiza medidas para ordenar la circulación en sectores comerciales con alta concentración de deliverys y avanzar en una regulación más amplia de la actividad.
Con información de Contexto Tucumán
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