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Imputaron a un expolicía y comunicador del norte santafesino por el abuso de las hijas de su expareja cuando eran niñas

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El fiscal Leandro Benegas realizó la atribución delictiva en una audiencia desarrollada esta tarde. Se trata de Silvio Omar Stefanucci, de 69 años, quien amenazaba a las víctimas y les decía que si contaban lo ocurrido nadie les creería debido a la credibilidad pública que él tenía por trabajar en los medios de comunicación.

Un expolicía y reconocido comunicador de la ciudad de Vera, identificado como Silvio Omar «Cudy» Stefanucci, de 69 años, fue imputado por el fiscal Leandro Benegas como autor de delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de dos hijas de su pareja en la ciudad de Vera.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación le endilgó los ilícitos ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Gauna Chapero, en una audiencia realizada esta tarde en los tribunales verenses.

“El imputado llevó a cabo su accionar delictivo cuando las víctimas eran menores de edad y convivían con él”, precisó el fiscal. En tal sentido, valoró que “fueron ellas mismas quienes, ahora que son mayores, radicaron la denuncia que dio origen a la investigación”.

En tanto, la audiencia de medidas cautelares que se iba a realizar este miércoles pasó para mañana jueves y la fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva.

Además, en las últimas horas se conoció que como representante de la familia de las víctimas sobrevivientes de los abusos asumió el equipo jurídico de la doctora Carolina Walker.

Trece años

Benegas señaló que “el hombre investigado abusó de las hijas de su pareja durante trece años, entre 2007 y 2020”. Sostuvo que “desde que las niñas transitaron los primeros tramos de la escuela primaria hasta que finalizaron la secundaria, el imputado las sometió a situaciones humillantes que la mayoría de las veces tuvieron lugar en dos viviendas en las que residió el grupo familiar”.

El fiscal afirmó que “las víctimas fueron agredidas sexualmente en momentos en los que estaban a solas con la pareja de su madre”, y remarcó que “los ilícitos sucedieron en reiteradas oportunidades”.

Por otro lado, narró que “con el fin de atemorizar a las víctimas, el imputado manipulaba un arma de fuego frente a ellas y les aseguraba que estaba cargada y en condiciones de disparar”. Según añadió, “tanto en este tipo de actitudes como en los ataques sexuales, el hombre se valió de la vulnerabilidad de las menores”.

Benegas hizo hincapié en que “el agresor instaba a las víctimas a guardar silencio sobre sus padecimientos”. En tal sentido, planteó que “habitualmente intimidaba a las hijas de su pareja diciéndoles que, dada la credibilidad pública que él tenía por su trabajo vinculado a los medios de comunicación, nadie les iba a creer si contaban la verdad”.

Además, el funcionario del MPA subrayó en la audiencia que “los ilícitos generaron un grave daño en la salud mental de las dos personas abusadas”, y aseveró que “el imputado perpetró los delitos a sabiendas de las consecuencias físicas y psicológicas que podía generar con su conducta”.

Calificación penal

En relación a los delitos cometidos en perjuicio de una de las víctimas, al hombre investigado se le imputó la autoría de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado (por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechado la situación de convivencia preexistente); abuso sexual gravemente ultrajante (por su duración y por las circunstancias de realización) y abuso sexual simple agravado (por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

Por su parte, por los ataques sexuales a la otra víctima, se le endilgó la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante (por su duración y por las circunstancias de su realización) y abuso sexual simple agravado (por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

 

 

 

 

Fuente: LT9

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Foto: archivo

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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