Politica
Todo lo que haría el Estado si los jueces pagaran Ganancias
El Estado resignó recaudar este año más de $129 mil millones por no cobrarle Ganancias al Poder Judicial. En 2023 ese monto ascenderá a más de $237 mil millones, el 0,16% del PBI. Son recursos que resigna el Estado.

El oficialismo decidió este jueves incorporar un artículo en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial comiencen a tributar a partir del próximo años el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar 237 mil millones de pesos a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que «hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales».
El diputado oficialista advirtió que este año el Estado no recaudará «129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.
«Los trabajadores que ganan más de 330 mil pesos pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan 1 millón o 2 millones de pesos mensuales no pagan», agregó.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto de sus haberes.
Junto al proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que envió el Ejecutivo al Congreso se incluyó una separata que detalla el «Impacto del Gasto Tributario en las cuentas públicas». Es decir, cómo impactan en las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas de las que se benefician algunos sectores.
Entre ellas, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias que gozan quienes se desempeñan en el Poder Judicial.
De acuerdo con la información suministrada por el ministerio de Economía este año el Estado dejará de percibir 129.105 millones de pesos, el equivalente al 0,16% del PBI por no cobrarle Ganancias a los jueces y funcionarios judiciales. El próximo año este monto se elevará a 237.850 millones de pesos (0,16% del PBI). El Gobierno advierte además en ese mismo documento que esta exención «No contempla una política pública asociada a este beneficio» y que «influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados».
El Gobierno planteó a los legisladores en este documento que si se dispusiera la eliminación de toda esta serie de beneficios fiscales en favor de ciertos sectores como el Poder Judicial, grandes empresas y algunas regiones se «podría mejorar la performance del presupuesto en 2,4 puntos del PBI». Es decir que el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI previsto para 2023 podría pasar, de avanzar en la eliminación de esos beneficios, a convertirse en un superávit de 0,5 puntos.
Ello implicaría sin embargo un ajuste sobre muchos sectores. ¿Pero qué pasaría si sólo se retomara el debate por la exención de Ganancias de la que goza el Poder Judicial? Se trata de un debate largamente postergado y que el oficialismo parece dispuesto a encarar en este momento en el que cada peso cuenta para equilibrar las cuentas fiscales.
Pero ¿cómo dimensionar más de 237 mil millones de pesos? ¿Qué implicaría contra con esos recursos que hoy el Estado está resignando en favor del Poder Judicial?
Para dar cuenta del impacto de semejante suma de dinero basta con revisar el mismo proyecto de Ley de Presupuesto que acaba de presentar el Gobierno.
Infraestructura energética
Si el Estado se decidiera a cobrarle Ganancias a los jueces podría casi duplicar la inversión en infraestructura energética prevista para el próximo año y que será de 404.996 millones de pesos.
«El Presupuesto 2023 contempla partidas para la ejecución de obras en la red de gasoductos del país para ampliar su capacidad de transporte desde los yacimientos, principalmente no convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial. De esta manera la inversión en el sector energético prevé alcanzar un monto de $404.996 millones», indica el Presupuesto.
Infraestructura de saneamiento
Se podría además casi duplicar la inversión en expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento que tiene una fuerte «influencia en el mejoramiento de las condiciones y expectativa de vida de los argentinos y argentinas». El presupuesto para 2023 asociado con este rubro asciende a $298.880 millones, en todo el país. Menos que lo que el Estado resigna por no cobrarle Ganancias a los jueces.
Rutas y autopistas
Se podía también casi duplicar la inversión prevista para las obras de infraestructura vial que, de acuerdo al Presupuesto «se orientan a conformar una red de caminos federales de alta capacidad, fluidez y seguridad vial, propicia para el crecimiento y desarrollo de todas las provincias». El Estado destinará a este rubro una inversión de 295.315 millones de pesos «que contempla obras en autovías y autopistas, obras de mantenimiento y rehabilitación de la red, acciones de seguridad vial, circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades, entre otras».
Se podría multiplicar por 10 la inversión en asignaciones para el fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que será de 20.481 millones de pesos y que busca impactar positivamente en la reducción de brechas, la generación de empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. Se trata de «la infraestructura de cuidado que ayuda a garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes brindan y reciben cuidados para reducir brechas por razones de género, motivos generacionales o por la existencia de algún tipo de discapacidad que impida el desarrollo de una vida plena en todos los ámbitos»
Viviendas
Se podría incrementar en más de un 50% la inversión destinada a la política de vivienda. Las asignaciones previstas para esta función, que abarca programas de acceso a la vivienda, de construcción de viviendas sociales y de abordaje territorial en barrios populares, entre otras acciones, ascienden a más de 418.947 millones de pesos.
Con estos recursos está previsto la construcción de más de 30 mil viviendas y más de 11.500 viviendas alcanzadas por obras de desarrollo habitacional en el marco del PROCREAR, y llevar adelante la ejecución y finalización de más de 47.400 viviendas sociales.
Salud
Se podría incrementar en casi un 25% el presupuesto destinado al área de Salud y para el cual el Presupuesto prevé una asignación de 1,2 billones de pesos.
En este punto lo que el Estado deja de recaudar por Ganancias de los jueces duplica la inversión que se realiza para asegurar el acceso de toda la población al Calendario Nacional de Vacunación y que demandará una inversión de 117.546 millones de pesos.
Educación
Se podría casi duplicar la cantidad de beneficiarios de las Becas Progresar o bien casi duplicar el monto de las becas para la misma cantidad de beneficiarios. El programa, clave para ayudar a los adolescentes a terminar el secundario o bien alentarlos a seguir estudios terciarios o universitarios tiene prevista una asignación de 138.240 millones de pesos para el próximo año.
Actualmente el monto de las becas se ubica entre $7.400 y $10.700 según el nivel educativo y el tipo de formación superior elegida con un plus extra por conectividad. Para 2023 se proyecta alcanzar a más de 1,5 millones de becarios. De contar los 237 mil millones de pesos que deberían tributar por Ganancias los jueces monto o cantidad de beneficiarios podrían casi duplicarse.
También podría duplicarse el alcance del Programa Conectar Igualdad que tiene por objetivo fortalecer la conectividad en las escuelas y promover la educación digital. Para el próximo años el Gobierno proyecta conectar cerca de 51.400 escuelas y distribuir cerca de 1 millón de unidades de equipamiento tecnológico para garantizar el acceso a contenidos educativos en 2023, con una inversión en este programa que supera los 121.000 millones de pesos.
En cuanto a la inversión en infraestructura educativa el Gobierno proyecta construir nuevos jardines de infantes nuevos jardines así como ampliar y refaccionar los ya existentes. «En el año 2023 se estima que se alcanzarán cerca de 68.900 metros cuadrados construidos de jardines, destinando un monto de casi 37.500 millones de pesos en este concepto», indica el Presupuesto. Los recursos que aportaría lo recaudado por Ganancias a jueces permitiría sextuplicar la inversión en infraestructura escolar.
Ciencia y Tecnología
El Presupuesto para el año 2023 tiene asignado un total de 500.921 millones de pesos para los programas de Ciencia y Tecnología, alcanzando el 0,34% de PBI. Inversión que podría incrementarse en un 50% si se elimina la exención de Ganancias a los jueces.
Eliminar la exención del impuesto a las Ganancias de la que se benefician jueces y funcionarios judiciales no es solo un elemento de justicia tributaria frente al resto de los trabajadores, es también una herramienta de salud desde el punto de vista fiscal si se utilizan esos fondo para reducir el déficit o bien de mayor equidad social si se destina a cualquier de los muchos programas que podrían ampliarse con esos recursos.
Avanzar por ese camino requiere de una fuerte decisión política que esté acompañada de un fuerte respaldo de todo el arco político.
Fuente: Minuto Uno
Politica
José Delmastro: “La gestión de Pablo Pinotti avanza en un plan de bacheo que es histórico para Sunchales”
El candidato a concejal de Ahora Sunchales destacó el avance de las obras que se viene implementando en la ciudad: “Se está ejecutando con mano de obra propia lo que reduce los costos de los trabajos”

El candidato a concejal de Ahora Sunchales, José Delmastro, destacó los avances que se están desarrollando del Plan de Bacheo de hormigón que lleva adelante la Municipalidad de Sunchales: “La gestión de Pablo Pinotti avanza en un plan de bacheo que es histórico en nuestra ciudad” remarcó el dirigente “son obras sumamente necesarias porque mejora la calidad de vida diaria de los vecinos. Era una necesidad imperiosa a la que estamos dándole respuestas concretas y directas”
El Plan de Bacheo de hormigón y reparación de calles forma parte de una gestión que prioriza la planificación y la eficiencia. Hasta el momento, se han reparado 6 de los 15 puntos críticos planificados. Se llevan ejecutados más de 300 m² de superficie sobre un total de 850 m² proyectados. Se utilizaron 53 m³ de hormigón de los 150 m³ programados.
Otro de los puntos que resaltó José Delmastro es que el Plan se está ejecutando “con mano de obra municipal, lo que reduce notablemente los costos de los trabajos y optimiza los recursos que se administran” esto relacionado con otro de los ejes clave de la gestión Pinotti que tiene que ver con apostar a la eficiencia y austeridad, cuidando los recursos del Estado. Todo esto se traduce en definitiva en brindar más y mejores servicios a los sunchalenses
Fuente: Ahora Sunchales
Politica
Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará
El Gobierno adelantó que vetará la norma

Tras ocho horas de un debate tenso en la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar este martes un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono previsional a $110.000. La medida fue presentada como un incremento de emergencia para los sectores más vulnerables del sistema previsional, pero el oficialismo la rechazó enérgicamente, y el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en caso de que también sea aprobada en el Senado.
El proyecto fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.
Por su parte, el PRO dejó expuestas nuevamente sus tensiones internas con 9 abstenciones, 1 voto a favor del larretista Hécto Baldasi, y 22 votos en contra.
Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. Nuevamente sorprendieron los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.
El tratamiento, que se dio en el marco de una sesión especial convocada por bloques opositores, evidenció nuevamente la fragilidad del oficialismo en el Congreso. A pesar de los intentos por frenar la iniciativa, no logró evitar que la mayoría se impusiera. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques provinciales defendieron el proyecto como una respuesta urgente al deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, agravado por la inflación y la falta de actualización real en los haberes mínimos.
Desde el oficialismo, en cambio, acusaron a la oposición de “irresponsabilidad fiscal”. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO aseguraron que la norma “destruye el equilibrio macroeconómico” alcanzado por el gobierno en sus primeros seis meses de gestión y que implicaría un gasto adicional imposible de sostener sin afectar otras partidas clave.
En paralelo a la sesión, se vivieron protestas en las inmediaciones del Congreso. Las manifestaciones incluyeron reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, colectivos feministas por los 10 años del Ni Una Menos y la tradicional marcha de jubilados, que volvieron a expresar su malestar por la pérdida constante del poder adquisitivo.
Desde el Ejecutivo nacional no tardaron en reaccionar. Apenas se conoció el resultado, voceros oficiales confirmaron que el presidente Milei vetará el proyecto en caso de que supere también la votación en el Senado, alineado con su política de ajuste y su negativa rotunda a “ceder ante la casta”.
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
Fuente: Contexto Tucumán
Politica
Los dirigentes políticos con peor imagen negativa: quiénes son los más cuestionados por la gente
El expresidente Alberto Fernández encabeza el ranking con apenas un 6% de valoración positiva y un diferencial de -82 puntos, el más bajo de la encuesta de la Universidad de San Andrés. Según el estudio, Máximo Kirchner (-58), Guillermo Moreno (-52)

A casi seiscientos días de haber asumido la presidencia de la Nación, Javier Milei sigue siendo el dirigente con mejor imagen positiva del país. Llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, al ganarle el balotaje a Sergio Massa, y con Victoria Villarruel como vicepresidenta, inició un nuevo ciclo político en la Argentina. Hoy faltan dos años y medio para que finalicen esos mandatos, y un nuevo estudio del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), realizado para la Universidad de San Andrés, muestra cómo se perciben sus gestiones y la de otras figuras políticas del país.
La participación incluyó 1005 encuestas realizadas entre el 21 y el 29 de mayo de 2025 a personas adultas de todo el país, con acceso a internet. Así, se pudo indagar sobre la satisfacción con la situación general del país, la opinión sobre los poderes políticos y sus políticas públicas, y la imagen de los principales dirigentes.
Claro y contundente, el resultado muestra que todos los líderes políticos relevados tienen más imagen negativa que positiva. Ninguno escapa al rechazo, ni siquiera quienes ocupan cargos altos o tienen una exposición más reciente.
Entre todos, el presidente Javier Milei es quien sale mejor posicionado con un 44% de imagen positiva y un diferencial de -7 puntos, lo que significa que su imagen negativa es apenas superior a la positiva. Además, es un dirigente que conoce el 99% de los encuestados, lo que indica que su figura ya está consolidada en el escenario público y probablemente no sufra grandes cambios en el corto plazo.
Al otro extremo aparece el expresidente Alberto Fernández, con apenas un 6% de imagen positiva y un 88% de negativa, lo que da un diferencial de -82 puntos, el más bajo del ranking. En el fondo de la tabla le siguen Máximo Kirchner (-58), Guillermo Moreno (-52) y Lilia Lemoine (-52).
Hay figuras muy conocidas que tampoco logran revertir la desaprobación: Cristina Fernández de Kirchner (-38), Mauricio Macri (-36), Axel Kicillof (-34) y Sergio Massa (-32). Todos ellos tienen una imagen positiva en torno al 26%-28%, pero la negativa es muy superior.
También hay dirigentes con menos exposición, como Rodrigo de Loredo, Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quienes si bien son menos conocidos, tampoco logran una imagen positiva sólida. En el caso de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el estudio revela un techo bajo: pocos los conocen, pocos los valoran, y su imagen sigue en negativo.
En cuanto a la evolución de la imagen positiva en los últimos años, el informe de la Universidad de San Andrés refleja una tendencia clara: el desgaste es generalizado. Salvo el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, que se mantienen con niveles relativamente altos, el resto de los dirigentes aparece estancado o en retroceso.
Milei lidera el ranking con un nivel de aprobación que fue en crecimiento desde mediados de 2023, con picos cercanos al 50% tras haber asumido. Pese a que en los últimos meses su imagen cayó levemente, sigue siendo el mejor ubicado.
Sin embargo, la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner mantiene una imagen estable, en torno al 26%, sin grandes subas ni bajas, pero lejos de sus mejores momentos políticos. Algo similar ocurre con Axel Kicillof, que alcanza el 27% pero no logra despegar.
El futuro incierto del PRO y LLA divide a la sociedad
La encuesta de la Universidad de San Andrés, con un error muestral de aproximadamente +/? 3.15 puntos porcentuales, revela una sociedad dividida sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Al 23% de los consultados le parece que el PRO debería actuar como oposición al gobierno de Javier Milei, mientras que un 20% sostiene que debe mantener una cooperación legislativa sin integrarse al oficialismo. Sobre el resto, un 18% apuesta a una coalición, solo un 10% apoya una fusión en un solo partido, y los demás no tienen opinión o prefieren no responder.
Ahora, también las diferencias entre grupos son marcadas. En cuanto al Nivel Socioeconómico (NSE), que clasifica a las personas según sus ingresos, educación y ocupación, la Clase Alta (ABC1) y la Clase Baja tienen la idea de que el PRO debe ser oposición, mientras que en los sectores medios y bajos hay más apertura hacia alianzas o cooperación.
Por edad, los más proclives a apoyar una coalición son los integrantes de la generación Boomers (nacidos entre 1946 y 1964, en la época del auge demográfico post-Segunda Guerra Mundial), mientras que la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012, con menos de 27 años) tienen opiniones más diversas.
Este nuevo gráfico muestra la evolución de las opiniones públicas sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza entre septiembre de 2024 y mayo de 2025:
El respaldo a una coalición entre ambos espacios cayó de más del 30% a un 20% en mayo, con una disminución constante durante el período.
La opción de que el PRO sea oposición creció y alcanzó un 22%, convirtiéndose en la alternativa con mayor apoyo en el último registro.
La postura de mantener una cooperación legislativa sin integrarse al gobierno también ganó terreno, situándose en un 20%.
La propuesta de fusionarse en un solo partido sigue siendo la menos elegida, aunque mostró un leve aumento, llegando al 10%.
De cara a las elecciones legislativas de septiembre, la evolución de estas posturas será determinante para el futuro político de ambos espacios.
Cristina Kirchner es la líder indiscutida del 35% de la oposición
Según datos relevados en mayo de 2025, el 35% de los encuestados considera que Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder de la oposición en la actualidad. Esta cifra refleja el fuerte peso político y simbólico que Cristina mantiene dentro del espacio opositor, a pesar del paso del tiempo y los cambios en el escenario político.
Asímismo, muy por detrás, un 14% de las personas consultadas señala a Axel Kicillof como líder, mientras que Mauricio Macri recibe apenas un 3% de las menciones, números que confirman la clara distancia que existe entre Cristina y otros dirigentes en cuanto al liderazgo opositor.
En tanto, un significativo 27% de los encuestados considera que la oposición no tiene un líder definido, lo que evidencia una percepción de fragmentación o vacío en la conducción política. A esto se suma un 11% que no sabe o no puede identificar quién lidera la oposición, y un 6% que prefirió no responder a esta pregunta. Otras figuras políticas como Juan Grabois, Guillermo Moreno, Sergio Massa y otros referentes aparecen con porcentajes muy bajos o casi nulos.
Oficialismo y oposición casi igualados en intención de voto
En las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025, Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza, obtuvo el 30,1% de los votos, superando a Leandro Santoro, de Es Ahora Buenos Aires, quien alcanzó el 27,4%. Por su parte, Silvia Lospennato, del PRO, quedó en tercer lugar con el 15,9%.
Sin embargo, los datos de este mayo muestran que, si las elecciones legislativas se realizaran hoy, un 31% de los consultados votaría al oficialismo, mientras que un 28% elegiría a la oposición. Esta diferencia de tres puntos otorga una leve ventaja al oficialismo respecto al relevamiento anterior, cuando contaba con un 29%.
Asímismo, la oposición retrocedió un punto en comparación con marzo.
El dato que llama la atención es que un 21% de las personas aún no sabe a quién votar, lo que refleja un nivel alto de indecisión en el electorado. A esto se suman quienes afirman que no votarían (7%), los que prefieren no responder (8%) y los que optarían por el voto en blanco (5%). Y en conjunto, más del 40% de los encuestados no tiene una postura definida, lo que deja un escenario electoral abierto y muy incierto.
Siguiendo esta idea, si las elecciones legislativas fueran hoy, La Libertad Avanza (LLA) obtendría el 29% de los votos, posicionándose como la fuerza política con mayor intención de voto. En comparación con marzo, LLA sube tres puntos, consolidándose como la opción principal y captando votos que antes iban al PRO, que cae del 10% al 7%.
Por su parte, el peronismo se mantiene estable con un 24%.
En el resto del escenario, el Frente de Izquierda alcanza un 4% y la UCR un 3%, sin cambios importantes. Además, un 17% de los encuestados dice no saber a quién votaría, mientras que un 5% asegura que no votaría, un 4% votaría en blanco y un 7% prefiere no responder.
Así, muestra un electorado muy volátil, con muchas posibilidades de cambiar su voto en los próximos meses.
Fuente: Perfil
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