La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inauguró la Cárcel Federal de Coronda «Dr. Eusebio Gómez» (Unidad 36), con el faltazo del gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en medio de versiones sobre la terminación o no de la obra.

Se trata de un establecimiento penitenciario diseñado para enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

«Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad», dijo Bullrich durante el acto, donde enfatizó en la importancia de esta obra en el marco del combate al narcotráfico y otros delitos federales.

Para Bullrich, esta «nueva cárcel es un paso fundamental en esa lucha, una herramienta para garantizar que aquellos que cometan delitos graves enfrenten las consecuencias de sus actos en un entorno controlado, seguro y bajo el marco de la ley».

Tras el desplante de Pullaro, la titular de la cartera nacional fue respaldada en el escenario por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

Las instalaciones de Coronda

Ubicada estratégicamente a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea, la Cárcel Federal de Coronda tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con instalaciones modernas que incluyen:

• Cuatro pabellones: dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales.
• Patios internos: diseñados para actividades recreativas y de integración.
• Un área educativa: equipada con seis aulas para la formación de los internos.

Fuente: NA

El Senado ante otro posible escándalo: los sueldos de los senadores podrían pasar de 4,5 a 9 millones de pesos en enero

Con la polémica expulsión de Edgardo Kueider latente, el Senado de la Nación podría enfrentarse a un nuevo escándalo en los próximos también vinculado al dinero.

Esta vez, no por un hecho de presunta corrupción, sino porque las dietas de los representantes provinciales podría pasar de 4.500.000 a más de 9.000.000 millones de pesos.

Es porque en abril pasado, en una escandalosa acción, una mayoría considerable de senadores aprobó sin debate y mano alzada un proyecto que actualizó los percepciones salariales (módulos) y que también enganchó la dieta a la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación.

Por lo tanto, con cada ajuste salarial en beneficio de ese grupo se replicaría en los senadores.

La movida, apoyada trasversalmente por todos los bloques, salvo contadas excepciones, fue suspendida por el propio cuerpo en agosto –momento en el que se activó la cláusula de ajuste por parte de los sindicatos que operan en la órbita del Poder Legislativo– bajo la resolución 27/24 hasta el 31 de diciembre este año.

En diálogo con la agencia NA, el senador y presidente del bloque PRO, Luis Juez, que votó contra el aumento en la dieta, dijo: «Creo que el vergonzoso e inexplicable mecanismo adoptado en el anterior aumento de dietas nos impide de cualquier manera ser acreedores de cualquier reajuste».

Al cierre de esta nota, tanto en bloque libertario que conduce Ezequiel Atauche (Jujuy) como en la Unión Cívica Radical (UCR), que preside Eduardo Vischi (Corrientes), no había movimientos para prolongar la resolución 27/24 y evitar que la Cámara alta quede otra vez en el ojo de la tormenta, a horas de la remoción de Kueider, según pudo confirmar NA.

Si bien la fecha límite oficial en la que vence la resolución es el 31 de diciembre, los senadores tendrán, al menos, unas dos semanas más en enero para reactivarla porque, de actualizarse la dieta sería para cobrar a partir de febrero. Es decir, dispondrán de esos días hasta que las oficinas administrativas inicien la liquidación de los sueldos.

En una de los reuniones que se dieron en la sesión del jueves pasado, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó colar la discusión sobre la dieta -en medio del debate sobre el futuro de Kueider-, pero no tuvo éxito.

Villarruel aspira a que los presidentes de cada bloque firmen una nota, casi idéntica la que elevaron en agosto, prorrogando la resolución 27/24.

De esta manera, la vice evitaría ser la encargada de darle la mala noticia al cuerpo que preside, con el que termina el año no de la mejor manera por los despidos de octubre y la mala estrategia elegida en el caso Kueider.

«Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores, porque a partir del primero de enero se comienzan a actualizar automáticamente. Cuestión que espero que los senadores traten», lanzó la vice en declaraciones a la prensa minutos después de la sesión del jueves pasado.

En esa línea, en un mensaje que tiene como destinatario a la Casa Rosada, resaltó: «Yo no soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento de este tema. No soy la que toma las decisiones. Por lo cual, entendiendo el sentido del esfuerzo está haciendo la población, creo que debemos estar a la altura y por eso deben estar congeladas las dietas de los senadores».

• Polémica por la «dieta 13»

El Senado de la Nación aprobó recientemente la creación de un nuevo plus conocido como «dieta 13», que generó controversia en el ámbito político.

Gustavo Ybarra, periodista de política del diario La Nación, explicó a Cadena 3 que la dieta 13 representa el 60% de la dieta base de los senadores. «La dieta hoy pelada, sin gasto de representación y otros gastos, es de 4,9 millones de pesos. Lo que van a cobrar este enero, si esto se termina de concretar, va a ser 2.458.500 pesos», detalló.

El nuevo plus se establece en un contexto donde las dietas de los senadores están atadas a los salarios de los legislativos, lo que ha llevado a una serie de ajustes y negociaciones internas.

«Hubo una paritaria, esto provocó un aumento que generó un escándalo público. Villarruel y (Martín) Menem terminaron anulando ese aumento», añadió Ybarra, destacando la rebelión en el Senado que llevó a la aprobación de esta resolución.

En total, se estima que los senadores podrían recibir alrededor de 9.000.000 de pesos, sumando la dieta y otros conceptos. «Contando la dieta más este plus, van a ganar como $9.000.000 en total, van a ganar $5.000.000 de dieta y van a cobrar $1.500.000 más de gasto de representación», concluyó el periodista.

Fuente: Cadena 3

El Gobierno Nacional redefinió el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional a través del decreto 1112/2024 que busca “modernizar” y ampliar las “capacidades” de las Fuerzas Armadas para responder a amenazas contemporáneas y proteger los intereses vitales del país.

El decreto actual deroga el Decreto 727/2006, que limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. Esta regulación había sido criticada por restringir la capacidad de respuesta frente a amenazas no tradicionales como el terrorismo transnacional o los ciberataques.

Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.

El Decreto 1112/2024 introduce un concepto más amplio de amenaza, que incluye cualquier acción o intención que pueda dañar los intereses vitales de la Nación, incluso si no se materializa en un ataque directo. Además, redefine las agresiones externas para incluir no solo a otros Estados, sino también a actores no estatales con capacidad transnacional.

El uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados, para reforzar la vigilancia y defensa en distintos ámbitos serán nuevas opciones en el trabajo militar.

En el artículo 17 del decreto se destaca que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que “la Defensa Nacional coadyuva al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, definidas en el Decreto N° 253/18. En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.

A diferencia del decreto anterior, que separaba estrictamente las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la nueva normativa promueve una coordinación estratégica entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en áreas clave como las fronteras. Esta integración permitirá una respuesta más eficaz ante actividades ilícitas como el narcotráfico o el uso del espacio aéreo con fines terroristas.

Zonas de seguridad y vigilancia ampliada

El decreto también refuerza la importancia de las zonas de seguridad de fronteras, creadas en 1944, y las adapta a las necesidades actuales. Las Fuerzas Armadas podrán complementar las tareas de vigilancia y control, especialmente en áreas críticas o de difícil acceso, contribuyendo al resguardo de la soberanía nacional.

El plan contempla un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, que prioriza la modernización de los recursos y establece directivas claras para la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas. Además, se busca mejorar la interoperabilidad con países de la región y del ámbito internacional, fortaleciendo las capacidades operativas en escenarios multilaterales.

Las zonas interiores se determinarán a través del planeamiento estratégico militar cuando identifiquen los objetivos de valor estratégico a proteger y los criterios incluyen riesgos potenciales asociados a estas áreas.

Aunque no hay una lista pública detallada por razones de seguridad, históricamente estas zonas incluyen instalaciones militares como bases del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea e infraestructura crítica, como represas hidroeléctricas, centrales nucleares o hubs de telecomunicaciones.

Fuente: NA