Aseguran que en el caso de Luciana, el Estado buscó proteger a las niñas, pero no abordó la compleja situación de una joven madre.

Una joven de 21 años que desde adolescente quedó en situación de calle por permanentes abusos en su entorno familiar, hace dos años que lucha contra el poder administrativo y judicial para ver a sus dos hijas pequeñas, de las que fue separada por una medida excepcional de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia en julio 2017. El caso pone en evidencia fallas en el tratamiento y abordaje del caso en relación a un requisito básico de la ley de Niñez: además de velar por las nenas, generar políticas para revincularlas con sus padres biológicos. “La separaron y se desligaron. No se hizo nada para ayudarla”, sostuvo el defensor oficial de la joven, Horacio Ferreyra.

Aunque para el Estado el nombre de Luciana Andrea Barbera recién fue considerado hace dos años, la joven arrastra una historia desgarradora que parece marcar su destino. Cansada de vejámenes y abusos de un familiar directo en la misma vivienda, escapó de su casa cuando tenía 14 años.

Su padre la rescató, pero no tardó en llevara al hogar de tránsito de Raquel Buttazzoni, en la ciudad de Rosario. A los cinco meses, su madre la sacó de allí y la llevó de nuevo a su casa, donde los abusos se replicaban. Su padre se hacía el distraído, sus hermanos no contaban y su madre vivía atrapada en la lógica del miedo.

El peligro antes que el abuso

Entonces Luciana tomó una decisión drástica. Cargó algo de su ropa adolescente en una mochila y escapó. A esa vital edad, optó por desafiar el peligro urbano antes que padecer los vejámenes. Y se refugió debajo del viaducto Pinasco (sobre Avellaneda). Allí sufrió frío, peligro, acoso y hambre.

“Sabía que ahí no me iban a encontrar. Nunca más volví a la casa de mi papá”, recuerda Luciana. La vida que otros nenes miran de refilón por la ventanilla de un auto o un colectivo, a ella se le metió de lleno en el pecho. Pasaron los años de un lado al otro, y la indiferencia moldeó y también le amputó las esperanzas.

Bajo los parámetros que pudo asimilar, Luciana fue madre de dos hijas con distintas parejas. E.A. nació el 9 de febrero de hace cuatro años; y M.J. el 2 de mayo cumplió dos años. Nunca se despegó de ellas, las protegió y se las rebuscó para cuidarlas, alimentarlas, vestirlas y que tuvieran asistencia médica. Sin embargo, esa vida a la intemperie exponían a las criaturas a todo tipo de riesgos.

Al describir esa realidad que no eligió, la joven reconoció que las nenas no podían vivir así. Y menos aún cuando ella cayó circunstancialmente en el consumo problemático de drogas. El 4 de febrero de 2017 se enteró por una hermana que un día antes había fallecido su madre. Eso la devastó por que sabía de los sufrimientos de su progenitora, con la que nunca perdió contacto.

Luciana cuidaba y lavaba autos, y a veces dormía con las nenas en colchones que tiraba en la galería de la puerta del supermercado de Pueyrredón y Córdoba. El 4 de julio, y tras la denuncia de un vecino, un móvil de la Guardia Urbana Municipal (GUM) irrumpió en el lugar y levantó a la joven con sus hijas.

La Dirección Provincial de Niñez Adolescencia y Familia tomó esa medida luego de advertir los riesgos para las criaturas. Dispuso un seguimiento y que las alojaran en el hotel Callao (Callao 117 bis). Tal vez un lugar inadecuado para asistirlas, pero mejor que la calle.

Sin tránsito intermedio y después de 20 días en el hotel, donde cada ocho horas recibía la visita de acompañantes terapéuticos del Hospital Roque Sáenz Pena, una mañana trasladaron a Luciana y a sus hijas a las oficinas de Niñez (Ricardone y Entre Ríos).

“Las nenas se quedaron en una sala y a mí me llevaron a una oficina. Una persona me dijo que iban a tomar una medida, que era para el bien de ellas, hasta que yo me acomodara. Enseguida me di cuenta de que me las iban a sacar”, recordó. “Salí de la reunión y ya no estaban. Se las llevaron así nomás”, narró la joven.

Desesperada trató de hacerles entender a los operadores sociales que ella estaba en una situación extrema. “No me dejaron ni darles un beso. Les dije que me crié sola, que no tuve un papá que me guiara sobre lo que está bien o mal. Sí, el permitió que me hicieran todo lo que pasé”, razona.

En esa instancia, Luciana tuvo un ataque de nervios y agredió a una trabajadora social. “Me demoraron seis horas en la comisaría 2º y me pusieron una prohibición de acercamiento a la oficina de Niñez. Me dijeron que, si quería saber algo, tenía que ir a Tribunales. Llamé a la casa de mi papá, tías, primos, hermanos, pero las nenas no estaban”.

Referencia ausente

Luciana tiene el pelo recogido con una colita, la ropa limpia y huele a perfume floral. Advierte que la charla transcurre sin cuestionamientos, y se desahoga. “Nunca tuve una casa, no sé lo que es tener un baño, una cama, una cocina, un lugar para dormir. Ahora vivo en una pensión, al menos puedo bañarme, comer un plato de comida”, describe. Cada tanto vuelve a la puerta del supermercado de Pueyrredón y Córdoba donde cuida autos, a metros del bar donde se concretó la entrevista.

La joven repite que nadie la escuchó y que creció con referencias que asimiló en la calle. Se arremanga la manga del suéter y muestra las cicatrices infinitas por viejas heridas en el antebrazo izquierdo. Impresiona, porque son las secuelas evidentes de un pasado repleto de sufrimiento. “Me las hice con lo que tenía a mano cuando me abusaban”, recuerda.

Desde el momento que le sacaron a sus hijas batalló para volver a verlas. Pero dice que le “cerraron las puertas”. Si se tomó una medida para proteger a las hermanitas porque lógicamente se evaluó que estaban en riesgo, se olvidaron de incluir a la mamá.

La ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes contempla como prioridad el interés superior del niño. Pero además debe velar por el vínculo filial, promover acciones para sostenerlo o tratar de reconfigurarlo.

Con esa vida a cuestas y varios intentos de suicidio, el 4 de diciembre de 2017 Luciana cayó internada en el neuropsiquiátrico Agudo Avila. “Estaba mal, angustiada, tomaba pastillas y me inyectaba cualquier cosa. No quería comer, adelgacé mucho”, recuerda.

Cuando salió de la internación, comenzó terapia psicológica y psiquiátrica en un centro de día de Córdoba y Santiago. Pero el acompañamiento se diluyó. “Tomé la medicación que me daban para estar más tranquila, pero me tumbaban”, refiere la chica, que desde hace unas semanas retomó la terapia.

La joven deambuló por un hogar de Dorrego y Catamarca donde le dijeron que estarían las niñas, pero no las encontró. Y todas las semanas va a Tribunales. Allí le dejaron mirar el expediente que se tramita en el juzgado de Familia Nº 4, que hace el control de legalidad de la medida excepcional que adoptó Niñez.

“No sé dónde ni con quién están. Nunca me dejaron llamarlas por teléfono para su cumpleaños. Les compré ropa, pero nunca se la mandaron. Siempre me desviaron. La gente de situación de calle de la Municipalidad también se abrió cuando me las sacaron”, se amarga.

La causa de Luciana está judicializada hace dos años, con los plazos al borde del vencimiento en relación a la medida excepcional. Las nenas están con una familia sustituta. En ese tiempo, nunca le dieron la posibilidad de acercarse o verlas para determinar si hay posibilidades de revinculación.

Mientras la ley de niñez se eleva como un faro a seguir, al menos con Luciana parece aplicada de modo parcial.

Vivir en la calle con las niñas es un riesgo, pero alguien debe ayudarla a comprender eso. Porque no eligió la pesada historia que la precede. Tiene 21 años, dos hijas que no puede ver, y lucha contra un sistema que parece empeñado en revictimizarla.

Fuente: Uno de Santa Fe